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De las 55 expulsiones judiciales, 22 corresponden a robo con intimidación y 12 a robo con violencia. Durante el 2024 se ha expulsado a 411 personas de distintas nacionalidades.

El operativo terminó con la detención de un ciudadano venezolano por registrar una orden de aprehensión pendiente por el delito de robos de bienes nacionales y uso público.

En medio de cuestionamientos por el resguardo que se otorga a extranjeros reconocidos como refugiados, el mandamás del Servicio Nacional de Migraciones asegura que no hay infracciones de parte del Estado. Además, a dos años de que asumiera el Presidente Gabriel Boric, insiste en que hay un mejor control de las fronteras.

Entre los deportados hay personas con antecedentes por violación, abuso sexual, tráfico de drogas, corrupción de menores e ingreso irregular al territorio nacional. En el año, según el Servicio Nacional de Migraciones, se han realizado hasta 884 expulsiones administrativas y judiciales.

Luego de que la indicación -impulsada por parlamentarios RN- recibiera el visto bueno en la Cámara, el gobierno había ingresado una propuesta para eliminarla, algo que fue descartado esta jornada por el Senado. Así es como prevaleció lo aprobado por los diputados.

A cinco días de que la ministra Carolina Tohá presentara la Política Nacional de Migraciones, el director del Servicio Nacional de Migraciones explica cuáles serán los criterios bajo los cuales se avanzará en un proceso de regularización condicionada. Detalla que será clave el empadronamiento, donde ya hay más de 190 mil inscritos. Descarta la existencia de un "perdonazo" e insiste en que aumentarán las expulsiones.

A fines de octubre de 2021, Álvaro Bellolio se comprometió a contribuir con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, otorgándoles 30 mil dólares por un informe respecto del proceso de regularización migratoria que llevó el gobierno anterior. Sin embargo, al notar que el "acuerdo" se selló sin que existiera un convenio de cooperación y sólo tras el envió de una carta, la actual administración pidió el pronunciamiento de la entidad encabezada por Jorge Bermúdez, confirmando que se trató de un hecho ilegal. Por lo mismo, instruyeron un sumario administrativo y descartaron pagar el monto "adeudado".