Intervalores: Fiscalía afina arremetida en EE.UU. para dar con los dineros de Gabriel Urenda

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Tal como lo hiciera en el caso Arcano, en su investigación por estafa piramidal en contra de Alberto Chang, la idea de la fiscalía es que su par norteamericano pueda colaborar y realizar gestiones in-situ para conocer los movimientos bancarios realizados por Urenda poco antes de que comenzara la crisis en el holding.


Esta semana será clave en la investigación por los delitos de estafa, apropiación indebida, lavado de activos y hasta infracción a Ley del Mercado de Valores que lleva adelante el Ministerio Público en contra del controlador del holding Intervalores, Gabriel Urenda.

El viernes, el fiscal a cargo de la investigación, Felipe Sepúlveda tomará la declaración a quien fuera el brazo derecho de Urenda, el ex gerente Comercial, Sebastián González. El ex ejecutivo es sindicado por el empresario como el responsable del descalabro financiero del holding, que a la fecha acumula pérdidas por más de $8.000 millones y, al menos, 50 personas afectadas. González, a su vez, interpuso una demanda laboral contra su ex jefe.

De concretarse la diligencia, será la primera vez que González entregue su versión sobre lo ocurrido. Esto luego que al inicio de la investigación fue citado a declarar, pero optó por su derecho a guardar silencio a fin de que su defensa –liderada por el abogado Ignacio Ried– recopilara mayores antecedentes de la indagatoria.

En medio del cúmulo de demandas y querellas que suma el grupo, la fiscalía ha acelerado las pesquisas para conocer el destino de los fondos administrados por el holding, y por ahora cobra mayor fuerza la idea de que los dineros se encuentran fuera de Chile. Bajo esa línea investigativa, por estos días, el Ministerio Público alista una petición de asistencia internacional penal a Estados Unidos.

Tal como lo hiciera en el caso Arcano, en su investigación por estafa piramidal en contra de Alberto Chang, la idea de la fiscalía es que su par norteamericano pueda colaborar en la investigación y realizar gestiones in-situ para conocer los movimientos bancarios realizados por Urenda poco antes de que comenzara la crisis en el holding.

Según la querella presentada por Panor, una de las principales importadoras y comercializadoras de azúcar del país, y que alega un perjuicio de $1.440 millones una vez depositados en las cuentas corrientes del Banco Security de Intervalores, esta última procedería a comprar divisas en casos en que le fue encargado para, posteriormente, transferir dichos montos a una cuenta bancaria en el extranjero.

"Esta compra de divisas se realizaría a través de una de las sociedades relacionadas al holding, la sociedad Intervalores Corredores de Bolsa Limitada. Luego, el dinero sería transferido a nuestro proveedor Pantealon desde la cuenta del Banco Deutsche Bank Trust Americas en Nueva York", consignó acción penal, patrocinada por abogados del estudio Carey.

Según trascendió, ante el fiscal Sepúlveda, el ex gerente comercial de Intervalores presentará una serie de documentación para respaldar su posición frente a las acusaciones de su ex empleador. Entre los documentos se encontrarían correos electrónicos, cartas, planillas de remuneraciones y notas internas durante su permanencia en el holding, que se extendió desde el 1 de septiembre de 2010 al 18 de abril de 2018.

Nuevas diligencias

Por lo pronto, la Fiscalía alista nuevas diligencias en Chile, apuntando al rol de la auditora Deloitte por un informe que encargara la propia administración Intervalores. Esto luego que el fiscal Sepúlveda se reuniera con el Fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) Andrés Montes. En el informe se detallan los reparos efectuados por la auditora de activos mal contabilizados y pasivos no contabilizados en la cuenta contable de moneda extranjera de la corredora de bolsa.

Según quienes han tenido acceso a la investigación que abriera la CMF, tras el cambio de auditora, al asumir Deloitte se percató de la existencia de  una glosa de los activos y pasivos que no calzaba con la información recibida.

En otro tema, hace pocos días se sumó al listado de acreedores de Intervalores Corredores de Bolsa, la  Bolsa Electrónica de Comercio a través de su filial Inversiones Bursátiles S.A. Ante el 27º Juzgado Civil de Santiago, exigió el pago de seis facturas que suman en total $.7.774.669 que fueron emitidas por el servicio de Data Tech que era proporcionado por Inversiones Bursátiles. La firma es representada por Marcelo Giovanazzi del Alcaíno Abogados.

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