El 19 de julio, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, declaró en calidad de querellado ante la fiscalía. Lo hizo en el marco del caso en que investigan eventuales delitos de violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones del estallido social y el rol de las autoridades ante acusaciones de delitos de lesa humanidad.

“Accedo (a prestar declaración), renunciando a mi derecho a guardar silencio”. Así parte su testimonio de 11 carillas, al que accedió La Tercera, y en el que el Mandatario detalló al Ministerio Público que nunca previó lo que sucedió para el estallido social. Esto, en base a un supuesto informe de inteligencia que, según trascendió, advertía sobre un escenario de alteración al orden público. “Existe un sistema de inteligencia a cargo de la ANI que colabora con el Presidente, pero no hubo ninguna advertencia concreta y específica sobre un desenlace de hechos como los vividos el 18 de octubre de 2019″, sostuvo.

Agregó que el entonces ministro de de Defensa, Alberto Espina, le informó que “había antecedentes” de “probablemente la Unidad de Inteligencia del Ejército”, en que “se daba cuenta que habían ingresado al país ciudadanos extranjeros, principalmente cubanos y venezolanos, que podrían haber participado en hechos de violencia. Yo le pedí que esos antecedentes los pusiera en poder de la fiscalía”. Sobre si tomó decisiones en base a esa información, aseguró que “la única decisión que se adoptó en función de ese informe fue poner a disposición del Ministerio Público (...) He aprendido a ser prudente con ese tipo de informes”.

En esa línea aclaró, eso sí, que la decisión de decretar el estado de emergencia no tuvo nada que ver con ese informe y que se relacionó al estado grave de alteración del orden público. “Mi decisión obedece al estado de grave alteración del orden público, a la violencia desatada y al hecho de que las Fuerzas de Orden y Seguridad estaban siendo superadas por la ola de violencia y el orden público no estaba siendo debidamente resguardado”. Desclasifica la reunión que tuvo con el general Javier Iturriaga la noche del 18-O quien asumió labores como jefe de la Defensa Nacional. “Le planteé que la razón para decretar el estado de emergencia eran los saqueos, incendios, principalmente atentados incendiarios a estaciones de Metro y edificios públicos, privados y los atentados contra infraestructura pública y privada y gravísimas alteraciones al orden público. En esas circunstancias Carabineros se vio superado por la violencia, porque no tenían la capacidad humana, ni material para asegurar el resguardo del orden público. Así me lo planteó el ministro del Interior después de hablar con el general Rozas. Le dije al general Iturriaga que su misión era resguardar el orden público con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho”, aseguró.

En ese sentido, aseguró, que siempre pensaron que el estado de excepción fuera lo más breve posible, en el entendido que no se aplicaba hace décadas, pero que la “violencia inusitada” esa noche los llevó a tomar esa determinación. “Siempre buscamos que las fuerzas de orden y seguridad resguardaran el orden público lo antes posible para restablecer la normalidad constitucional con pleno respeto por el Estado de eerecho y los DD.HH. Desde el mismo 18 de octubre empezamos a tomar distintas medidas de prevención para resguardar los derechos humanos, como tomar contacto con organismos de DD.HH. e invitarlos a Chile a observar e informar la situación y recomendar medidas para proteger mejor los DD.HH. Adicionalmente coordinamos acciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el INDH, Defensoría de la Niñez y Defensoría Penal Pública para asegurar el cumplimiento de sus funciones”, explicó.

Ante la pregunta de la fiscalía respecto a las querellas presentadas en su contra por delitos de lesa humanidad y qué podía responder frente a esta imputación, Piñera contestó que “de parte del Presidente por razones de formación familiar y de valores, el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido una constante en mi vida”.

Agregó que “en consecuencia, cuando ocurren los hechos del 18 de octubre y conocemos una violencia inusitada en las calles, que provoca la superación de las fuerzas de orden público, tomo la decisión de adoptar el estado de emergencia constitucional. Desde ese mismo momento, mi preocupación principal fue cómo recuperar el orden público y, al mismo tiempo, garantizar el respeto por los derechos humanos”.

Piñera profundizó en esta idea, planteando que “las decisiones buscaron compatibilizar esos dos objetivos y por eso se adoptaron una serie de medidas (…) más aún, antes del 18 de octubre el respeto de los derechos humanos fue una preocupación permanente de nuestro gobierno”.

Sobre la visita de observadores de DD.HH. a Chile, aseguró que él mismo las gestionó. “Personalmente llamé a la alta comisionada de la ONU, al director de Human Rigth Watch y a través del Ministerio de Justicia llamamos a la Comisión Interamericana de DD.HH. para invitarlos a venir, cosa que hicieron”. Adicionalmente a esto, sostuvo Piñera ante la fiscalía, se formaron mesas interinstitucionales de trabajo para acoger las recomendaciones de estos organismos. “En paralelo existía un grupo de trabajo para la modernización de Carabineros, que era parte de nuestro programa de gobierno y que buscaba mejorar la eficacia, subordinación al poder político y la cultura de DD.HH. al interior de la institución (...) por su parte Carabineros se reunió con policías extranjeras con el mismo propósito. Fruto de todas estas gestiones surgieron recomendaciones que llevaron a modificar muchos de los protocolos de actuación de nuestras policías”, apuntó.

Más adelante fue consultado sobre cuál fue el propósito de la frase “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, que pronunció el 20 de octubre de 2019: “Nunca se acordó expresar esa frase en ningún comité comunicacional o político del gobierno. Es una frase retórica, no literal, que ocupo con mucha frecuencia. Suelo decir que estamos en guerra contra el Covid, contra el narcotráfico, contra la pobreza, procurando así identificar males que hay que combatir”.

Explicó que ese día fue a una reunión en las dependencias de las Fuerzas Armadas en la que estaba el ministro de Defensa, el comandante en jefe del Ejército y el jefe de la Defensa. Indicó que a la salida de esa reunión hizo una declaración en la que reafirmó el compromiso del gobierno a resguardar el orden público. “Yo me estaba refiriendo a la violencia y destrucción y no, por cierto, a los manifestantes. De hecho, en esa misma declaración hago un reconocimiento y valoración del derecho de la manifestación pacífica de los ciudadanos”.

Para el Ministerio Público era vital conocer qué había hecho el gobierno cuando comienzan a sucederse diversos eventos sobre lesiones oculares provocadas por perdigones utilizados por uniformados. “Diga si el gobierno recabó información e Carabineros y qué explicación recibió. Diga si el gobierno adoptó medidas tendientes a evitar o minimizar el número de personas lesionadas, principalmente con trauma ocular”, preguntó la fiscalía. Ante esto, Piñera respondió que “cuando conocimos estos hechos, el gobierno no permaneció indiferente”. Acto seguido aseguró que el Ejecutivo “se preocupó y ocupó de esta materia pidiendo a Carabineros que iniciara los sumarios correspondientes y que se pusiera toda la información a disposición del Ministerio Público, intentando evitar que siguieran sucediendo estos hechos. El gobierno pidió expresamente a Carabineros que revisara sus protocolos del uso de la fuerza para asegurar el respeto de los derechos humanos. De hecho, a partir de esas peticiones se restringió el uso de la escopetas antidisturbios”.

El Mandatario aseguró que exigieron sumarios, que se denunciara al Ministerio Público y “adicionalmente el gobierno puso en marcha un programa de ayuda para el tratamiento médico, la recuperación y reinserción de las personas afectadas. Este programa integral de reparación ocular (PIRO) se implementó a través del Minsal, en noviembre de 2019, y hoy se encuentra en plena operación y reforzamiento (....) En este contexto el gobierno propuso un acuerdo por la paz, la justicia y la nueva Constitución, que condujo a un reforzamiento de la agenda social y a un acuerdo político que dio origen a la Convención Constitucional”.

Además, consultado si existió coordinación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y si en especial se les preguntó por el número de querellas por lesionados y con trauma ocular, el Mandatario sostuvo que “el ministro del Interior frente a este tipo de hechos solicitaba información a Carabineros, al INDH y al Minsal, los cuales entregaban información acerca de los hechos, denuncias y querellas. El gobierno pedía esta información para evaluar la situación, para corroborar información, que a veces era confusa y contradictoria, y para asegurar el objetivo de respeto a los derechos humanos de todos”.

Una de las preguntas realizadas por los fiscales fue “diga si el Poder Ejecutivo (Ministerio del Interior, Intendencias, Gobernaciones) tuvo alguna intervención en el diseño de estrategias de control policial del orden público, o en la validación de las mismas”. Ante lo cual el Jefe de Estado expuso que “teníamos muy claro que la subordinación de las Fuerzas de Orden Público y Seguridad (FOS) no incluía la parte operativa. Es una dependencia en los aspectos administrativos y de objetivos. Por tanto, la forma en que se desplegaban las FOS eran decisiones operativas que correspondían a las policías y no al gobierno”. Agregó que “efectivamente evaluamos la eficacia de la acción de Carabineros, por eso se buscó a través del Ministerio del Interior la forma de fortalecer esas capacidades para cumplir de mejor forma el deber de resguardar el orden público. Con ese propósito y para aumentar la dotación policial se tomaron medidas como llamar a servicio al personal en retiro reciente y bien calificado, y anticipar el egreso de los Carabineros en formación. Es una decisión que adoptó Carabineros en el marco de las coordinaciones con el gobierno, que le hizo ver a la institución la necesidad de mejorar la gestión de orden público”.

El interrogatorio rondó también en cuáles eran las definiciones jurídicas para que el Gobierno presentara querellas por Ley Antiterrorista, de Seguridad del Estado o de Armas. “Había una política clara: cualquier hecho que pudiera tener carácter de delito debía dar lugar a un sumario, denuncia a la fiscalía y total transparencia de la información. Sobre las definiciones jurídicas para presentar querellas debo decir que es una facultad que le correspondía a los intendentes y al Ministerio del Interior. No hubo definiciones mías, porque la definición la toma un equipo jurídico en los niveles indicados, en razón de los antecedentes del caso concreto. Yo como Presidente no definía los casos en que se presentaban denuncias o querellas, ni las leyes a aplicar, esto lo definían las intendencias o el Ministerio del Interior (...) La única orientación que le cabe al Presidente de la República es instar por la correcta aplicación de la ley, porque es lo que corresponde en un Estado de derecho”.