Estrategia de La Moneda para sortear crisis de isapres a un paso de desfondarse por el propio oficialismo

Los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de la Secretaría General de la Presidencia, Állvaro Elizalde.

El plan diseñado por el comité político considera adelantar el alza del Índice de Costos de Salud (ICSA) para permitir que las prestadoras puedan asumir sus menores ingresos en lo inmediato en vista de los fallos de la Corte Suprema que obligan a reducir cobros. La medida se votaría mañana en la sala de la Cámara.


A causa del calor que había esta mañana en la sede del Congreso en Valparaíso, un poco de agua pidió el superintendente de Salud, Víctor Torres (DC), quien acompañó a la ministra Ximena Aguilera a la Comisión de Salud del Senado a defender las indicaciones que presentó el Ejecutivo en la llamada Ley Corta de la Isapres.

El comentario de Torres generó algunas bromas, distendiendo el ambiente en la instancia legislativa.

“Necesita agua la Superintendencia... ¡Viene el agua!, pero con otro precio sí”, ironizó el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS).

Sin embargo, como el encargo se demoraba, la misma ministra de Salud le facilitó su propio vaso al superintendente.

“Aquí estamos mutualizando el agua”, comentó también con picardía Torres, en vista de que un mecanismo de mutualización o solidaridad es una de las alternativas que está barajando el gobierno para dar una respuesta de largo plazo a la crisis.

Por el momento, a través de estas enmiendas que están siendo tramitadas por el Senado, el Ejecutivo está tratando de ensayar una fórmula transitoria que permita a las isapres evitar el desmoronamiento del sistema, en vista de la seguidilla de fallos de la Corte Suprema que obligan a reducir cobros a los afiliados en los próximos meses.

No es el único camino de esta estrategia del gobierno. Paralelamente, La Moneda ingresó el lunes por la Cámara de Diputados una propuesta para adelantar la aplicación de los nuevos Índices de Costos de Salud (ICSA). En forma inusual, esa medida fue incluida en un conjunto de disposiciones misceláneas dentro de la Ley de Reajuste del Sector Público, aun cuando no tiene directa relación con esa alza salarial.

Dado que el reajuste del sector público debe estar resuelto antes de Navidad, la idea de La Moneda era simplemente aprovechar esa celeridad para dar el primer paso de esta estrategia de solución a la crisis.

Con este primer paso, la fórmula gubernamental propondría adelantar a los meses de marzo y abril el reajuste del ICSA (una suerte de IPC, un Índice de Precios del Consumidor de la Salud), de manera que las prestadoras tengan con qué solventar sus gastos en el corto plazo.

Desfonde oficialista

El problema es que este plan -que el gobierno quiere evitar que sea asociado a una suerte de salvataje de las isapres- recibió un portazo de los propios legisladores de la alianza gubernamental.

De hecho, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, la diputada oficialista Ana María Gazmuri (Acción Humanista), concurrió a la sesión del Senado y le volvió a recalcar públicamente a la ministra Aguilera que la idea de adelantar el alza de costos corre un serio riesgo de ser rechazada.

“Nos hubiera gustado que no se mezclaran las dos conversaciones, se lo hemos señalado a la ministra. No es una buena idea mezclar el reajuste del sector público con esto tan sensible como el ICSA (Índice de Costos de Salud). Son materias distintas. Insistimos en solicitar que se retire (el adelantamiento del nuevo ICSA) para que no nos obliguen a debatirlo de esta manera, de manera forzada. No está la disposición para aprobarlo”, dijo Gazmuri, quien hace semanas viene advirtiendo lo mismo en las conversaciones privadas con el Minsal y La Moneda.

Las alertas, sin embargo, no fueron escuchadas y desde ayer bancadas de izquierda, de centroizquierda y grupos no alineados, como la DC y el PDG, se han plegado a las críticas.

Con un escenario así, el rechazo de parte de la Cámara sería inminente el día de mañana en el sala. Hasta ahora la iniciativa seguía figurando en la tabla.

Un revés de esa naturaleza salpicaría no solo a la ministra Aguilera, sino a todo el comité político, especialmente a los ideólogos de la estrategia: los ministros de Hacienda, Mario Marcel; de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS); del Trabajo, Jeannette Jara (PC), y de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo (PC), quien públicamente ha defendido la idea del gobierno.

“Tenemos críticas de los dos lados. Unos dicen que esto es insuficiente... las isapres, que lo que han hecho estos últimos meses es criticar toda propuesta y buscar de alguna manera realmente salvatajes y a lo cual nosotros no hemos estado dispuestos, y por otro lado, algunos que consideran que esto, de adelantar algo que se hace frecuentemente por parte de la Superintendencia, que es el reajuste del precio ICSA, sería un salvataje. No es ni lo uno ni lo otro, ni vamos a atender todas las exigencias de las isapres, porque eso sería incumplir el fallo de la Corte Suprema; pero, por otro lado, tampoco vamos a ser irresponsables y no generar medidas que amortigüen un poco la situación crítica en la que está el sistema”, dijo este martes la vocera.

Pese a ello, más diputados se sumaron en esta jornada a los cuestionamientos, anunciando su rechazo a la idea de adelantar el alza de costos de Salud, que en la práctica aumentará los cobros a los usuarios.

Los diputados Tomás Lagomarsino (radical), Jaime Araya (independiente-PPD), Danissa Astudillo (PS) y Rubén Oyarzo denunciaron que el cambio al ICSA elimina mecanismos de contención de costos, permite que alzas de los planes de las isapres sean mayores y, además, vulneraría el fallo de la Corte Suprema al permitir cobros a menores de 2 años.

“Lamentablemente el Ejecutivo ingresó de contrabando modificaciones al ICSA, fuera de lo razonable. El más grave de todos ellos es el numeral 5, producto que la Corte Suprema fue clara en que no se podía cobrar a menores de dos años. Estamos hablando de lactantes, niños y niñas recién nacidos, bebés, que la Corte Suprema dijo que no se les podía cobrar. Aquí el Ejecutivo, a través del numeral 5, dado que no se puede cobrar por un lado, trata de meterlo por otro”, dijo Lagomarsino (radical).

“Votaré en contra. Siempre he dicho que aquí ha existido un fallo judicial que fue ratificado en distintas instancias hasta llegar a la Corte Suprema; por lo tanto, no puede el Ejecutivo ni el Congreso estar desvirtuando un fallo judicial porque eso es gravísimo. Además, todas estas propuestas que han surgido, ya sea de la Comisión Técnica o ahora del Ejecutivo, son un salvataje, un salvavidas a las isapres”, añadió Astudillo (PS).

En la Comisión de Hacienda, la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social) pidió al gobierno separar la discusión del ICSA y del reajuste del Sector Público.

La misma petición hizo la diputada Karol Cariola (PC). “Nos parece muy sorprendente que se haya mezclado (el reajuste) con un tema que no tiene nada que ver. Se están juntando peras con manzanas. Hay un fallo de la Suprema que se tiene que cumplir sin que traiga perjuicios para las personas. No estamos disponible para eso”.

“No me llena el gusto esta propuesta, porque no va al fondo. Todos los días el gobierno intenta salir del lío e improvisa, pero no es suficiente”, dijo el jefe de bancada del comité mixto (democratacristiano, radical, liberal y Amarillos), Eric Aedo (DC).

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