Gabriel Bocksang, decano Derecho UC: “El diseño que se propone para la judicatura plantea riesgos gravísimos de politización para el Poder Judicial”

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica (UC), Gabriel Bocksang (44), va a votar Rechazo. Esa, detalla, es su decisión personal ya que la facultad, como institución, todavía no tiene una postura oficial.

Antes de entrar en el detalle de los contenidos de la propuesta de la Convención, Bocksang se toma su tiempo para defender el rol que tuvo la universidad durante el proceso constituyente: “Yo quedo muy conforme. Pienso que el despliegue, el esfuerzo, el cariño con que tanto la universidad como la facultad desarrollaron una reflexión académica profunda, dirigida al bien común de Chile, pensando en la prosperidad y el futuro de quienes habitan este país, es un esfuerzo que quienes conocemos la universidad no nos sorprende”. El abogado destaca la iniciativa Foro Constitucional UC y el trabajo interdisciplinario que se hizo con profesores de otras especialidades.

Pese a eso, dos exalumnas de la facultad, las exconvencionales Marcela Cubillos y Constanza Hube, criticaron duramente el rol jugado por la UC. ¿Le dolieron esas críticas?

Fueron críticas injustas. El rol de la universidad fue muy importante para el país, en la óptica que le corresponde, que es la misión de desarrollar una reflexión profunda de naturaleza universitaria.

¿Cuál es su opinión general del texto propuesto?

A nivel del diseño político institucional hay desequilibrios importantes que pueden llegar a ser muy perjudiciales para el desarrollo político de Chile en el futuro. En esto me refiero a esta preponderancia que tiene el Congreso de Diputadas y Diputados dentro del texto, que no fue asociado, como debía serlo, a contrapesos importantes políticos dentro del diseño institucional.

¿No cree que algo de eso se resolvió con la Cámara de las Regiones?

La verdad es que el desequilibrio entre ambas instancias es tal, que este control interno que naturalmente se produce entre la Cámara de Diputados y el Senado ya no se da en el nuevo diseño.

Desde su punto de vista, ¿hay otros desequilibrios?

Este desequilibrio en torno a las funciones del Congreso de Diputadas y Diputados se ve acentuado aún más por otros factores complementarios, como la modificación de la incidencia del Presidente de la República en el proceso legislativo, sobre todo en el aspecto presupuestario y lo de la iniciativa exclusiva. Pero los temas que impliquen gasto público serían leyes de concurrencia presidencial que necesitarán del patrocinio del Presidente para prosperar. El tránsito de la iniciativa exclusiva a esta concurrencia presidencial, tal como ha sido diseñada, pienso que desequilibra aún más esta preponderancia del Congreso de Diputadas y Diputados. A esto se añade la influencia que tiene la Corte Constitucional sobre la actividad legislativa. Por una parte está desapareciendo un control que es muy importante, que es el control preventivo, pero asimismo se está debilitando el control a posteriori que ejerce actualmente el Tribunal Constitucional y que ejercería entonces la Corte Constitucional.

¿Se refiere al cambio en los recursos de inaplicabilidad?

Exactamente. Se está debilitando por distintos factores, pero el más importante es lo que se llama la titularidad activa, es decir, quién tiene el poder para desencadenar la revisión. En ese sentido, la posibilidad de que los ciudadanos puedan incidir en una revisión de esta naturaleza, en vista de la protección de sus derechos, se ve muy afectada. Ellos pierden la titularidad.

¿No confía en que si esa titularidad se la asigna al tribunal, los jueces la administren de forma correcta?

Si uno se pone en el punto de los funcionamientos abstractos, por supuesto que sí. Pero pueden haber circunstancias en concreto que pudieran afectar la posición del tribunal. Por lo demás, los tribunales en estos aspectos no siempre aciertan, pueden tener errores de juicio. Que el propio particular no esté reconocido y tenga que confiar en algo que a veces puede fallar implica que se está restringiendo esa posibilidad de controlar la constitucionalidad.

Otro recurso que se modifica en la propuesta es el actual recurso de protección, ¿cómo ve ese cambio?

La protección de los derechos de las personas, tanto en el texto vigente como en la propuesta, pasan en una medida importante en la vigencia de ciertas acciones constitucionales que son las de más alto rango dentro del ordenamiento jurídico. Hay dos cuyo funcionamiento se ve afectado por el proyecto que se está planteando. El primero, por supuesto, es la actual acción de protección que pasa a ser la acción de tutela. La acción de tutela se ve debilitada en la nueva forma que plantea el proyecto constitucional. Hay varios factores que inciden, hay varias modificaciones, pero quizás el más importante es este desplazamiento de la competencia para poder conocer esto en los tribunales inferiores y no quedar en los tribunales superiores, en la Corte Suprema y en las cortes de apelaciones. Esto lo que amenaza naturalmente es que estos juicios que comprometen derechos fundamentales se vean afectados por tramitaciones dilatadas, por distintos factores que hacen que no sea conveniente esta modificación.

¿Cuál sería el otro?

Este me preocupa quizás tanto como el anterior, y en la cual no se ha hecho hincapié suficientemente por los distintos comentaristas. Existe una acción que actualmente es la acción de nulidad de derecho público, que en el fondo plantea cómo los ciudadanos pueden reclamar contra las ilegalidades de los órganos del Estado en general, pero muy especialmente dirigido a las ilegalidades o inconstitucionalidades realice en su actividad la administración. Esto ha sufrido una modificación importante. Actualmente la regulación es constitucional y la acción, según lo que la propia Corte Suprema declara, no tiene plazo de prescripción. Es decir, si un acto es ilegal, cualquier persona que se vea afectada después puede reclamar en contra de él, sin importar el plazo. En la propuesta de nueva Constitución, el artículo 16 plantea que la ley regulará el plazo y las modalidades del ejercicio, y esto abre una posibilidad de restringir de manera dramática las posibilidades de que los ciudadanos puedan protegerse respecto de actos ilegales o inconstitucionales del Estado. Pero aún más, existe una disposición transitoria, la 46, que plantea que mientras no se especifique por ley lo del artículo 16 el plazo quedará acotado a 90 días. Esto a mi me parece absolutamente preocupante. No solo preocupante, sino también desfigurador de una institucionalidad que proteja debidamente los derechos de las personas.

¿Cuál es su opinión sobre cómo quedó diseñado lo que actualmente conocemos como Poder Judicial?

El diseño que se propone para la judicatura plantea riesgos gravísimos de politización del Poder Judicial. El Poder Judicial independiente, como hoy lo conocemos, es una de las grandes conquistas del derecho público chileno en general y de la institucionalidad constitucional chilena en concreto para asegurar la vigencia del Estado de Derecho. Esto ha sido un esfuerzo gigantesco que lleva ya dos siglos en su vertiente republicana.

¿Ese riesgo lo siente por la creación y composición del Consejo de la Justicia?

Sí, yo creo que ahí la configuración que se ha escogido para establecer el Consejo de la Justicia no es la más afortunada, ciertamente.

¿Se hubiera evitado ese riesgo simplemente con la mayoría de jueces?

Esta fue una recomendación incluso de la Comisión de Venecia. Tenía que haber una mayoría de jueces, eso me parece lo más importante de todo. Si estamos hablando de la judicatura, lo esencial son los jueces.

¿Cree que el pluralismo jurídico quedó bien regulado en lo que quedó en la propuesta?

Yo valoro muchísimo el impulso que se está dando en torno al reconocimiento de los pueblos originarios, creo que es algo que tiene que estar en la Constitución. Pero el fenómeno que estamos viendo de plurinacionalidad y varios sistemas de justicia no se ha abordado de la mejor manera. Las fórmulas que se han escogido tienden a generar tensiones dentro del sistema y en la convivencia entre los chilenos. La fórmula de la plurinacionalidad no era la más aconsejable para proponer en el texto constitucional. Reconocer la multiculturalidad del país recoge lo que existe y era mejor. Lo que habría que hacer es promover la integración y no disgregación de la justicia.

¿No es suficiente garantía para esa integración el hecho de que ambos sistemas, los Sistemas Jurídicos Indígenas y el Sistema Nacional de Justicia, estén unidos jurisdiccionalmente bajo la Corte Suprema?

Es un elemento que favorece la integración, pero que no soluciona todos los problemas que se pueden dar. Se estresa en demasía la institucionalidad y se pudo haber hecho con fórmulas más fluidas y menos tensionantes.

¿Qué le parece la inclusión del derecho al aborto en la propuesta de nueva Constitución?

Yo quedo muy intranquilo, muy preocupado. La fórmula que se ha plasmado en el texto de la propuesta le abre las puertas de par en par al aborto libre, sin restricciones y sin hacer mención a la objeción de conciencia. Si uno lee la propuesta con toda sinceridad, con toda tranquilidad, efectivamente existe una remisión a que esta disposición sea complementada con posterioridad.

Eso efectivamente se da, pero lo que hace es abrir las puertas de par en par al aborto libre y eso a mí me parece gravemente atentatorio en contra de la noción de la dignidad de los seres humanos que yo comparto, del modo más vigoroso posible, desde la concepción hasta la muerte natural.

¿No confía en que el legislador, tal como lo dice el artículo, regule el ejercicio de ese derecho poniendo los límites en la ley?

La remisión queda efectuada en los términos más amplios e indeterminados posibles. Ahora, naturalmente, desde mi punto de vista, por supuesto, yo siempre voy a estar en contra de cualquier ley que se refiera al aborto. Es algo gravísimo que atenta contra la dignidad de todos los seres humanos.