Educación reingresó 66 de 75 documentos que había retirado

Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Foto: Luis Sevilla

Entre los decretos y resoluciones que fueron frenados estaban los reglamentos para la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública.


Durante los primeros ocho días de administración el gobierno retiró dos resoluciones y 73 decretos del área de Educación desde Contraloría, los que regulaban, por ejemplo, la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública, el cierre de la U. Iberoamericana, la designación de representantes del Presidente de la República en universidades estatales y la declaración de algunos monumentos nacionales, entre otros. De esos documentos, 66 ya fueron reingresados, según informaron desde la cartera.

El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, explicó a La Tercera que esto se realizó “como parte de un proceso normal de instalación de un nuevo gobierno, se revisaron algunos reglamentos que se encontraban en trámite en Contraloría. La mayoría de ellos ha seguido su curso y el resto aún se encuentra en análisis”.

Desde la oposición hubo críticas e incluso se acusó al gobierno de poner en riesgo la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública. Sin embargo, tanto el ministro, Gerardo Varela, como el subsecretario aseguraron en el Congreso, la semana pasada, que no habría problemas con la nueva normativa. E, incluso, el titular de la cartera indicó que conversaron con Contraloría para agilizar la tramitación de los documentos reingresados.

Figueroa añadió que “este proceso tiene como único objetivo implementar de la mejor forma posible la ley de Nueva Educación Pública. Es importante aclarar que todas aquellas acciones de corto y mediano plazo ya están reingresadas”.

En esa misma línea Rodrigo Egaña, director nacional de Educación Pública, manifestó que “no es que este estudio paralice la implementación de la ley, pero hay temas que se requiere reglamentar pronto”. Por ejemplo, explicó que se necesita tener en el segundo semestre listo el reglamento que establece la forma de trabajo de la Comisión de Evaluación de la ley porque deben entregar un primer informe en enero de 2019.

El retiro de reglamentos generó inquietud entre algunos parlamentarios que criticaron la acción del gobierno. Incluso la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Yasna Provoste (DC), junto a su par del Frente Amplio, Juan Latorre, presentaron hace unos días un oficio en Contraloría solicitando información respecto de todos los decretos retirados del trámite de toma de razón por la nueva administración.

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