El jurista acusa que la entrega de las conversaciones constituiría una vulneración a sus garantías constitucionales de “igualdad ante la ley”, “respeto y protección a la vida privada” y la “inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada”. Asimismo, apunto contra el CDE por no tener competencias en investigar y contra la Fiscalía por las filtraciones del caso.
Rodrigo Gómez S.
5 abr 2024 00:28 AM