Encerronas y portonazos se concentran en La Florida: alcalde Carter anuncia creación de “fiscal del pueblo”

De acuerdo con datos de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, entre enero y julio de este año se registraron un total de 1.117 portonazos o encerronas en las nueve comunas que están bajo esa jurisdicción. Y entre ellas, conforme al detalle, La Florida concentra el mayor número de sucesos, con 296 casos. Por ello, las autoridades comunales están tomando una serie de medidas, incluida una disposición que permitirá los vecinos de ese municipio contar en el corto plazo con un “fiscal para el pueblo”.

Así lo informó en conversación con La Tercera PM el alcalde Rodolfo Carter, quien fue enfático en sostener que el dilema no se está enfrentando como la ciudadanía lo requiere y lo demanda, por lo que junto con reforzar disposiciones a nivel local, pide que exista un cambio de paradigma y se le tome el peso al asunto. Y es que él mira con asombro y preocupación el incremento de 101% que han tenido los portonazos y encerronas registrados en La Florida, si se compara el periodo enero-julio 2021 con enero-julio 2022.

“Cualquier cosa que pueda hacer a nivel municipal no se puede comparar con el gran cambio que se requiere en materia de delincuencia. Mientras tengamos un sistema procesal penal que funcione así, no hay posibilidad. Podremos tener 10 mil carabineros más, más luminaria, pero no sacamos nada, porque son los tribunales los que tienen que cambiar la mirada y enfocarse en las víctimas”, manifestó el jefe comunal.

En ese sentido, explicó que “el fiscal” que contratarán será un abogado que estará al servicio de la persona que sea víctima de algún delito de alta connotación, puesto que a su juicio, ese ciudadano hoy no tiene garantías de que sus intereses primen. “El fiscal del Ministerio Público no es el abogado de las víctimas, representa al Estado, por ende, cuando el fiscal llega a un acuerdo con el tribunal o la defensa, no siempre se piensa en las víctimas”, complementó.

Agregó, en el mismo tono, que con la fórmula que prontamente podrán en práctica, pretenden demostrar “que la gran revolución del sistema es desviar el enfoque desde el delincuente hacia la víctima. Eso sólo se cambia con un abogado que trabaje para las víctimas, ese será el fiscal de la gente”.

En paralelo, Carter también pide que desde el gobierno central también se tomen mayores determinaciones, sobre todo ante el trabajo que hacen las policías. “Tenemos policías descontentadas, sin inteligencia de calidad y con armas menos efectivas que las de los delincuentes. _Estamos frente no sólo a delitos, sino que a gente que se deleita con el sufrimiento. Hoy está predominando la cultura de la muerte, humillando, maltratando, y frente a eso contamos con un Estado chileno viendo a la delincuencia igual que en los ‘80″, sostuvo.

“Nosotros estamos gastando lo que no tenemos en esto. Gastamos $500 millones para complementar la respuesta de Carabineros, pero nos encontramos con que tienen cada vez menos dotación, son menos respetados. Entonces ¿Qué tipo de carabinero tenemos en las calles? Debilitados, porque hoy en Chile insultar y agredir a un policía es gratis”, enfatizó.

Además del “Fiscal de la Gente”, en La Florida se encuentran impulsando otras herramientas con miras a potenciar la seguridad, apuntando a que la problemática se enfrente decididamente desde el gobierno central.

Solicita, en ese sentido, la creación de un fondo municipal a nivel nacional “que permita mejorar la capacitación técnica de los funcionarios de seguridad” y la recontratación de personal jubilado de Carabineros para cumplir funciones de policía comunitaria, acercamiento a los vecinos y tareas administrativas, para así -como mencionan- “liberar contingente para la persecución de los delitos”.

Igualmente, desde el municipio proponen terminar con lo que denominan como una suerte de “beca del Estado” para los clubes de fútbol y grandes productoras que organizan eventos deportivos y culturales, y que sean ellos quienes financien su seguridad y se libere a Carabineros para otras funciones críticas.

Asimismo, el plan del alcalde Carter incluye la idea de que se presente “un proyecto de ley que establezca el cumplimiento de pena efectiva en su grado máximo para quienes cometan delitos de mayor connotación social como homicidios, robos con intimidación o lesiones, y delitos relacionados con el narcotráfico, entre otros, y quienes sean reincidentes no puedan optar a beneficios carcelarios”.

Como quinto punto, el jefe comunal también promueve que haya un cumplimiento real de penas efectivas contra quienes cometan maltrato de obra a Carabineros o miembros de la PDI con resultado de muerte o lesiones. Adicionalmente, pide que la responsabilidad penal efectiva sea a partir de los 16 años, “considerando que, por ejemplo, la Convención Constitucional aprobó que el voto sea a partir de esa edad, por lo que se debe exigir consecuencia entre los derechos y los deberes de la ciudadanía”.

En último punto, Carter propone que se amplíe y aumente la gravedad de las penas de las leyes anti-barricadas y anti-saqueos, “para que quienes dañen la infraestructura pública, originen violencia, saqueos, tiroteos o el bloqueo de caminos, impidiendo el libre desplazamiento de las personas, cumplan penas efectivas”.