Polémica por pensiones de gracia

La polémica que ha rodeado el otorgamiento de pensiones de gracia en el marco del llamado estallido social -donde se han descubierto una serie de casos en que los beneficiarios contaban con antecedentes penales- obliga no solo a una profunda revisión de la actual institucionalidad que rige dicho sistema, cuyos laxos requisitos para acceder a este tipo de pensiones se han prestado para todo tipo de discrecionalidades, sino que además es indispensable revocar aquellas que han recaído en quienes tienen condenas por hechos graves, porque claramente es improcedente beneficiar a personas con trayectorias o perfiles delictuales.

De las 418 personas a las que se les ha otorgado una pensión en calidad de víctimas en el contexto del estallido, 40 de ellas contaban con condenas por diferentes delitos, entre los cuales figuran personas sancionadas por delitos cometidos en el marco del estallido. Bajo la anterior administración, 17 personas estarían en esta condición, mientras que bajo el actual gobierno el número aumentó a 23. Entre estos últimos figuran personas condenadas por graves agresiones a Carabineros, o bien por saqueos a supermercados.

Representantes de ambas administraciones se han escudado en los requisitos que ha establecido la legislación; en algunos casos por indicaciones introducidas en la Ley de Presupuestos, donde para acreditar la condición de víctima bastaba un informe del Instituto de Derechos Humanos, o bien porque la ley que regula el otorgamiento de estas pensiones -que data de 1981- no establece como requisito tener a la vista los antecedentes penales, sin tampoco contemplar mecanismos para la revocación inmediata del beneficio cuando los requisitos que la justificaron se incumplen.

No hay duda de que ante la ciudadanía se está enviando una señal profundamente contradictoria, pues en momentos en que la inseguridad y la profusión de delitos constituyen la principal preocupación de los chilenos, por otro lado desde el propio Estado se está beneficiando con recursos públicos -en carácter de vitalicio- a personas que justamente han cometido graves delitos.

Esto debe resultar aleccionador en cuanto a los riesgos de precipitarse en entregar beneficios sin chequeos exhaustivos y tratando muchas veces con suma liviandad el carácter de “víctimas”, un error que bajo esta administración se ha visto potenciado por los indultos también concedidos en el marco del estallido, que en algunos casos ha beneficiado a personas con peligrosos prontuarios.

Frente a estas escandalosas situaciones, el gobierno ha comprometido la presentación de indicaciones a proyectos que se tramitan en el Congreso -y que fueron refundidos- para modificar el otorgamiento de pensiones de gracia, modificaciones que apuntan a exigir antecedentes penales y revocar este tipo de pensiones, algo que en el caso de quienes aparecen condenados debería actuarse con la máxima celeridad. Esto avanza en la dirección correcta, pero cabe interrogarse hasta dónde sigue siendo conveniente que la Presidencia de la República cuente con una facultad tan discrecional para otorgar este tipo de beneficios -actualmente hay más de 18.000 personas que reciben este tipo de pensiones-, con escasos contrapesos, incluso pudiendo invocar causales excepcionales que quedan a su total discreción.