En cita con oficialismo: La Moneda compromete nuevamente proyecto por pensiones de gracia para cambiar criterios de entrega de beneficio

Dos de los tres temas que más concentraron la atención del comité político ampliado de este lunes son respecto a la crisis de seguridad.

La habitual cita en La Moneda, en donde la anfitriona fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, contó con la presencia de los timoneles Jaime Quintana (PPD), Leonardo Cubillos (PR) y Tomás Hirsch (Acción Humanista), así como también con el representante de Comunes, el diputado Patricio Rosas.

El tema más comentado en la instancia fue el mal momento por el que pasa el Ejecutivo por culpa de las polémicas entregas de pensiones de gracia en el marco del estallido social. Esto porque desde hace unas semanas se ha ido revelando que varios de los beneficiarios contaban con antecedentes penales graves o que no acreditaron con certificados médicos sus lesiones.

Ante las polémicas pensiones de gracia, desde el Parlamento surgió una ofensiva y se refundaron iniciativas para modificar el mecanismo en el que se conceden los beneficios y también para revocar los que estaban siendo cuestionados. Allí el Ejecutivo presentó indicaciones, que fueron rechazadas en la comisión de Desarrollo Social, lo que generó que se comprometiera un mensaje presidencial para abordar el tema, sin dar mayores detalles sobre cómo y cuándo se hará esto.

Sin embargo, y dado que la crisis fue escalando, el propio Presidente Gabriel Boric cambió su estrategia y manifestó su intención de revocar por vía administrativa los beneficios, dejando atrás la vía legal para esos fines. La situación abrió una grieta con dirigentes del Partido Comunista, quienes deslizaron la idea de acudir al Tribunal Constitucional (TC) o, incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en caso de que avanzara un proyecto que anula las pensiones de gracia.

Los dardos han apuntado hacia la propia Tohá, pero también hacia el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve.

En este contexto, el Ejecutivo -en la cita del comité político- junto con reiterar que se revocarán 25 pensiones de gracia, informó del envío de un proyecto de ley para cambiar los criterios con que se otorgan y se revocan estos beneficios.

De hecho, la ministra Tohá dejó entrever esa postura el domingo, en entrevista con Canal 13. Ahí, la jefa de gabinete señaló que “nosotros llegamos a la conclusión de que no era necesario (avanzar en un proyecto para revocar las pensiones de gracia). Es una atribución administrativa. Lo que sí era necesario era corregir el proceso hacia adelante: que siempre se tengan que mirar los antecedentes penales y que una persona que ya tiene la pensión de gracia, que ya obtuvo una gracia presidencial, si comete delitos de una cierta gravedad hacia arriba, la pierde”.

En esa línea, Leonardo Cubillos dijo a La Tercera que “en el comité político se informó la decisión del gobierno de revocar 25 pensiones de gracia, considerando los elementos que se tuvieron como análisis para aquello. (...). Asimismo, se verificó que el total de pensiones objetadas representa casi el 15% en este gobierno cifra muy similar a las otorgadas bajo la Presidencia del Presidente Sebastián Piñera”.

Tomás Hirsch, en tanto, manifestó tras la reunión que “el gobierno ya ha tomado una decisión respecto de revocar una cantidad, tal como lo anunció la ministra del Interior, ninguna que afecte a alguien que tuvo un grave daño, pero sí situaciones que ha parecido que corresponde revocar esas pensiones de gracia”.

Además, el diputado y presidente de Acción Humanista complementó que “nos ha informado que está pronto a ingresar un proyecto sobre pensiones de gracia, que ayude a clarificar y precisar cuestiones que hasta ahora no han estado establecidas. (...). Debería incluir elementos que dejen claramente a la vista los antecedentes que tengan las personas a las cuales se les pueda conceder una pensión de gracia. También que esté prevista la posibilidad de que a quien tenga una pensión y luego cometa un delito de cierta gravedad, bueno, se le pueda revocar”.

“Lo que revisamos con la ministra es que es una situación que ha ocurrido en los dos gobiernos. No hay acá grandes diferencias en los números (...). Los números eran bastante similares”, cerró Hirsch.

Previo al comité político fue el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, quien se refirió a las pensiones de gracia. “Ya hay una decisión de al menos revocar 25 pensiones de gracia, pero eso no obsta que se va hacer una revisión completa de todos los casos. En primer lugar, respecto a quienes tengan antecedentes penales, pero respecto a los otros casos, se va a realizar una revisión para verificar que se cumple con los requisito para obtener un beneficio de esta naturaleza”, dijo en la habitual vocería que se realiza los lunes en La Moneda, en reemplazo de la ministra Camila Vallejo (Segegob), quien se encuentra de vacaciones.

Manuel Monsalve ha sido uno de los rostros en las polémicas entregas de las pensiones de gracia. El subsecretario del Interior recibió un duro golpe luego de que la Contraloría revelara un informe que daba cuenta de que en el historial de algunos beneficiados, sobresalen delitos por “estafa, tráfico, producción de material pornográfico infantil y abuso sexual”.

Este lunes el político socialista salió nuevamente al paso de estas críticas. “Yo voy a mantener mi política de no entrar en la pelea chica, de resistir la tentación de responder. Pero sí decir dos hechos que me parecen bien relevantes de decir: El informe de Contraloría que se hace mención no es el único informe de Contraloría. Contraloría también hizo una auditoría y una fiscalización a las entregas de pensiones de gracia durante todo el año 2021″, dijo Monsalve en Macul, en una actividad con Carabineros.

En ese sentido, sostuvo que “sería bueno que lo leyeran para que veamos en qué situación encontró este gobierno cuando asumió el funcionamiento del Departamento de Acción Social y de la entrega de pensiones de gracia. Si este informe de Contraloría ha sido catalogado de lapidario, yo diría que el otro tendría que ser catalogado de mortal. Entonces, sugeriría mirar bien antes de hablar cuál es la responsabilidad de cada cual”.

La delicada situación de Monsalve no fue abordada en detalle en el comité político ampliado, espacio en donde los dirigentes del oficialismo, y Tohá, sí pudieron reconocer la labor del subsecretario. Allí, sobre todo, destacaron el trabajo de coordinación que ha encabezado para combatir el fenómeno de delincuencia y criminalidad.

Por esos momentos, el comité político había pasado de comentar la polémica de las pensiones de gracia, para concentrarse en la crisis de seguridad a nivel general.

Sobre el tema, Cubillos agregó que “se informó de la baja de delitos en las estadísticas llevadas a cabo, pero asimismo, se tiene presente que hay delitos de mucha mayor violencia que han tenido una mayor incidencia especialmente en la sensación de temor. El gobierno está trabajando en un paquete de medidas operativas en las líneas de coordinación que tiene con las policías y demás instancias que tienen el rol de la persecución criminal. Pero también el reforzamiento del proyecto de ley de Infraestructura crítica”.