Más allá de abril: La derecha apura la búsqueda de sus mínimos comunes para una nueva Constitución

Aunque no tienen encima un plazo perentorio, el cronómetro comenzó a correr hace un par de semanas, cuando lo pidieron formalmente las directivas de la UDI, RN y Evópoli. Para fines de este mes, calculan en el sector, equipos dedicados de la Fundación Jaime Guzmán, Instituto Libertad y Horizontal terminarán de elaborar sendos documentos para abrir ya la discusión de fondo de lo que vendrá el próximo año, pero un mes antes de que se escrute el último voto del 25 de octubre: en qué tipo de Constitución va a estar y no de acuerdo la derecha cuando llegue la hora de discutirla en el órgano que resulte elegido.

En cada uno de los tres centros de estudio hay una o un especialista senior -los tres, abogados constitucionalistas, quienes a su vez trabajan con otro profesional adjunto- a cargo de esta labor técnica, que luego será compartida y remitida a los partidos. Por la FJG está Constanza Hube; por Horizontal, José Francisco García, y por IL, Víctor Manuel Avilés. El objetivo, explican, es que antes de octubre, pero sobre todo antes del referéndum de entrada, la derecha pueda dar una señal de cohesión que se proyecte mucho más allá de esa noche... pero que al mismo tiempo no desmoralice al sector. En parte por eso han estado trabajando en silencio, ya que adelantarse a plena luz del día da por hecho una derrota del “Rechazo” y reconocen que puede herir sensibilidades.

Es la misma aprensión que ha predominado en otros esfuerzos que apuntan a lo mismo, pero que corren (o parecen correr) por carriles separados. Libertad y Desarrollo, por ejemplo, ya tiene casi concluido el proceso que se inició en el primer semestre bajo la conducción del exministro Andrés Chadwick, del entonces senador RN Andrés Allamand y de la directora ejecutiva Marcela Cubillos. Allá se encargaron capítulos completos a un equipo de especialistas, pensando -al menos esta era la concepción original- en tener un texto completo realizado sobre la base de la propuesta constitucional de Michelle Bachelet. Una especie de borrador de una Carta Magna para no enfrentar con las manos vacías la discusión constitucional 2021.

Algunos apartados ya han sido revisados en los últimos días, y todo eso se ha manejado bajo llave. De momento, el trabajo de LYD no estaría conversando o coordinándose estrechamente con lo que hacen los tres organismos de los que se ocupa esta nota, aunque una de sus cabezas -la constitucionalista Constanza Hube- representa a la UDI en los centros de estudio. Pero al menos durante esta mañana no se pudo despejar el punto allá. Hay, además, otros núcleos de abogados y entendidos adelantando labores similares, y La Moneda no está al margen de esto.

Volviendo a los tres think tanks de los partidos, éstos no tienen como misión llegar con textos articulados ni terminados a fin de mes, sino que poner sobre la mesa documentos en que planteen los mínimos comunes a los que debería aspirar el sector, pensando en construir un piso que más tarde defiendan los convencionales que se elijan en siete meses y fracción.

Todo esto gira en torno al siguiente eje que comparten en el bloque: que mientras la derecha aparece dividida y revuelta entre el “Apruebo” y el “Rechazo”, una vez pasado el 25/O tendrá más razones y contenidos para unirse, y que eso se daría casi por inercia. Y que a la oposición le pasará lo contrario, es decir, que pasará de estar alineada y probablemente festejar un triunfo esa noche, a desordenarse en torno a los temas de fondo porque hasta ahora no se ve diálogo ni acercamientos entre la DC, el PC y el FA (menos si ya están lidiando con las presiones electorales de la presidencial).

Dicho diagnóstico no es ajeno a las mentes de la oposición, donde además deben evitar la dispersión en las listas de candidatos a la convencional para evitar regalarle un triunfo al oficialismo.

Entre los tres centros de pensamiento derechistas no han entrado a debatir ni nada formalmente, sino que solo se han coordinado para esta fase embrionaria. Pero entre sus profesionales se conocen y saben más o menos lo que piensan en cada uno porque ya se han encontrado antes co redactando libros y en otras ocasiones. Por lo mismo, están conscientes de que aunque el sector contaría con la ventaja del impulso unificador después del plebiscito, abrir la discusión de fondo también expondrá diferencias.

Al igual como ocurre en la oposición -donde ya circulan esfuerzos similares- “habrá aspectos en los que tendremos acuerdo y otros temas que no podrán estar entre nuestros mínimos comunes”, sincera uno de los consultados. “No tengo tan claro a cuáles vamos a llegar", advierte otro. Acá entrarán a tallar las identidades más liberales o conservadoras.

Por ejemplo (y siempre hablando en borrador), entre los expertos del sector se parte de la base que tendrán consenso casi innato en que un prospecto de Carta Magna debería incluir asuntos que los unen y separan de la oposición, como el derecho a la libertad de enseñanza, la idea de que la “sociedad civil” y especialmente los privados tienen que participar de lo público y modernizar el Estado, entre otros conceptos. Es lo que creen por ahora.

Sobre lo demás, penden incógnitas. Desde ya se asume que una será si estará o no en estos mínimos comunes (y cómo) la cuestión de los derechos sociales: cuáles podrían quedar garantizados y no en la Ley de Leyes y otros alcances, más allá incluso de los costos asociados a la cobertura de cada uno. “Es un nudo no menor”, reconoce en los grupos de trabajo. En ese campo habrá que definir posturas en torno a derechos relacionados con la salud, la vivienda y varios otros. Otras voces creen que este punto tal vez no llegue a los mínimos comunes.

Pero Consuelo Alvial, directora ejecutiva del Instituto Libertad -que tiene como delegado en esto a Víctor Manuel Avilés- anticipa que por el lado de ellos sí consideran “ver cómo incorporamos los derechos sociales”. Claro que advierte que si bien “hay cierto consenso en garantizar ciertos derechos sociales, el tema es cómo bajamos eso a leyes que cumplan ese objetivo. Por ejemplo, el derecho a vivienda, donde mucha gente se gana un subsidio, pero no tiene cómo pagarlo porque no hay viviendas de un valor a su alcance en el tramo correspondiente”.

Otro campo de potencial debate -si lo hay- podría ser si se preferirá abordar o no la cuestión del Estado subsidiario, concepto profundamente ligado al ideario del sector. Hace unas semanas, el inconfeso candidato presidencial UDI Joaquín Lavín puso sobre la mesa que lo mantendría “en unas áreas sí y en otras no. Si me dices que el Estado debe garantizar derechos sociales, sí”, inclinándose así por el concepto opuesto de Estado solidario.

Estas disquisiciones por resolver están cruzadas también por otro punto que se debería debatir en este proceso: si el piso común de la derecha irá por el lado lado de una Constitución maximalista o minimalista. Simplificando la explicación, la primera apunta a normar más y la segunda a normar menos, dejando espacio a las leyes y políticas públicas. Algunos entendidos suelen asociar las primeras a textos rectores de pocos artículos, por ejemplo.

Dicho punto, advierten en los centros de estudio, podría implicar otra discusión. En Evópoli dicen estar por una Ley de Leyes minimalista, y hay voces en RN que están por la misma línea porque creen que así será más fácil mantener cohesión al momento de ir al órgano constituyente. Mientras se limiten a los colores primarios, y no se abran a toda la carta Pantone -ilustran- eso será más fácil. Pero en el ala liberal creen que la conservadora, ligada a algunos sectores de la UDI y también de RN, podrían optar por un texto más detallado para defender “bastiones" como “las leyes orgánicas y el Tribunal Constitucional”.

“La Constitución no puede ser un programa de gobierno”, advierten.

Pero todo eso comenzará a asomar cuando los documentos que estarán listos a fines de septiembre abran la discusión, en paralelo con la recta final de la campaña para el 25/O. Los delegados de los tres centros de estudio hasta ahora prefieren más el silencio que explayarse por adelantado, aunque sí expresan algunos pareceres al ser consultados.

"Como sector, en Chile Vamos es muy importante lo que están desarrollando los centros de estudios, en pos de encontrar la máxima cantidad de acuerdos para poder afrontar constructivamente el proceso constitucional que venga, desde los contenidos”, sincera el director ejecutivo de Horizontal, el economista Sebastián Izquierdo.

Constanza Hube, especialista senior de la Fundación Jaime Guzmán, hace ver que “tenemos que ser serios y responsables en los mensajes que se les está dando a los ciudadanos: las soluciones a las llamadas demandas sociales no pasan por una nueva Constitución. La Carta Fundamental no establece montos, fórmulas o cálculos, sino que reglas para estructurar el poder y el resguardo de derechos fundamentales. Esto depende de las políticas públicas y de las leyes sociales se deja a la deliberación democrática, es decir al Ejecutivo y al Congreso, por quienes los ciudadanos votamos cada cuatro años”.

Alvial recalca que “tenemos que tener una mirada de mediano y largo plazo, más allá de las elecciones, y estamos llamados a construir ideas y fundamentos. Estamos estudiando los requerimientos que ha levantado la ciudadanía después del 18 de octubre, tanta para proponer reformas a la Constitución, como para levantar un documento si es que gana el Apruebo”. Y reconoce que como “en la UDI y en RN hay gente por el Apruebo y por el Rechazo, la delicadeza de este documento es que llama reformas, pero que también sirva de base para el proceso que venga después”.