El impasse diplomático que pudo haber generado la difusión de una conversación privada de la canciller Antonia Urrejola y sus asesores, en que hablaban del embajador argentino Rafael Bielsa, terminaría en tribunales. Hay quienes al interior del Ministerio Público, y abogados, que creen que se configura una conducta que es sancionada por el Código Penal, aunque hay también quienes plantean que dicha tipificación corre sólo para grabaciones de conversaciones íntimas y no reuniones de trabajo. Las opiniones están divididas. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció durante horas de la tarde de este miércoles que se realizó la denuncia ante el Ministerio Público.