El peso del juez Muñoz en la Suprema

Ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, presidente de la Tercera Sala.

Sergio Muñoz goza de un liderazgo nato que lo ha llevado a impulsar una seudojurisprudencia con esquirlas que han impactado al Congreso y Ejecutivo. Un ejemplo de ello es el fallo por excesos de las isapres. Al interior de su sala ha logrado unanimidad, pero aún hay quienes lo tildan de activista. No estará el lunes 29 en una sesión clave del pleno para las aseguradoras.


Quienes han logrado penetrar el círculo íntimo del ministro Sergio Muñoz destacan una anécdota que suele comentar en privado y es de cuando una persona le preguntó por su opinión de Manuel Montt, dos veces presidente de la Corte Suprema, además de la República. El magistrado, uno de los más jóvenes en llegar al máximo tribunal, recordó que el mejor halago al exmandatario se lo brindó el propio Andrés Bello: “Eres el hombre en el que se inspira el legislador al dictar sus leyes”.

La figura del juez Muñoz de tanto en tanto salta a la palestra y las actuaciones de la Tercera Sala, que preside, desatan pasiones, inspirando columnas de opinión, cartas al director y extensos reportajes.

Eso ocurre por estos días cuando La Moneda y el Congreso buscan destrabar, a través de una ley corta y una reforma constitucional -respectivamente- el conflicto que generó la sentencia del 30 de noviembre de 2022 dictada por su sala y que ordena a las isapres devolver a sus afiliados los cobros en exceso. El dictamen ha remecido a esa industria, que advierte una inminente quiebra al no poder solventar los $ 1.400 millones de dólares que, según la Superintendencia del rubro, se debe a los afiliados.

Que la Corte Suprema excedió sus atribuciones, que confeccionó un fallo universal y no respetó “el caso a caso” bajo el cual funciona el sistema judicial chileno, que hay afiliados que nunca han recurrido a tribunales y se verán beneficiados; han sido sólo algunas de las críticas que han marcado este debate. Y una vez más la figura del juez Muñoz se erige como el responsable de un “estilo” que se le reprocha al máximo tribunal y es el de incidir en políticas públicas medioambientales y de salud, como es el caso.

La polémica, en todo caso, el juez la ha observado a distancia. Desde hace varias semanas está de vacaciones y, de hecho, no está contemplado en el pleno de este lunes 29 en que el máximo tribunal fijará postura ante el proyecto del gobierno y la reforma impulsada por senadores.

El ministro Sergio Muñoz. FOTO: RICHARD ULLOA / LA TERCERA.

El estilo Muñoz

Desde que ingresó al Poder Judicial hasta que consiguió llegar a integrar la Corte Suprema pasaron sólo 23 años. Una carrera judicial meteórica, dicen quienes estudian al máximo tribunal. En 1998, como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, al juez Muñoz le tocó instruir importantes casos, como Spiniak (una red de pederastras) y Riggs (en que investigó el origen de la fortuna de Augusto Pinochet).

Pasaron sólo siete años en el tribunal de alzada cuando el gobierno de Ricardo Lagos, en 2005, fijó sus ojos en el magistrado para proponer su nombre al Senado. Con sólo 48 años, y un cuarto de siglo por delante en el máximo tribunal, se incorporó a las más altas esferas del Poder Judicial.

Con actuales 66 años, este judicial oriundo de Villa Alegre, Linares, ya fue presidente de la Corte Suprema entre el 2014 y el 2016. Recordado es su discurso de inauguración del año judicial en 2015 que -para algunos abogados- daría luces de su principal convicción en el ámbito jurisdiccional: a través de la aplicación de las leyes ayudar a las personas en su dignidad y lograr igualdad.

“El país tiene una tarea pendiente en igualdad, como jueces es nuestra responsabilidad concretar este derecho en cada una de las determinaciones. La igualdad impone comportarse de un mismo modo con todos los semejantes, sin reconocer señores ni vasallos, sino personas”, dijo en esa oportunidad ante las autoridades más importantes del país que estaban presentes en la ceremonia.

Ese día su alocución partió con tres premisas sobre su visión de para qué existe el Poder Judicial. “Para garantizar todos los derechos y de todas las personas. Su razón de ser es sumar a la sociedad igualdad, libertad y dignidad. Este es nuestro aporte al fortalecimiento de la democracia”, dijo.

Uno de los presentes en la inauguración de ese año judicial asegura que no pocos sintieron algo de incomodidad al ver que Muñoz aprovechó la instancia para mandar un claro mensaje al mundo político, a los otros poderes del Estado ahí presentes, el Ejecutivo y Legislativo. “La misión del Poder Judicial es solucionar los conflictos de su competencia de manera clara, oportuna y efectiva, con plena vigencia de todos los derechos y de todas las personas, contribuyendo así a la paz social y fortalecimiento de la democracia”, sostuvo.

El fallo en cuestión

La Tercera Sala que preside Muñoz está integrada también por la vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, y los ministros Mario Carroza, Adelita Ravanales y Jean Pierre Matus. Todos tienen una buena relación, y se ha logrado una suerte de unanimidad en sus resoluciones. Una situación diferente al pasado, cuando esa sala la integraba el jurista Pedro Pierry, quien en posiciones doctrinarias rivalizaba con Muñoz.

Al interior de la Corte Suprema se desdramatiza el rol del magistrado en la sentencia de las isapres. De hecho, se destaca que fue el resto quien acordó por mayoría que se mantuviera la tabla de factores en base a la resolución de la Superintendencia. Muñoz, en tanto, era de la idea de dictar un fallo aún más duro: quería que las aseguradoras no pudieran aplicar ningún factor. “Esa posición no ganó”, comenta un magistrado.

José Miguel Aldunate, director ejecutivo del Observatorio Judicial, tienen una visión crítica del rol del magistrado en el máximo tribunal. “Para nadie es un secreto que Sergio Muñoz ejerce un enorme peso en la Tercera Sala, por su capacidad de trabajo y por la particularidad de sus puntos de vista”; sostuvo el abogado. Agregó que “en general, la influencia del ministro Muñoz ha empujado a la sala hacia una jurisprudencia que en muchos casos cabría que calificar de activista, es decir, que hace primar un criterio de mérito sobre la aplicación del derecho. Particularmente en sus prevenciones y votos de minorías se descubren razonamientos que se apartan de la voluntad de la ley, buscando implementar su propia visión de la justicia”.

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