Los audios que complican a jueza ligada a narcotraficantes

Cecilia Urbina Pino era la magistrada del Juzgado de Garantía de Coyhaique mientras su hijastro era investigado por tráfico de drogas.

La magistrada del Juzgado de Garantía de Coyhaique Cecilia Urbina fue formalizada este martes por revelación de secreto y prevaricación, ya que le informó a su marido sobre una causa que tenía su hijastro en el sistema del Poder Judicial y que lo ligaba a narcos. En los audios se identifica que alerta, incluso, a uno de los defensores del caso.


“Se tuvo que incomunicar un rato porque su papá le dijo que había problemas. Su papá le avisó que tenía que eliminar el fono, porque había una solicitud de eso y para no correr riesgos”, dice la jueza de Garantía de Coyhaique, Cecilia Urbina Pinto, a un sujeto que estaba en busca de su hijastro Jorge Cáceres Vásquez quien era investigado por tráfico de drogas. Esta es una de las pruebas que se presentaron en la formalización de este martes contra la magistrada que es investigada por alertar a un grupo de narcotraficantes, entre ellos su hijastro, que estaban siendo investigados. Tras la imputación por prevaricación y revelación de secreto la mujer quedó con prohibición de salir del país.

La fiscal del caso María Inés Núñez descubrió que una de las personas investigadas era hijo del marido de la magistrada, por lo que solicitó en enero de 2021 que las diligencias se declararan confidenciales, para evitar que Urbina tomara conocimiento de las medidas solicitadas, como, por ejemplo, la intervención del teléfono del investigado. En medio de este proceso se detectó que la jueza le informó a su cónyuge Jorge Cáceres Osses la existencia de la causa, que era reservada, enterándose de hechos y procesos internos.

“Mi marido, Jorge Cáceres, tiene un hijo que está preso. Es de una causa media emblemática para la fiscal, que es por tráfico. Creo que te tocó a ti, Mauricio Martínez es el defensor”, dice Urbina en un audio que fue pinchado por la policía. En la llamada se contacta con otra mujer. “Mi marido quiere hablar contigo para ver si puedes pedir una cautela de garantía. ¿Él a donde te puede llamar? ¿Cómo puede hablar contigo?”, le pregunta insistentemente la jueza a la que – se presume- es la abogada defensora. “Que me llame a este número personal, o que me escriba antes”, recibe de respuesta Urbina.

En otro de los audios se escucha a Cáceres conversando con la pareja de su hijo, y le comenta “haré los intentos por otro lado para presentar la cautela de garantía (…) yo me voy a acercar para apurarla, porque ya me tiene preocupado. A veces (Urbina Pinto) me informa de las cosas que tengo que hacer, pero no mucho por teléfono, porque pueden estar intervenidos”, afirma.

En la formalización de la jueza se mostró como antecedente que en julio del presente año Urbina Pinto se comunicó con el abogado defensor Mauricio Martínez Peralta, a quien le divulgó la existencia de la causa reservada y le comentó sobre la investigación por el delito de tráfico de drogas que era investigado su hijastro Cáceres Vásquez.

Las sospechas

Las escuchas telefónicas dan cuenta de la preocupación de la magistrada por una solicitud que levantó la fiscal Núñez, la que tenía relación con la notificación de todo aquel que ingresara a revisar la causa al sistema del Poder Judicial. Me llamó la atención que el 6 de julio, porque siempre la veo para ver en qué va, presentó un escrito ella donde solicita que se informe a la fiscalía qué personas a partir de enero de 2021 han entrado a la causa a verla, para que se señale todo con detalle”, le dice Urbina Pinto a uno de sus funcionarios.

En la misma conversación añade, “pienso yo, debe pensar que le he pasado como datos, pero no”, le afirma la jueza.

Además a la magistrada se le imputan dos delitos de prevaricación, ya que en otros dos casos ocurridos en julio de 2020, donde uno de los imputados era otro hijos de su pareja, la jueza participó del proceso y dictó condenas contra sus hijastros, sin informar de su evidente relación y vinculación con ellos.

Juzgado de Garantía de Coyhaique decretó un plazo de 60 días de investigación tanto para la magistrada como para su marido, Jorge Cáceres Osses.

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