Convencionales presentan moción para que la Defensoría Penal Pública cuente con autonomía constitucional

Este lunes un grupo de convencionales, liderados por Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo), presentaron una moción constitucional para que la Defensoría Penal Pública (DPP) cuente con autonomía en la nueva Carta Magna.

La iniciativa cuenta con el respaldo de diversos integrantes del órgano, como los miembros del Colectivo del Apruebo, Agustín Squella, Eduardo Castillo, Luis Barceló, Rodrigo Logan y Miguel Ángel Botto; además del independiente - RN, Manuel José Ossandón; y de Helmuth Martínez de Independientes No Neutrales).

La propuesta constitucional cuenta con un puro artículo y en él se establece que “existirá una Defensoría Penal Pública, autónoma y con personalidad jurídica, encargada de proporcionar defensa penal a los imputados o acusados que carezcan de abogado, en la forma prevista por la ley. Una ley orgánica determinará su organización y atribuciones”.

Según explicó Harboe, quien es el autor de la moción, “el objetivo de esta moción es establecer en la Constitución política la autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública. Ustedes saben que el sistema procesal penal se basa en dos instituciones principalmente: el Ministerio Público, que tiene autonomía Constitucional y la Defensoría, que no la tenía, solo tenía una autonomía de carácter legal”.

“Lo que hacemos ahora es dotar de autonomía constitucional a la Defensoría Penal Pública. Primero, porque consideramos que es muy importante que en el proceso penal ambas instituciones que participan tengan igualdad de condiciones. Segundo, porque la experiencia ha demostrado que el rol que ha jugado la Defensoría y el ejercicio autónomo de sus funciones dan cuenta de un grado de responsabilidad muy importante que amerita un reconocimiento de carácter constitucional. Y tercero, porque no queremos que el día de mañana pueda llegar un gobierno y que considere que en el rol de mantener la seguridad debilite el rol de la DPP, a través por ejemplo de reflexiones presupuestarias o de dejar sin efecto nombramientos. Para ello darle una autonomía constitucional creemos que es fundamental porque va a trascender al gobierno de turno, va a ser una institución de Estado”, agregó.

El convencional del Colectivo del Apruebo añadió que “esta es una moción muy simple, que tiene un artículo único que crea la Defensoría Penal Pública y le deja a una ley la organización y sus atribuciones. Esta institución es autónoma, con patrimonio y personalidad jurídica propia y la ley establecerá su organización y atribuciones”.

En tanto, consultado por sobre cómo será la nominación de la persona que liderará la institución, Harboe explicó que “a diferencia del Ministerio Público, nuestra reforma no contempla en la Constitución el sistema de nombramiento, justamente para que sea el legislador el que establezca cuál será el mecanismo de nombramiento. Recuerden que hoy el defensor penal público, es elegido de un concurso en la Alta Dirección Pública y finalmente lo designa el Presidente”.

El convencional Ossandón, por su parte, afirmó que “es una propuesta seria, concisa, que creo que le da el rol que merece a la Defensoría con un rango constitucional. El hecho de que la Defensoría tenga un rango constitucional le da cierta independencia, le da un rango que lo pone en igualdad de condiciones con el Ministerio Público, lo cual creo que es muy bueno, porque va a generar una competencia justa que va a mejorar la calidad de los proceso penales”.

Mientras que Martínez cerró con que “con instituciones o entidades robustecidas, es decir, que tengan más atribuciones y sean más autónomas, también de alguna manera crece la democracia”.