A inicios de este mes se informó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró una inmensa prisión con capacidad para retener a 40.000 reos, la cual fue bautizada con el nombre de Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Solo unas semanas después, se viralizaron impactantes imágenes que mostraron el traslado de 2.000 pandilleros a dicho espacio de reclusión.

Según han detallado desde el gobierno salvadoreño, se trata de la cárcel “más grande de América”, la cual tiene el objetivo de disminuir la delincuencia en el país tras las muertes de 87 personas solo entre el 25 y el 27 de marzo del año pasado.

Esta edificación fue construida en un tiempo récord de siete meses a partir del trabajo de 3.000 personas, mientras que está ubicado en un valle cercano al volcán Chichonpontec, en Tecoluca.

“Será su nueva casa, donde vivirán por décadas sin poder hacerle más daño a la población”, aseguró el mandatario de dicho país, en medio de un escenario en el que distintas organizaciones internacionales denuncian irregularidades en los procesos de detención y violaciones a los Derechos Humanos en el territorio.

El recinto cuenta con un sistema de máxima seguridad para evitar posibles maniobras o técnicas de escape por parte de los reclusos.

Para llevar a cabo esta operación, el Estado compró 166 hectáreas, espacio en el que ocuparon 23 para levantar ocho pabellones rodeados por un muro de 2.1 kilómetros y 11 metros de altura, el cual está protegido por alambres electrificados, según informaciones reunidas por Infobae.

Las políticas de ingreso son estrictas tanto para el personal de seguridad, como para el administrativo y para los detenidos, ya que previo a entrar, deben registrarse en zonas especiales, para luego cruzar tres portones que son vigilados constantemente por guardias armados con fusiles y pistolas.

A ello se le suma que cada reo debe pasar por un escáner corporal y una sesión de fotografías antes de ingresar al centro penitenciario, el cual cuenta con pozos, una planta de agua y subestaciones de energía eléctrica, entre otras características, para funcionar de manera autónoma.

De la misma manera, los pabellones tienen un techo curvo para que la ventilación fluya de forma natural.

En cuanto a estos últimos, cada uno de ellos se expande a lo largo de 6.000 metros cuadrados y tiene 32 celdas en su interior, las cuales según el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, tienen capacidad para retener a “más de cien” personas.

El tamaño de las celdas es de aproximadamente 100 metros cuadrados y cuenta con dos piletas de agua y dos inodoros para cubrir las necesidades de aseo básicas de las decenas de reclusos, quienes deben dormir en camarotes hechos a partir de hierro, sin colchones.

Asimismo, figuran “celdas de castigo” sin ventanas para llevar a los detenidos con mala conducta y no hay patios o áreas de recreación para que puedan tomar un respiro. Según el citado medio, solo se alejan de los barrotes cuando asisten a procesos judiciales en una sala, en modalidad virtual.

“Todos los terroristas que planificaron el luto y el dolor en contra del pueblo salvadoreño purgarán sus penas en el CECOT”, manifestó el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna, sobre el recinto, el cual también tiene un sistema tecnológico que bloquea las señales de teléfonos celulares para imposibilitar la comunicación.

Respecto a los gastos por la retención de los reclusos, los familiares de los detenidos bajo el Régimen de Excepción denunciaron que el gobierno les exige el pago de $170 dólares mensuales —más de $141.000 pesos chilenos— para suministrarles comida y mercadería básica.

Si los presos quieren tener acceso a algún producto adicional, sus cercanos deben depositar externamente a “tiendas institucionales”, que están ubicadas al interior del centro penitenciario. En este sentido, pueden aportar entre $5 y $150 dólares al mes.

“Todo lo compran a sobreprecio. Una Coca Cola que afuera vale $2,50 (poco más de $2.000 pesos chilenos) ahí las venden a $10 (más de $8.300 bajo el cambio actual)″, dijo una pariente a Infobae.

Por su parte, el gobierno se ha mantenido reticente en cuanto a la información detallada sobre las cárceles y las políticas que se aplican en su interior.

“Célula a célula estamos eliminando este cáncer de la sociedad. Sepan que no volverán a salir caminando del CECOT, pagarán por lo que son”, expresó según el citado medio el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Frente a esta situación, organizaciones como Amnistía Internacional han manifestado su preocupación en torno a la posibilidad de que ocurran irregularidades al interior de este y otros recintos en El Salvador.

En palabras de dicha institución, se ha denunciado “un claro patrón de violaciones de Derechos Humanos bajo el enfoque de seguridad pública actual”, por lo que “la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”.

Bajo esta línea, expresaron que la actividad delictiva “debe ser abordada de manera integral y garantizando los Derechos Humanos de toda la población”, mientras que el director de la ONG Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, sugirió que se deberían ocupar “métodos que sí lleven a la readaptación” de los reclusos.

“Es una vergüenza para el país”, recalcó según Infobae, visión que se condice con la del rector de la Universidad Centroamericana, Andreu Oliva, quien dijo que se debería optar por la “rehabilitación” en vez de esta modalidad particularmente severa.

“Merecen una segunda oportunidad”, sentenció el académico.