Un camino de salida para la crisis de las Isapres

Una discusión contra el tiempo tiene lugar en la Comisión de Salud del Senado, donde se debate la “ley corta” de Isapres, iniciativa que presentó el Ejecutivo para hacer operativo el fallo dictado en noviembre del año pasado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, según el cual se instruyó aplicar una sola tabla de factores de riesgo y devolver en la forma de excedente cualquier diferencia de precio que se generara en favor de los afiliados. La Superintendencia estimó que el monto a devolver alcanza a lo menos a US$ 1.400 millones, pero frente a la crítica situación financiera que las Isapres arrastran desde hace algunos años, hay fundado temor de que con este inmenso pasivo el sistema pueda colapsar, lo que evidentemente generaría un daño sobre todo el sistema de salud.

Los integrantes de la Comisión de Salud han sido conscientes de este riesgo, y ante la insuficiencia de la propuesta del Ejecutivo, que no entrega ningún camino concreto para que las Isapres puedan manejar este pasivo pero a la vez poder sostenerse en el tiempo, sus integrantes resolvieron establecer una comisión técnica asesora, integrada por 16 expertos de variadas sensibilidades políticas. Su misión era precisamente generar un informe -no vinculante- que permitiera conciliar ambas dimensiones; luego de un arduo trabajo lograron entregar una propuesta de consenso que busca hacerse cargo tanto del pasivo que tienen las Isapres con los afiliados, como de la estabilización del sistema a futuro asegurando los ingresos necesarios para que puedan seguir operando.

Para estos efectos la comisión procuró utilizar una metodología de cálculo que reflejara de mejor manera la realidad del sector salud antes que una aplicación literal del fallo, como por lo visto hizo la Superintendencia de Salud. Así, entre otros factores se consideró que sin perjuicio de que la ley permite excepciones al pago del 7% de cotización obligatoria para salud, en este ejercicio se consideró que todos los trabajadores paguen a lo menos dicho porcentaje, y teniendo en cuenta que las Isapres funcionan con lógicas de seguro -donde en este caso los más sanos subsidian a los más enfermos- y no de contratos individuales, se determinó el monto que efectivamente debería ser restituido con la aplicación de una tabla única, estimándose en unos US$ 451 millones. Dicho monto debería restituirse en un horizonte de diez años, lapso en el cual las Isapres no podrían retirar utilidades, tal como propone el proyecto del Ejecutivo.

La cifra a la que arribó la comisión no ha estado exenta de controversias, pues ya hay voces del mundo político y también académico que acusan un “perdonazo” a las Isapres, como asimismo que no se respeta el fallo de la Corte, pues se estaría perjudicando a los afiliados al devolver menos de lo que correspondería. No cabe duda de que un factor que ha contaminado fuertemente esta discusión es que la cifra de la Superintendencia se haya tomado como definitiva, cuando es una estimación y no se esperó a contrastarla con otras metodologías alternativas. La Tercera Sala, por su parte, tampoco estableció un monto a devolver, dejando al regulador la tarea de definir la cantidad.

El insumo que ha entregado la comisión técnica, atendida su transversalidad y mérito técnico de sus integrantes, merece ser evaluada con seriedad y no ser desestimada de antemano, pues ofrece un camino concreto para evitar una crisis, el cual es susceptible de ser enriquecido en la tramitación legislativa de la “ley corta”. Lo fundamental es que los legisladores tengan en mente que lo relevante aquí es asegurar ante todo el derecho a la salud de los afiliados y evitar un colapso sistémico, lo que exige dejar de lado los predicamentos populistas que solo parecen buscar el efecto mediático de devolver dinero.