Cámara aprueba informe que dice que hubo irregularidades en la entrega de pensiones de gracia

La Cámara de Diputados respaldó el informe de la comisión especial investigadora que indagó el procedimiento y criterios para el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido social, esto luego de que la Contraloría General de la República revelara una serie de falencias en la entrega de estos beneficios.

Entre los puntos investigados se revisaron los 418 decretos que otorgaron pensiones de gracia por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019, que se emitieron durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, y se detectó que había 40 beneficiados con antecedentes penales y 39 personas que sufrieron lesiones leves. Estas personas cuentan con pensiones vitalicias.

El informe señala que durante la selección de los casos, no hubo en el INDH ni en el Ministerio del Interior una instancia conformada por profesionales de la salud para acreditar las lesiones. Tampoco intervino un órgano técnico calificado en la materia.

“Da cuenta de la poca objetividad del procedimiento para constatar las afectaciones físicas”, se expone en el texto.

Igualmente se critica que persiste la duda de la permanencia en el tiempo del daño físico o sicológico. Esto considerando un beneficio vitalicio otorgado para lesiones de carácter leve.

Además, se detectaron falencias en la Ley 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República. Así, se refuta el uso de una norma que permite al Mandatario a entregar el beneficio, pese a no cumplirse con todas las exigencias legales. “Todas las pensiones fueron otorgadas invocando esta causal”, se señala.

Junto a ello, se refuta que ninguno de los decretos contempla consideraciones que permitan justificar la concurrencia de casos calificados. Solo se sustenta en una mera invocación de normas y en el informe favorable de la Comisión Especial Asesora Presidencial, “sin aludir a la situación particular de los beneficiarios en relación con las lesiones sufridas y cómo el Mandatario llegó a resolver que las circunstancias de cada caso tenían el carácter de calificado”.

El texto también observa problemas identificados en los procedimientos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Según se expone, el organismo reconoció falta de competencia técnica como órgano calificador de la calidad de víctima en relación con la acreditación de las lesiones y del menoscabo laboral.

Otro punto abordado en el informe es el aumento del monto del beneficio. Pasó de un mínimo de casi $80.000 a $283.000 por lesiones leves. Según se indicó, ello se justificó en dar una respuesta efectiva de reparación a las víctimas del estallido social.

Por último, se detectó problemas en el mecanismo de otorgamiento de las pensiones a través de la Ley de Presupuestos.

El informe de la Comisión Especial Investigadora, que fue presidida por el diputado Henry Leal (UDI) y que estuvo integrada por otros 12 parlamentarios, recibió 50 votos a favor, 26 en contra y ocho abstenciones.

Se opusieron los diputados oficialistas del Partido Comunista y el Frente Amplio, mientras que los parlamentarios del Socialismo Democrático se abstuvieron. Al hemiciclo no asistieron 70 congresistas.

Finalmente, el informe realiza varias recomendaciones. Primero, insta al Gobierno a hacer un seguimiento de la situación de los beneficiarios con lesiones leves. El objetivo es revisar la evolución de las condiciones físicas que justificaron el otorgamiento de la pensión. Así, se espera verificar si aún persisten esas afectaciones, mediante un procedimiento especial realizado por un organismo técnico, como la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), indica el documento.

También se recomienda reevaluar el mérito de pensiones otorgadas a personas con antecedentes penales. Igualmente, si se detecta una mejoría física en beneficiarios con lesiones leves. Ello, considerando que las pensiones otorgadas tienen carácter de vitalicias.

El informe hace mención a que “el Gobierno ya anunció revocar pensiones de gracia a personas condenadas o con antecedentes penales por delitos graves. No se aplicará a quienes hayan sufrido trauma ocular. Por otra parte, se realizaron modificaciones al Manual de Procedimiento para el otorgamiento de Pensiones de Gracia”.