Gonzalo Guerrero, director SQM: La pretensión de continuar con la concesión en Salar de Atacama y los nudos para acuerdos con comunidades indígenas

El director de SQM aseguró que debido al conflicto interno del Consejo de Pueblos Atacameños por la distribución de los dineros -luego del acuerdo con Corfo- se mantienen "empozados US$30 millones" que irían en directo beneficio de las comunidades aledañas al Salar de Atacama. Por otro lado, el directivo también anticipó el deseo de la minera no metálica de mantener el arriendo de las pertenencias mineras al terminar el contrato en 2030.


En octubre de 2019, el directorio de SQM -minera no metálica ligada a Julio Ponce Lerou y la china Tianqi- encomendó a uno de sus miembros reforzar el trabajo de relacionamiento con las comunidades aledañas al Salar de Atacama. El proceso quedó en manos del abogado Gonzalo Guerrero Yamamoto (47), quien asumió como director en abril de 2016 y en conversación con Revista Chululo de San Pedro de Atacama abordó las implicancias del acuerdo de conciliación con Corfo que le permitió aumentar la cuota de extracción y el periodo de vigencia del contrato. Pero también explicó la posición de la minera frente al conflicto que mantiene con el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA).

Este se remonta a febrero de 2019, cuando las comunidades de Peine y Camar, además del CPA, presentaron ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta una reclamación contra la Superintendencia de Medio Ambiente por la aprobación del Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por SQM en enero de 2019 por un costo de US $25 millones. Ambas organizaciones argumentaban que el PdC debió ser objeto de consulta indígena y que algunos aspectos del plan carecerían de la integridad suficiente.

Frente a ello, en diciembre de 2019, el Tribunal Ambiental resolvió esta reclamación anulando el PdC aprobado por la SMA, aunque señalando que no procede la consulta indígena para este PdC. La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) había optado por defender su decisión ante la Corte Suprema pero recientemente desistió de ese camino, de manera que el proceso se retrae a lo observado por el Tribunal Ambiental y SQM Salar quedó en la obligación de responder a las observaciones originales.

El 7 de agosto, la comunidad de Camar presentó un acuerdo extrajudicial con SQM, lo que despertó tensión con las otras comunidades: Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños amenazaron con no negociar con la firma y continuar con una demanda internacional en su contra.

El directivo explicó que por el convenio que han intentado suscribir con las comunidades aledañas al Salar de Atacama, estas debieran recibir entre US$15 millones a US$20 millones anuales en total, pero que el gran problema es que la forma de distribución quedó en el aire y esto ha generado algunos conflictos potenciales.

“A la fecha el Consejo de Pueblos Atacameños mantiene la posición de llevarnos hasta la Corte Interamericana, por nuestro tema del Plan de Cumplimiento Ambiental, que estamos en proceso de revisión en conjunto con la Superintendencia. En ese contexto, ellos creen o han sostenido que aceptar esa plata de la Corfo de alguna manera va en contra de esta política o de esta convicción de oponerse a nosotros con acciones legales. Eso les perjudicaría. Pero el problema es que hoy día a la fecha existen empozados más de US$30 millones, que podrían ser entregados a las comunidades y al desarrollo del proyectos comunitarios”, explicó Guerrero.

“Al Gobierno regional de Antofagasta se le entregan US$10 millones anuales, a la Municipalidad de San Pedro se le entrega US$1,5 millones anuales. Y eso sin considerar las municipalidades de María Elena y Antofagasta que reciben cada una el equivalente a US$0,8 millones anuales”, explicó Guerrero.

Sergio Cubillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) explicó a La Tercera PM. que “él (Gonzalo Guerrero) menciona varias cosas que no son ciertas. Nosotros no hemos conversado con SQM sobre la bajada d los dineros, sino que con Corfo. Respecto a los conflictos internos tampoco es cierto, porque el Consejo ha decidido por sus comunidades no recibir esas platas y no estamos dispuestos a hacerlo porque son problemáticas que se dan en el territorio y ambientales que no ha cumplido SQM y que hoy imposibilita que podamos recibir esos recursos".

"Esto no tiene nada que ver con que exista una discrepancia entre las comunidades sobre quién recibe más o menos. Eso no está ocurriendo y cuando se tenga una decisión lo vamos a decir. Hay una acusación en la Corte Interamericana y vamos seguir con esa convicción porque creemos que SQM ha dañado gravemente el medio ambiente y al pueblo de Licanantai (Atacameños) y no vamos a ceder”, concluyó.

“Tenemos la aspiración legítima de continuar con el contrato en 2030”

El directivo explicó también que a la fecha la discusión sobre los dineros pasa por el acuerdo que alcance el CPA con Corfo. “Nosotros somos ajenos, pero estamos completamente dispuestos a colaborar en lo que sea posible para resolver el tema. El dinero está a disposición de Corfo cuando ellos lleguen a un acuerdo con las comunidades”, acotó.

Añadió también que el problema surge por las comparaciones que se realizan con los acuerdos que alcanzó Albemarle -competidora de SQM en el Salar de Atacama- con la población. En efecto, la norteamericana logró convenios en los que entrega dinero directamente a las comunidades entregando un 3,5% de sus ventas anuales y esto se distribuye en partes iguales. “Eso es lo que ha generado algún tipo de discusión y es la que hace nacer esta problemática, porque de alguna manera es la que hace que las comunidades surja la contingencia es si es una mejor forma o no, es una mejor forma de distribución”, explicó.

“Nosotros estamos abiertos a conversar con la asamblea del Consejo de Pueblos Atacameños y por lo tanto con todas las comunidades todas aquellas problemáticas que ellos quieran resolver con SQM. Como te digo, las empresas evolucionan y nosotros queremos ser parte de esa evolución por una nueva forma de relacionamiento”, añadió.

Por otro lado, el director de SQM también anticipó la posición de la minera de postular nuevamente a la próxima licitación que realice el gobierno al terminar el periodo de concesión que mantiene la compañía sobre las pertenencias mineras del salar de Atacama en 2030. “Tenemos la aspiración legítima de tratar de continuar con el contrato o con una modificación después del 2030. El Gobierno ha anunciado que va a licitar en su momento y nosotros obviamente quisiéramos continuar con la operación. Pero por otra parte, el mundo está cambiando, Chile está cambiando y recientemente tuvimos un plebiscito. Tenemos otra forma de ver las cosas en general en el país”, explicó Guerrero.

El 14 de octubre de 2020, SQM anunció que en el marco de su Plan de Sustentabilidad, comenzó a disminuir su consumo de agua, lo que se traducirá en 40% menos al 2030, transformarse en carbono neutral en litio, potasio y yodo. Además, en las operaciones del Salar de Atacama bajará su extracción de salmuera en 20% de forma inmediata y en 50% al 2030.

SQM puso en marcha un plan de mayor información a la comunidad en los niveles de extracción de agua y salmuera en el Salar de Atacama. Al respecto, el director de la minera sostuvo que “nos encantaría invitar al resto de la empresa que operan en el salar a que operaran así como estamos operando nosotros y con la misma transparencia”.

El compromiso de la compañía es ser carbono neutral en todos sus productos al año 2040 y en el caso del litio, cloruro de potasio y yodo al año 2030. Para ello, invertirá aproximadamente US$100 millones.

“SQM busca al año 2030 tener una marca que se asocie públicamente con las industrias verdes del mundo y para ello ha avanzado en pos de esta transformación en sustentabilidad a través de la publicación de su política de derechos humanos”, explicó SQM en un comunicado al anunciar su plan verde.

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