Denuncias por maltrato a profesores y apoderados suben un 58% respecto de 2022

La Real Academia Española define la palabra maltrato, del verbo maltratar, como “tratar con crueldad, dureza y desconsideración a una persona o a un animal, o no darle los cuidados que necesita”. Y aunque no es lo que se espera, esta forma de relación se ha vuelto cada vez más común en colegios y jardines infantiles.

Así lo refleja el alza en el número de denuncias recibidas por la Superintendencia de Educación (SIE), que acusan situaciones de acoso, violencia, agresión u hostigamiento (físico y/o psicológico) dentro y fuera de las escuelas. Según el Departamento de Gestión Institucional, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2023 se han ingresado a la SIE 6.347 denuncias, 20,4% más que en el mismo periodo de 2022 (5.269), y un 40% más que durante el mismo plazo de 2018 (4.549).

En un desglose y en cuanto a las que afectan a adultos de la comunidad educativa, este año se han ingresado 134 requerimientos, 57,7% más que el año pasado, cuando se registraron 85. En detalle, los hechos de acoso y violencia se acrecentaron, sobre todo entre el personal de los mismos establecimientos (113,6%), como profesores, asistentes de la educación, educadores y educadoras de párvulos, directores, jefes de las Unidades Técnico-Pedagógicas (UTP) e inspectores generales, entre otros.

El segundo mayor aumento, en términos porcentuales, se observa en las denuncias por maltrato del personal del establecimiento hacia padres, madres y/o apoderados, con un 62,5%, seguido por las relativas a situaciones donde son los estudiantes los que maltratan a docentes, educadores o integrantes de las plantas directivas, con 37,5%.

No obstante, la mayoría de los requerimientos presentados a la superintendencia por temas de convivencia (casi el 40%) refieren a casos de maltrato a párvulos y/o estudiantes, contabilizando 2.524 en el período señalado, 4,6% más que en 2022. Dentro de esa temática, las solicitudes por situaciones de maltrato entre párvulos y/o estudiantes (1.688) bajó un 4%, respecto de 2022. No obstante, la cifra es un 59,5% mayor a la anotada en 2018 (1.058).

El superintendente de Educación, Mauricio Farías, detalla que el 80,7% de las denuncias son ingresadas por apoderados y que una causa posible del aumento de casos de maltrato a adultos podría “atribuirse a que las personas están más conscientes de sus derechos y menos tolerantes a situaciones de maltrato”.

Y en ese sentido, el jefe de servicio señala que como trabajo de prevención se están realizando capacitaciones sobre convivencia, gestión de conflictos, normativa educacional y reglamento interno, entre otras medidas. Además, junto a la Superintendencia de Seguridad Social licitarán una investigación denominada “Protocolos de actuación para el resguardo de ambientes psicosociales adecuados”, para “entender precisamente lo que está ocurriendo al interior de las comunidades educativas”, dice el jefe del servicio, y así contribuir al resguardo de espacios seguros y respetuosos para todos.

Anne Traub, directora ejecutiva de la Fundación Familias Power, comenta que “cuando los estudiantes actúan de forma violenta, es probable que estén reflejando las experiencias de agresividad que han presenciado o experimentado en su entorno (...). En ese sentido, actualmente vivimos un aumento de la violencia a nivel país y aquello naturalmente impacta a los estudiantes. Inseguridad y estrés también contribuyen a conductas poco predecibles y motivadas por las emociones”.

La abogada apela a “implementar estrategias integrales que condenen la violencia y promuevan entornos seguros y respetuosos en todos los ámbitos, especialmente en las instituciones educativas”; medidas que “fomenten la discusión con respeto, la resolución pacífica de conflictos, la promoción de la empatía y la creación de espacios seguros para que los estudiantes expresen sus preocupaciones y emociones”.

Por su parte, Mónica Bravo-Sanzana, directora del Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar de la Universidad de La Frontera, destaca que “la violencia, como concepto, y la violencia escolar, como constructo, es un problema de salud pública a nivel mundial”.

La doctora en Educación agrega que el “fenómeno sistémico” de la violencia debe ser mirado “desde una perspectiva integral, puesto que también estamos viendo lo que pasa con las familias; los patrones de crianza, o ir más allá y verla desde la política pública, qué pasa con la violencia, cuáles son sus mensajes y también a nivel global”.

“La investigación en educación señala que estamos viviendo en Chile y Latinoamérica una crisis de las instituciones, donde están incluidas la familia y la escuela. Desde ese punto de vista no debe extrañar la violencia hacia los profesores o al personal administrativo. No hay una mediación de los procesos. Tenemos falta de comunicación que es explicado por el contexto de pandemia, pero si revisamos la estadística de hace 40 años, nos damos cuenta de que los indicadores de violencia van aumentando. Siempre están en aumento”, cierra la profesora.