No a la barbarie

La madrugada del día lunes, Margarita Ancacoy, se dirigía por la calle República a su lugar de trabajo como encargada de aseo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. 5 sujetos la asaltaron y la golpearon con puños y con un trozo de madera en reiteradas ocasiones en su cráneo. El brutal asalto le provocó su muerte. Un magro botín de 5 mil pesos y un celular fue el producto del robo. Una cámara cercana al lugar captó el momento en que los 5 asaltantes huían y se distinguía en la cara de uno de ellos una ligera sonrisa. El atroz crimen, por supuesto provocó la indignación nacional. Rápidas pesquisas de la Policía lograron la detención de 4 sospechosos, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana. Fueron formalizados por el grave delito de robo con homicidio, que es uno de los pocos que en nuestra legislación establece como pena la cadena perpetua calificada y se decretó por el tribunal la medida cautelar de prisión preventiva.

Hasta ahí, la respuesta que el sistema entregó a la barbarie fue el derecho. A tan graves hechos, el sistema respondió con rápidas diligencias y con el encarcelamiento preventivo de los imputados.

Sin embargo, tras el comienzo de la prisión preventiva nuevamente apareció la barbarie. Un grupo de internos en la cárcel decidió hacer justicia por su propias manos y sometió a variadas torturas a dos de los detenidos. Golpes, aplicación de electricidad en sus cuerpos y la exigencia de que le pidieran perdón a Chile por los hechos que habían cometido fue parte del registro que captó uno de los mismos internos con su teléfono y que luego se viralizó por las redes sociales.

A la barbarie le volvía a suceder la barbarie.

La tortura es definida como el grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de castigo. Esto es justamente lo que se hizo en este caso. Y es inadmisible.

A todos nos debió causar rabia e indignación el crimen de Margarita Ancacoy. Pero también a todos nos debería causar indignación también las torturas a las que fueron sometidos sus presuntos autores. Porque la tortura es un crimen de lesa humanidad también y estando presente desde tiempos inmemoriales, el progreso de la civilización ha decidido desterrarla de nuestro actuar por cruel y también por inútil. Cruel, porque muestra la peor cara de lo que somos como sociedad al permitir que sean nuestros propios odios los que afloren incluso ante crímenes tan alevosos como éste. Inútil, porque en nada contribuye a reparar el mal causado ni a prevenir en el futuro. Por inútil también ha sido desterrada del actuar policial e investigativo, porque produce confesiones de inocentes. Galeano, con su pluma maestra, en el Libro de los Abrazos cuenta la historia del asesinato de dos mujeres:

"El doble crimen había sido a cuchillo, a fines de 1982, en un suburbio de Montevideo. La acusada, Alma Di Agosto, había confesado. Llevaba presa más de un año; y parecía condenada a pudrirse de por vida en la cárcel. Según es costumbre, los policías la habían violado y la habían torturado. Al cabo de un mes de continuas palizas, le habían arrancado varias confesiones. Las confesiones de Alma Di Agosto no se parecían mucho entre sí, como si ella hubiera cometido el asesinato de muy diversas maneras. En cada confesión había personajes diferentes, pintorescos fantasmas sin nombre ni domicilio, porque la picana eléctrica convierte a cualquiera en fecundo novelista; y en todos los casos la autora demostraba tener la agilidad de una atleta olímpica, los músculos de una fuerzuda de feria y la destreza de una matadora profesional. Pero lo que más sorprendía era el lujo de detalles: en cada confesión, la acusada describía con precisión milimétrica ropas, gestos, escenarios, situaciones, objetos...  Alma Di Agosto era ciega."

Episodios de tortura como el ocurrido en el Penal de Santiago I son también una barbarie. Lo increíble es que algunas o muchas personas de criterio razonable hayan justificado o peor aún,  aplaudido el hecho. ¿Qué explicación puede darse? Lamentablemente cuando se desconfía de la justicia, cuando se desconfía de la heterotutela, emerge la autotutela. Por eso es importante que los organismos a cargo de la administración de justicia generen confianza en una sociedad.

Una encuesta en diversos países de la OECD realizó la misma pregunta en ellos: ¿Confía usted en el sistema de justicia de su país? Noruega y Dinamarca encabezaron el ranking, en el cual un 82% de los encuestados respondieron que sí confiaban. El promedio de la OECD alcanzó el 55%. En América Latina, México alcanzó un 32% y Perú un 21%. En el penúltimo lugar aparece Chile con un 15%, sólo superando a Ucrania que tiene un 11%.

La encuesta es demoledora para Chile pero no parece haber generado un efecto mayor en sus actores para revertir estas cifras. El sistema de justicia compuesto básicamente por los Tribunales y la Fiscalía, debiera tomar debida nota de la falta de confianza que genera y de los efectos nocivos que ello provoca en la población. Es posiblemente el mayor desafío que el sistema tiene. Recuperar la confianza de la ciudadanía en él. Y a ese desafío no parece dársele importancia. A la barbarie, la única respuesta es el derecho.