María José Hoffman, sostuvo que el magistrado “está poniendo en riesgo a las víctimas del narcotráfico y a las víctimas del crimen organizado”.
19 feb 2024 03:28 PM
María José Hoffman, sostuvo que el magistrado “está poniendo en riesgo a las víctimas del narcotráfico y a las víctimas del crimen organizado”.
El cuestionado juez otorgó el beneficio a 13 reos, todos formalizados por delitos violentos y tráfico de drogas.
“Nos parece que esta decisión es una decisión completamente equivocada, que perjudica la seguridad del país, que socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado", señaló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
El Mandatario hizo el llamado durante la entrega de 25 nuevos vehículos a Gendarmería. Los furgones están equipados con un sistema de cámaras de monitoreo con visión infrarroja y sistema de protección contra golpes.
Tras ser formalizado como responsable de la muerte de la pareja de su madre, el joven de 20 años había quedado recluido en el mismo penal donde cumple condena el sujeto que fue condenado por la brutal agresión que afectó a Rifo. Como indicaron desde Gendarmería, el traslado respondió a “medidas de seguridad basadas en criterios de segmentación”.
La instrucción llegó al personal luego de que la semana pasada el ministro Luis Cordero, el director nacional Sebastián Urra y la alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad fueran amenazados por sujetos que aún no son identificados. La medida busca, como se lee en un oficio enviado a los diferentes recintos penitenciarios, evitar riesgos tanto para funcionarios como para sus familias.
Para obtener el permiso, la iniciativa exige que los funcionarios interesados hayan cumplido al menos 20 años de servicio, un requisito que fue incorporado -en junio del 2023- por el gobierno del Presidente Gabriel Boric a través de una indicación.
La medida forma parte del Plan de Recuperación de Espacios Públicos. "Esto requiere de un trabajo entre las distintas instituciones para poder resguardar la seguridad, el orden público y la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas, así como también sin duda la seguridad al interior, en este caso, de Santiago 1″ señaló la alcaldesa de Santiago Irací Hassler.
Desde Carabineros aseguraron que, una vez sea despejado el lugar, se mantendrán patrullajes preventivos, mientras que la municipalidad de Santiago efectuará trabajos en terreno “para darle continuidad al despeje”.
Esto, luego de que desconocidos lanzaran panfletos en tres recintos penales de la Región Metropolitana, con amenazas dirigidas al titular de Justicia, Luis Cordero, así como al director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra y a la alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad, Fabiola Valladares.
Los parlamentarios Camila Flores, Karen Medina, Jorge Guzmán, Catalina del Real y Stephan Schubert fustigaron las amenazas anónimas dirigidas contra el ministro de Justicia, Luis Cordero, así como contra el director de Gendarmería y la alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad.
El subsecretario del Interior afirmó que "en Chile no vamos a tolerar amenazas a las autoridades para tratar de inhibir las funciones y las tareas que tienen". Esto, en relación a los panfletos que fueron lanzados a las afueras del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, con los rostros del ministro de Justicia, del director nacional de Gendarmería y de la alcaide del recinto.
Sujetos que aún no han sido identificados que se trasladaron hasta la Cárcel de Alta Seguridad, lanzaron panfletos donde advirtieron: “Si la justicia 'legal' no se aplica, ni cesan las torturas, llegará la justicia popular”. Junto a ello, además, estamparon los rostros de las autoridades junto a pistolas. La situación generó que el equipo del secretario de Estado determinara aumentar su contingente de seguridad.
Ni todos los intentos de su defensora penal pública, ni la de los jueces del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago libraron a Gustavo G.A. (36) de su trágico destino: morir en Santiago Uno. El imputado, que había intentado matar a su hermana y a su madre en medio de un cuadro grave de esquizofrenia, no debía estar en ese lugar. Pero los siquiátricos -Hospital Doctor Horwitxz y el de Putaendo- rechazaron en reiteradas ocasiones su ingreso asegurando estar más que colapsados. Gendarmería, por su parte, no cumplió con las órdenes del tribunal y lo dejó a su suerte en módulos donde compartió con reos comunes que lo golpearon hasta morir. Esta es la historia de cómo el sistema penal en su conjunto le falló a un enfermo de uno de los trastornos mentales más graves de la salud mental.
Además, oficiaron a la Contraloría General de la República por las supuestas irregularidades en la adquisición de alimentos (carnes y vegetales) para el mismo penal.