Como si de la velocidad de la construcción dependiera su gobierno, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, levantó su mega cárcel en siete meses, pese a la incredulidad inicial tanto de la oposición como del oficialismo. Así, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, más conocido por sus siglas CECOT, se convirtió automáticamente en todo un símbolo de su “guerra” declarada contra las pandillas y los miembros de las maras.

“Terminarán los días de todos los terroristas que durante años aterraron a El Salvador”, dijo el mandatario en la visita a ciertos medios de prensa a la prisión, la presentación se realizó sin preguntas sobre el costo, ni se mostró más de lo que estaba planificado.

No es una cárcel cualquiera. Según las autoridades salvadoreñas, se trata de la prisión “más grande de América”, y busca dar espacio a un sobrepasado ecosistema penitenciario, el que terminó por coparse con las más de 60.000 personas detenidas. Título de la prisión que, según opositores y algunos periodistas que han seguido de cerca la guerra contra las maras, es difícil de comprobar debido a la falta de transparencia en los temas de seguridad producto del estado de excepción que rige hace casi un año.

Compuesta por un terreno de 236 manzanas, la mega cárcel inaugurada a principios de febrero fue concebida como una cárcel donde “todos los terroristas que planificaron el luto y el dolor en contra del pueblo salvadoreño purgarán sus penas en el CECOT, en el régimen más severo”, aseguró el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna.

Con una capacidad de hasta 40.000 “terroristas”, según la terminología del gobierno de Bukele, el centro penitenciario se ubica a 74 kilómetros de la capital, San Salvador, y está aislada de la zona poblada más cercana de Tecoluca, municipio donde se ubica el centro penitenciario. Su posición en un valle cercano al volcán Chichontepec lo deja lejos de la población civil.

Por fuera, la cárcel tiene apariencia de inexpugnable. Una pared que recorre las 33 manzanas de construcción con 11 metros de altura – algo así como un edificio de tres pisos –, está coronada por dos alambres razor, más 15 hilos de cerca electrificada con 15.000 voltios. Al interior, hasta nueve anillos de seguridad compuestos tanto por barreras físicas y muros como por gendarmes, que funcionan como segunda medida de contención. Se estima que habrá cerca de 600 militares a disposición del centro, aseguró el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.

Una zona de registro por la que tanto el personal de seguridad como los reclusos deben pasar se antepone a otros tres portones fortificados y custodiados por guardias. Es en este primer lugar donde los recién llegados deben someterse a un escáner de metales y otro corporal de rayos x, para que las autoridades se aseguren de que no ingresen nada en su interior. Al mismo tiempo, equipos electrónicos bloquean constantemente las señales de teléfonos celulares para impedir el contacto entre el interior y el exterior del recinto.

Una vez dentro, ocho módulos de dos pisos cada uno se reparten las 32 celdas construidas con 50 centímetros de concreto, para dificultar la comunicación entre las habitaciones contiguas. Sobre ellos, un piso entero resguarda a quienes los custodian.

En cada celda, una estructura metálica ploma similar a un estante funciona como camarotes. Con cuatro pisos de alto y cinco espacios de largo – sin ninguna división entre los puestos de cada nivel –, estos espacios servirán de cama para los reos, quienes no contarán con colchones, según confirmó el Presidente de El Salvador.

El complejo cuenta con una fábrica para 64 talleres de pintura, pupitres y textilería, entre otros, además de áreas de administración y almacenes para armas y equipos de seguridad. En caso de que las autoridades carcelarias así lo estimen, los reos podrán ser ingresados a celdas de castigo.

Un total de doce fueron construidas en cada pabellón del CECOT. Con un espacio de dos por dos metros, la habitación solo cuenta con una plancha de concreto a modo de cama y un inodoro, sin luz salvo un pequeño agujero en el techo que provee mínima ventilación. Caluroso y a oscuras. No estarán permitidas las visitas familiares ni conyugales, aseguraron fuentes de seguridad al diario El Mundo.

Para Ricardo Sosa, criminólogo de El Salvador, el CECOT “es relevante para el presidente Nayib Bukele porque le permite cerrar otras fases de la estrategia del Plan Control Territorial, es la parte final de lo que él denomina ‘Guerra contra las Pandillas’ que consiste en la erradicación de las pandillas criminales y las condenas de sus cabecillas”, dijo a La Tercera.

En abril de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para Construcción de Centros Penitenciarios, herramienta con la que Bukele ya no debía entregar muestras de probidad de manera oficial al saltarse la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública – donde se regulan “las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que deben celebrar las instituciones de la Administración Pública”, según el sitio web del poder Legislativo –, permitiendo de paso a la administración realizar contrataciones directas.

Si bien Bloomberg, medio especializado en economía, cifró en cerca de US $70 millones el costo de la mega cárcel, Óscar Martínez, Jefe de Redacción del medio salvadoreño El Faro, dijo a La Tercera no estar de acuerdo. “No hay manera de que alguien haga una estimación real porque los números han cambiado. Hay políticos que han hablado de 20 mil reos (de capacidad máxima), otros han hablado de 40 mil y otros de 60 mil”, explicó.

Según Óscar Martínez, quien es crítico del secretismo empujado por el mandatario, el problema es que toda la información proviene del Estado y no existe forma de contrastar los datos oficiales. “La información de centros penales, cantidad de reos, nombre de reos, cuántos están ubicados en qué centros penales, toda eso ha sido ocultada por este gobierno. Si bien antes al menos sabíamos cuál era la distribución de reos en el país, ahora no es así”.

El poco interés entre la ciudadanía por exigir un mayor nivel de transparencia se explica, según el también periodista de El Faro, Carlos Martínez, por el alto apoyo de la población a las políticas del mandatario. “El Presidente Bukele encuentra su mayor fortaleza en el respaldo casi unánime de la población salvadoreña a su figura, además del apoyo a la implementación del régimen de excepción. Las casas encuestadoras independientes de El Salvador estiman que aproximadamente un 80% de la población salvadoreña respalda el régimen de excepción y sus frutos”, explicó.

Ante las críticas de diversos organismos internacionales por las condiciones de los presos, Nayib Bukele respondió de forma irónica el domingo pasado. “Pobrecitos los criminales, pobrecitos cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles; pobrecitos cómo les quitaron las colchonetas..., pero no dijeron nada cuando ellos les quitaron la vida a los salvadoreños”, se defendió el mandatario.

Para Ricardo Sosa, el uso de esta prisión se justifica en que está dirigida a quienes cometieron “graves delitos, masacres, desaparecidos, extorsiones, desplazamientos forzados, desmembramiento y descuartizamiento de personas, violaciones en niñas, adolescentes y mujeres. Ya no hay impunidad en El Salvador”, argumentó.

Entender la creación del Centro de Confinamiento del Terrorismo, es adentrarse en la relación entre política y las pandillas en El Salvador. Una investigación realizada por El Faro reveló que altos funcionarios del gobierno de Bukele sostuvieron negociaciones desde 2019 con las tres principales agrupaciones criminales al interior de los penales de máxima seguridad, con el fin de mantener el histórico desplome de asesinatos registrados en la nación centroamericana.

A cambio, la Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños iban a ver mejoras en sus vidas carcelarias, así como beneficios para los miembros en libertad, lo que fue documentado por la Fiscalía General de la República en formato de audios, fotografías, archivos y testimonios. La carpeta llegó a la Justicia a manos del fiscal Raúl Melara, quien levantó una investigación criminal contra varios funcionarios del Gobierno de Bukele, incluidos sujetos encapuchados que ingresaban a negociar directamente en las cárceles.

La investigación cayó luego de lo que la oposición denunciara como un desmantelamiento del Estado. El mandatario, con el apoyo de una gran mayoría aliada en el Parlamento, destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como al fiscal general que investigaba las reuniones entre gobierno y pandillas, instalando en su reemplazo a personas afines.

Pero las acusaciones retomaron su curso la semana pasada, luego de que la Fiscalía de Estados Unidos hiciera pública su investigación contra dos altos funcionarios de Bukele acusados de negociar durante al menos dos años con líderes de las maras más importantes, con el fin de beneficiar la popularidad del mandatario. Presentada ante el tribunal de distrito de Nueva York en agosto de 2022, el acta de acusación detalla los cargos contra trece cabecillas de la MS-13, además de acusar al gobierno salvadoreño de proteger a pandilleros buscados por crímenes cometidos en Estados Unidos.

Sin embargo, las negociaciones se cayeron en algún momento de marzo de 2022, desatando la ira de la Mara Salvatrucha. Su respuesta llegó en forma de una masacre indiscriminada contra más de 80 ciudadanos salvadoreños, asesinados al azar y a sangre fría durante el fin de semana del 25 de aquel mes. Así, el cambio en la política pasó de la negociación a la “guerra” declarada. Rápidamente, el Congreso aprobó el estado de excepción, que se mantiene hasta la actualidad gracias al respaldo político y ciudadano del mandatario.

Casi al mismo tiempo, Bukele anunció la creación del CECOT, el que, según seguidores del mandatario, se justifica en el inmenso ritmo de detenciones que permitió apresar a más de 60.000 personas acusadas de estar ligadas a pandillas, lo que exige aumentar la capacidad carcelaria.

Opositores, por otro lado, acusan un uso meramente político de las pandillas de cara a los comicios de 2024. Si bien Nayib Bukele no se puede presentar a la reelección debido a al menos seis puntos de la Constitución que lo prohíben, el mandatario anunció durante 2022 que postularía de todos modos. Y con aliados posicionados por él en todos los poderes del Estado y un apoyo inmenso entre la población, de concretar sus planes, todo indica que Bukele extenderá su gobierno amparado en su lucha con y contra las pandillas.