Pensiones de gracia: Contraloría rechaza solicitud del INDH para reconsiderar sumario

La Contraloría General de la República cerró la puerta a la solicitud realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para reconsiderar el sumario administrativo debido a las irregularidades en la selección, acreditación, entrega y asignación de montos para los beneficiarios de pensiones de gracia.

El órgano fiscalizador, dirigido por Dorothy Pérez, redactó un robusto informe -al que tuvo acceso La Tercera- que arrojó falencias en el proceso de asignación del beneficio para personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019.

El documento concluyó, entre otras cosas, que 58 pensionados tienen condenas; algunos, incluso por homicidio, material pornográfico infantil y abuso sexual.

Además, evidenció que no hubo un proceso que comprobara los antecedentes médicos. De hecho, 19 postulantes ni siquiera entregaron un acta que acreditara su lesión “o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019″, constató el informe.

Con estos antecedentes, Contraloría ordenó un sumario al INDH –organismo a cargo de garantizar la situación de los postulantes– para determinar las eventuales responsabilidades administrativas, pero este solicitó al ente una reevaluación.

Pese al intento del INDH de revertir el proceso, la institución ubicada en Teatinos 45 rechazó la petición. En el oficio emitido por Contraloría, precisaron que, aunque el instituto subsanó la información de nueve de un total de 19 beneficiarios de los cuales no entregaron antecedentes clínicos, se mantuvieron las inconsistencias en los diez casos restantes.

Sobre la defensa del INDH, que expone que “no era necesario evaluar la gravedad ni la permanencia de los impedimentos físicos o mentales, ya que esto era atribución del Ministerio del Interior y Seguridad Pública” y que no formaba parte de sus facultades, Contraloría remarcó que son “una reiteración de aquellos contenidos en su respuesta al preinforme de observaciones, los cuales fueron debidamente analizados en el informe final”.

En cuanto al nuevo antecedente que aportó el INDH, sobre los datos recogidos por la comisión investigadora para acreditar las pensiones para víctimas en el contexto de las manifestaciones de 2019, liderada por la Cámara de Diputadas y Diputados, éste fue considerado insuficiente porque no contó con “una instancia conformada por profesionales de la salud para acreditar las lesiones, lo que da cuenta de la poca objetividad del procedimiento”.

El oficio lapidó la petición del instituto recalcando que Contraloría corroboró que el INDH debía acreditar las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y no solo eso, también desechó la defensa del organismo que argumentaba que esto escapaba de sus facultades; para esto aseguró que contaban con “la posibilidad de requerir información, documentación o certificaciones a otras entidades -públicas o privadas- que le hayan brindado a los peticionarios atención médica, jurídica o de otra índole, que sea útil para esos fines, lo que no ocurrió”.