Propuesta de Eyzaguirre le da permiso al Presidente para disolver el Parlamento

"El necesario cambio al régimen político, hacia un presidencialismo parlamentarizado". Así se titula la propuesta de cambio al régimen político que esta semana terminaron de escribir el ex ministro secretario general de la Presidencia y luego titular de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, en conjunto con el abogado constitucionalista Tomás Jordán, y la ex directora de Estudios de la Segpres, Pamela Figueroa.

La versión final del ensayo -al que tuvo acceso La Tercera PM-  tiene su origen en el trabajo realizado por Eyzaguirre y su equipo para el Proceso Constituyente que impulsó la ex Presidenta Michelle Bachelet y que derivó en un proyecto de Nueva Constitución. Y también emana de la discusión por las reformas políticas para el perfeccionamiento de la democracia, como la Nueva Ley de Partidos Políticos.

El texto será presentado el 3 de octubre en Flacso por los constitucionalistas Gastón Gómez, Lucas Sierra, María Cristina Escudero, además del ex ministro Genaro Arriagada (DC), el sociólogo Manuel Antonio Garretón (PS) y el dirigente de RD Sebastián Depolo.

La propuesta que atraviesa las 32 páginas del ensayo de Eyzaguirre, Jordán y Figueroa, plantea que "se debe avanzar en una fórmula que permita equilibrar e instituir un sistema de colaboración entre Ejecutivo y Legislativo, basada en que el Presidente de la República cuente con una mayoría clara en el Congreso con la cual gobernar. Esto requiere avanzar hacia una democracia de partidos fuertes. No hay democracias estables ni duraderas sin partidos en igual situación".

La propuesta emana del diagnóstico de que la excesiva concentración del poder en el Ejecutivo, no permite que ningún Gobierno -desde la derecha a la izquierda- pueda desarrollar su propio programa de Gobierno. Sostiene que este "no sólo es un modelo que desconfía de la oposición original a la Constitución, sino que impide que cualquier proyecto político se pueda realizar".

"Gobernar en un sistema multipartidista (hoy con 16 fuerzas políticas en el Congreso y en el Congreso pasado con 12) basado en liderazgos individuales, con quórums supra-mayoritarios y un Tribunal Constitucional como tercera cámara y controlador de la política, hacen muy difícil ejecutar una agenda de Gobierno. Lo anterior se agrava si el Gobierno está en minoría como ocurre actualmente", dice el ensayo.

Agrega que "el Presidente enfrenta un Congreso cuya mayoría le exige otra agenda política y, por ende, su única salida es una negociación programática. En este contexto, la ciudadanía no tiene un rol activo en el sistema y únicamente es una ciudadanía electora, ajena a la toma de decisiones".

La propuesta establece la facultad del Presidente de disolver, por una sola vez, durante los dos primeros años de su mandato, al Congreso Nacional.

"El Presidente(a) de la República inicia su mandato con una mayoría en el Congreso producto que ésta lo eligió. El modelo propuesto permite que éste cuente con esta mayoría, pero también que ella se mantenga en el curso de su mandato".

Respecto al periodo presidencial, que recurrentemente es motivo de debate al considerar que cuatro años es un tiempo insuficiente para ejecutar proyectos, los autores sostienen que el camino apropiado es mantener los cuatro años, pero con la posibilidad de reelección inmediata por una sola vez.

El ensayo plantea "volver a la segunda vuelta en el Congreso Nacional, como fue nuestro sistema electoral bajo la Constitución de 1925, pero modificada". Sostiene que la "finalidad es que el Presidente(a) sea aquel que tenga la mayoría nacional, y la forma más expresiva de ello es que cuente con sus votos (primera vuelta) pero también con los votos de la mayoría parlamentaria. Se busca la confluencia de la doble legitimidad de los regímenes presidenciales (Presidente(a) y Congreso), y la construcción de mayorías de gobierno post electorales".

La propuesta del ex ministro de Bachelet y de los abogados Jordán y Figueroa cree en la figura de un Congreso unicameral para permitir que los liderazgos políticos relevantes lleguen al Congreso.

Al respecto sostiene que: "en Chile la bicameralidad no se justifica por diversas razones. La Cámara de Diputados y Senado realizan las mismas funciones y tratan ambas de ser proporcionales a la población (cuestión que el Senado no cumple). La duplicación de funciones (la

formación de la ley establece procedimientos espejos) y la incorporación de más actores (dos cámaras) hace más lento el proceso legislativo, generando muchas veces bloqueo entre cámaras"

También propone la facultad del nuevo Congreso de censurar al Presidente y convocar a nuevas elecciones presidenciales.

Fundamenta la posibilidad de censura al jefe de Estado en que "se requiere de partidos políticos fuertes que puedan velar por el correcto y responsable ejercicio del poder político. El presidencialismo parlamentarizado hace co-responsable al Congreso en la toma de decisiones

relevantes. "El híper-Presidencialismo debe ser atenuado con un Congreso fuerte pero que le permita mayorías al Presidente para el buen ejercicio del Gobierno", sostiene el texto.

La propuesta también aborda el rol del tribunal Constitucional que hoy opera como cámara revisora de las leyes emanadas del Congreso.

"La relación ejecutivo/legislativo sólo puede cerrar correctamente si el Tribunal Constitucional habilita el juego democrático. Es necesario eliminar el control preventivo de constitucionalidad de las leyes", dice el texto.

Junto con ello, señala que "una reforma al sistema de nombramiento le otorgará una relegitimación. Es necesario incorporar las audiencias públicas obligatorias para su nombramiento en las tres sede del poder (Ejecutivo, legislativo y judicial)".

Inspirado en el Proceso Constituyente de 2016, la propuesta de reforma al régimen político revaloriza los mecanismos de democracia directa.

"La ciudadanía debe influir en las decisiones públicas. Es una demanda y un estándar inevitable. La incorporación de ciertos mecanismos de democracia directa como el mandato revocatorio de leyes permitirán establecer una relación y control directo entre ciudadanía y Congreso. Este

mecanismo evitará leyes espurias, al funcionar como instancia previa de deliberación entre la ciudadanía y el Parlamento con miras a evitar la vigencia de leyes que representen intereses sectoriales y no generales", sostiene.