De ministros para abajo: se inicia proceso para aplicar test de drogas a autoridades públicas

Las leyes 18.575 y 20.000 lo exigen y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) debe aplicarlo año a año. Así, ministros, subsecretarios, jefes de servicio, directivos superiores o jefes de división, intendentes, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes, concejales, consejeros (también directivos superiores) del Banco Central y jueces (según normas del Código Orgánico de Tribunales) podrían ser requeridos en las próximas semanas para someterse a un examen de drogas.

Para ello, el Senda ya inició el proceso de 2019, que contempla, en primer lugar, el envío de oficios a las diversas autoridades sujetas a esta legislación, con el fin de informarles del desarrollo de estos procedimientos. A su vez, los organismos deben designar un encargado interno e informar al servicio quién será esta contraparte.

Así lo confirmó a La Tercera PM el director de Senda, Carlos Charme, quien detalló además que, en cada institución, entre 10 y 15 funcionarios, seleccionados también aleatoriamente, deberán someterse a los test. Es decir, este año, entre 350 y 450 funcionarios públicos pasarán por este proceso.

Respecto de los plazos, Charme informó que el próximo 29 de abril se publicarán las bases para una licitación que permita la contratación de una empresa externa encargada de la toma de muestras, mientras que, ante notario y por sorteo, el Senda deberá seleccionar a 40 instituciones públicas que serán sometidas al procedimiento, y otras 40 quedarán como "suplentes", de manera de "cubrir el máximo de exámenes posibles".

En mayo, en tanto, será adjudicada la licitación -con un presupuesto de $35 millones-, de manera de aplicar los muestreos entre ese mes y agosto próximo. De esta manera, la empresa encargada deberá entregar un informe preliminar en septiembre y un segundo informe final, en octubre.

Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que arrojan resultado positivo en el test? Charme explicó que "ellos tienen un tiempo para exponer qué es lo que están consumiendo; esto es evaluado por una comisión, que determina si es acogida o no su aclaración". Esto, considerando aquellos casos de personas que consumen drogas lícitas, como antidepresivos o ansiolíticos. Ahora, si la aclaración no es acogida, el director del Senda precisó que la ley exige que se someta a un tratamiento.

Según explicó el diputado RN Frank Sauerbaum, es este procedimiento el que él mismo usó de base para un proyecto de ley presentado en enero de este año, con el que busca extender la obligación de someterse a estos exámenes antidrogas a diputados y senadores, quien en la actualidad no están contemplados en esta norma. Además, plantea que, en virtud del principio de probidad en la función pública, "esta es una exigencia que los parlamentarios también deberíamos tener".

"Es necesario que la Cámara de Diputados modifique su reglamento interno y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para que diputados y senadores, en observancia de este principio de probidad, también queden sujetos a esta obligatoriedad de control de sustancias o drogas o estupefacientes, porque la ciudadanía demanda que tengamos criterio y no dependamos de droga alguna que nos haga equivocarnos y tener dependencia de alguna sustancia ilícita", sostuvo.

Sauerbaum fue parte de los parlamentarios que ayer se sometieron a un test de drogas en la misma Cámara de Diputados, en el marco del plan "Elige Vivir sin Drogas" anunciado por el Presidente Sebastián Piñera el pasado lunes y como una forma de dar una "prueba de limpieza" ante la ciudadanía.

Consultado por esta iniciativa, Charme sostuvo que "como director del Senda, tengo que ejecutar lo que dispone la ley 18.575 y la ley 20.000 y estoy abocado a ello".