El angustiante camino judicial de una víctima de usurpación

Mientras salían del Fundo La Galera, en la comuna de Corral, Región de Los Ríos, Óscar Brahm pensaba que todo lo que estaba ocurriendo no era posible. Ese 2 de marzo estaba saliendo de su propio terreno, el cual compró con otros dos socios hace 17 años, escoltados por policías, en medio de barricadas y amenazas de un grupo radical mapuche.

Las imágenes las recuerda casi de memoria y todo lo que pasó ese día también. Un grupo de 15 personas de la Comunidad Indígena Lonko Pablo Nauco llegó al terreno y le dijeron que allí se quedaban: “Ustedes se tienen que ir, porque esta tierra es nuestra”, les dijo uno de los integrantes del grupo.

Luego de aquello, a través de redes sociales, la comunidad indígena informó que se trataba de “un proceso de recuperación de los territorios de Punta Galera y Colún (...), que hoy en día se encuentran en manos de particulares latifundistas”.

Los nueve meses en los que el campo ha estado tomado, el empresario asegura que les ha generado “una tremenda angustia, impotencia, muchísima rabia, porque esto lo compramos con mucho esfuerzo, construimos nuestras casas, tenemos a nuestros animales y es dramático no saber qué es lo que está pasando adentro”.

Brahm se nota frustrado y advierte: “Aquí la causa mapuche no tiene nada que ver. Aquí es un grupo de gente que se está aprovechando, está robando leña, está cortando árboles nativos, eucaliptos, y se están dedicando al negocio de la leña”. El empresario hace una pausa y reflexiona. “Lo que yo he pasado este último tiempo no se lo doy a nadie, además, es algo que le puede pasar a cualquiera, ya sea en un campo, en una casa, en un terreno, llega gente que no tiene ni un derecho a nada, entran y nadie los saca”, lamenta.

A partir de esta usurpación, Brahm y sus socios presentaron una serie de acciones judiciales para recuperar el terreno. El Ministerio Público estableció medidas de resguardo del predio, puntos fijos de Carabineros y rondas policiales. Sin embargo, los resguardos nunca se aplicaron debido a la falta de capacidad de la policía uniformada, dicen los dueños del terreno.

Junto con eso, acusaron que la ahora exdelegada Paola Peña (PC) recibió al grupo en su oficina. La delegación, por su parte, explicó que se debía a que el grupo buscaba conseguir personalidad jurídica.

Aquello generó que los propietarios del predio presentaran un recurso de protección en contra de la Delegación Presidencial de Los Ríos, por no ejecutar las medidas de protección a su favor. El 24 de octubre, la Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó a la mencionada autoridad “velar por el cumplimiento de los requerimientos del Ministerio Público, adoptando las medidas pertinentes para que Carabineros cumpla con las medidas de protección decretadas”.

Ese fallo fue apelado por la delegación ante la Corte Suprema. El máximo tribunal falló el 29 de noviembre y ratificó el revés judicial para la autoridad regional.

Consultados respecto de este caso, desde la Delegación Presidencial de Los Ríos sostuvieron que “somos respetuosos de los fallos judiciales, por lo que daremos cumplimiento de manera eficaz, eficiente y oportuna a la sentencia judicial. Para esto nos encontramos trabajando en la elaboración de un plan de medidas con estricto cumplimiento a lo decretado por el tribunal de alzada valdiviano”.

Brahm asegura que desde el punto de vista legal han agotado todas las instancias y que se siente impotente. “En la práctica nosotros seguimos sin poder recuperar lo que es legitimante nuestro”, afirma.

El abogado querellante, Cristóbal Grünwald, sostiene que en el fallo de la Corte Suprema “hay una cosa que es relevante, que tiene que ver con que las cortes más al sur de la Macrozona Sur están ya reconociendo el problema de la mal denominada violencia rural”.

Durante la próxima semana, los propietarios se reunirían con la delegación y la policía, con el fin de coordinar las medidas de protección y tratar de recuperar -esperan- el lugar que dicen les pertenece y al cual no pueden entrar hace ya nueve meses.