Este jueves, el fiscal nacional, Ángel Valencia, llegará hasta la comuna de Santa Juana, en la Región del Biobío, para reunirse con las familias que enfrentan las consecuencias del incendio que se mantiene activo en la localidad y que ha dejado a su paso 73 mil hectáreas dañadas. Durante su visita, además, se reunirá con autoridades de la zona, entre ellas, con la alcaldesa Ana Albornoz. La visita se da, además, en el marco de hipótesis que apuntan a la eventual responsabilidad de una empresa eléctrica en el inicio del incendio de esta localidad, una de las zonas más devastadas por los siniestros de esta temporada.

Según pudo recabar La Tercera, tras dicho encuentro, el máximo persecutor se trasladará hasta Concepción, a las dependencias de la Fiscalía Regional, donde junto a persecutores que están indagando el origen de los siniestros dará a conocer un nuevo protocolo para atención a víctimas de situaciones de emergencia y desastres.

De acuerdo con el detalle, dicho plan está orientado a apoyar a familiares de víctimas que han fallecido producto de una emergencia, con las diligencias que sean necesarias, como toma de muestras, apoyos económicos para traslado, entre otros.

Asimismo, se ha precisado que el protocolo tendrá un apartado especial para afectados que, a su vez, sean víctimas de violencia intrafamiliar o de delitos sexuales, y que estén en los registros del Ministerio Público. Esto, porque análisis de antecedentes en la materia arrojan que sólo en 2022 se recepcionaron más de 70 mil denuncias del tipo en las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Eso, como indican desde la Fiscalía Nacional, fue una luz de alerta y, por lo mismo, se comprometen a realizar una búsqueda activa de los casos. La idea, según transmiten, es brindarles el apoyo que requieran, con el objetivo de impedir que la emergencia les genere una eventual necesidad de tomar contacto con su agresor. Así, por ejemplo, se dispondrá alojamiento especial para mujeres y sus hijos que sean víctimas de violencia.

Esto se coordinará en cada región por medio de las Unidades de Atención a las Víctimas y Testigos (Uravit) y de acuerdo con lo que indican desde el Ministerio Público, Valencia le pedirá a cada fiscal regional que ponga prioridad en la búsqueda de los casos.

Se espera que durante la jornada, además, el fiscal nacional se pronuncie respecto de la evolución de las indagaciones acerca de los incendios. Esto, luego de que se revelara que la Fiscalía del Biobío investiga una falla eléctrica como posible causante de megaincendio en Santa Juana.

Y es que aunque las últimas semanas diferentes autoridades han sostenido que varios de los incendios de esta temporada serían intencionales, en este caso particular no sería así, pues los investigadores apuntan sus sospechas a la falta de mantención en la “franja eléctrica”.

Dado el escenario, como pudo recabar La Tercera, el fiscal Jorge Lorca ordenó una serie de peritajes a profesionales de Conaf y a peritos de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y del Laboratorio de Criminalística de la PDI. Se encargaron análisis electromecánicos, revisión de planos, inspecciones aéreas, exámenes a imágenes satelitales, informes a peritos ingenieros forestales, entre otros.

De comprobarse que el origen del fuego estuvo motivado por una falla eléctrica, según las mismas fuentes consultadas, el fiscal Lorca deberá analizar si hay o no responsabilidad de la empresa eléctrica que opera en la zona: Frontel. En ese sentido, cuando se obtengan los resultados de los peritajes se tendrá que establecer si hay indicios de negligencia o si pudo tratarse de un accidente.

Pese a que se indaga la eventual responsabilidad de la citada empresa, desde la misma descartan cualquier tipo de negligencia. “La Región del Biobío cumple con el 100% de la calidad de servicio regulada, y sólo en los últimos cinco años se han realizado más de 7.200 kilómetros de mantenimiento de nuestras instalaciones eléctricas”, manifestó al respecto Fernando Caire, gerente zonal.

Asimismo, señaló que “en materia de prevención de incendios forestales, existe responsabilidad primaria y legal de los propietarios de los predios afectados, contenida en las Pautas de Prescripciones Técnicas de Conaf. Sin perjuicio de ello, tenemos planes de trabajo para educar a la comunidad en cuanto a plantación y cuidado”.

“Por el momento no tenemos requerimientos de la autoridad asociados a la investigación de los incendios indicados. Con los antecedentes que hemos obtenido hasta este momento, tenemos la firme convicción de que no existe responsabilidad alguna de Frontel en el origen de estos incendios”, complementó. Acto seguido, aseguró: “Ayudaremos a esclarecer el origen de los incendios en la zona donde operamos, donde parte importante de nuestra infraestructura se vio dañada o destruida por el fuego, por lo que hemos debido ejercer acciones judiciales para perseguir a los responsables”.

Según señaló, igualmente, se desplegaron las brigadas en las zonas afectadas a fin de agilizar la reparación de líneas y empalmes para reconectar a los clientes que quedaron sin luz producto de la emergencia.