Justicia reactiva plan de concesiones penitenciarias para ampliación, operación y construcción de nuevas cárceles

Era marzo de 2022 y el pleno de la entonces Convención Constitucional aprobaba, por 107 votos a favor, 38 en contra y 8 abstenciones, el artículo 16 del segundo informe de la Comisión de Justicia que establecía que el Estado es el único que puede “ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad”.

De inmediato -como en otras materias- las alertas se encendieron, pues en la práctica esto se interpretaba como el fin de las cárceles concesionadas. Aquello, a pesar de que el 36% de la población penal se encuentra privada de libertad en uno de los ocho recinto de este tipo que existen a nivel nacional.

En ese entonces, la otrora ministra de Justicia, Marcela Ríos, no descartaba que esto fuera el fin del modelo instalado en el año 2000 durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, aunque insistía en que de aprobarse la propuesta de texto constitucional, “en ningún caso se va a cerrar ninguna cárcel”.

La iniciativa no prosperó tras el plebiscito del 4 de septiembre y efectivamente ningún recinto penitenciario cerró sus puertas, pero en los meses venideros poco y nada se habló respecto de cómo se enfrentaría el déficit que a esas alturas era evidente, dado que los niveles de ocupación superaban con creces las plazas disponibles.

Eso dio un giro, eso sí, cuando se produce el ajuste ministerial que posiciona al hoy ministro Luis Cordero a la cabeza de Justicia. Y es que si bien durante 2022 el subsecretario del ramo, Jaime Gajardo, había estado trabajando en los planes con que se abordaría sobrepoblación carcelaria, no fue hasta iniciado 2023 que la administración del Presidente Gabriel Boric se inclinó por mantener y reactivar el plan de concesiones penitenciarias.

Así, se definió en conjunto con Hacienda y Obras Públicas que gran parte de las ampliaciones que se realizarían en recintos ya existentes se ejecutarían bajo ese modelo, al igual que la construcción y operación de los nuevos. De esta forma, el pasado 12 de enero se abrió la licitación para habilitar y operar la nueva cárcel “La Laguna” de Talca, que tiene una capacidad para 2.300 personas.

Pero eso no es todo, ya que como indicó Cordero a La Tercera, durante el segundo semestre de este año se llamará a licitación para la construcción de la prometida cárcel “El Arenal” de Copiapó y a inicios de 2025 para el nuevo penal de Calama.

Bajo el mismo modelo, entre el último trimestre de 2024 y primer trimestre de 2025, se licitarán las ampliaciones de los centros penitenciarios de Antofagasta, Alto Hospicio, La Serena y Rancagua. Y durante el primer semestre de 2025 también se re-licitará la operación y ampliación de la cárcel de Puerto Montt.

A esto se suma, igualmente, la re-licitación del Centro de Justicia de Santiago, que en esta oportunidad incluirá la zona de tránsito, que es el sector donde llegan vehículos de Gendarmería y se distribuye a personas privadas de libertad. La idea de eso es aumentar las medidas de seguridad y las condiciones en que se desempeña el personal penitenciario.

De acuerdo con el análisis del ministro Luis Cordero, en el tema de concesiones ha existido un fuerte aprendizaje. Como releva, se ha comprendido “como tema central que la cooperación público-privada es esencial en el desarrollo de infraestructuras”.

Por lo mismo, afirma que se optó por mantener la fórmula, aunque con ajustes relevantes. “Lo que uno debe tratar de buscar es el punto de equilibrio adecuado, porque hay algunas cosas que los concesionarios hacen bien, a propósito de la construcción, de la operación de servicios de apoyo, pero hay otras tareas, que son núcleo central, que en este modelo de concesión pareciera que es mejor que las realice el Estado”, sostiene.

Se refiere, en concreto, a que las acciones de reinserción especializada deben estar en manos de Gendarmería y, por eso, en las nuevas bases de licitación de operación de penales se realiza esa modificación. Entre otras cosas, como explica el secretario de Estado, “porque a partir de esas políticas y de esos informes que elabora Gendarmería se generan otra serie de consecuencias en el otorgamiento de beneficios penitenciarios”.

Otra de las modificaciones que se incorporan es que los concesionarios deberán aumentar el números de especialistas de salud que se desempeñan en el lugar, al igual que las horas de telemedicina. Esto último a fin de evitar, en los casos que pueda aplicarse, perder tiempo en traslados.

“Desde el punto de vista de la política pública, uno tiene que actuar con pragmatismo, y ese pragmatismo tiene que tratar de representar dos cosas: tener capacidad en los centros penitenciarios y en condiciones dignas. Eso no solo significa espacio, sino que también servicios esenciales a la población penal que se encuentra en su interior”, afirma.

Sobre las críticas que han pesado sobre el sistema y la resistencia que inicialmente pudo tenerse respecto de mantenerlo, Cordero enfatiza en que, aunque considera que hay críticas que son legítimas, “no es posible avanzar en la ampliación de la infraestructura pública y en particular de la infraestructura penitenciaria sin la participación privada”.

Considerando que aquello se hace sobre la base del aprendizaje previo y asumiendo que debe haber mejoras, según resalta el ministro, la modificación de las licitaciones también va de la mano con la transformación de los planes de formación de Gendarmería con miras a aumentar su especialización.