Pablo Ruiz-Tagle: “La subsecretaria es la que en verdad controla el aspecto administrativo del ministerio”

El 20 de diciembre el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, hizo público que asumiría la defensa del ministro de Vivienda, Carlos Montes, en la acusación constitucional en su contra.

Una noche, pocos días antes, el secretario de Estado lo había llamado directamente para que lo defendiera. Desde ahí, dice, pasó una Navidad intensa y pidió un permiso sin goce de sueldo para poder concentrarse en el caso, que se votará el próximo jueves 4 de enero en la Cámara de Diputados.

Esta semana, el abogado entregó una contestación de 175 páginas para responder al libelo. En ellas, acusa que hay fallas y omisiones graves. Y dice que si el escrito fuera un trabajo universitario, “no podría aprobarlo”.

¿Cómo llegó a asumir la defensa?

Me llamó el ministro hace algunos días. No soy su amigo, tampoco soy militante socialista, pero lo conozco por su servicio público y, pensando además en el compromiso que tengo con el Estado de Derecho, como profesor, como decano, decidí asumir la defensa.

Le tiene que haber interesado mucho el caso para haberlo tomado siendo decano.

Creo que Carlos Montes es un servidor público excepcional. Y también creo que en esta acusación, y en el tono que se ha visto en torno a ella, hay riesgos para el Estado de Derecho en el país.

¿Qué riesgos?

La verdad es que si uno analiza sus fundamentos son muy equivocados y creo que pueden tener consecuencias muy negativas en la vida política del país. Por ejemplo, la acusación en la página 13 dice que el principio que debe gobernar las acusaciones constitucionales es el de la responsabilidad objetiva y eso es un error garrafal.

¿Qué opina del uso de la herramienta para juicios políticos?

Pienso que el mecanismo de la acusación es válido, en caso contrario, como he declarado en el pasado, este sería un régimen político absolutista, donde habría autoridades sin control. Pero una cosa es ese concepto y otra el abuso de las acusaciones constitucionales, el fundarlas en principios equivocados (...). Y además imputarle al ministro hechos que no le son imputables, omitir todo lo que él ha hecho, que es muy sustancial. Partamos por decir que tanto al seremi involucrado como a la subsecretaria se les ha pedido la renuncia.

¿Y en la omisión no hay algo que pueda ser causal?

A mi juicio, no. Una de las causales es que se habría infringido el artículo 175, número 2, que obliga a los empleados públicos a denunciar delitos en 24 horas, pero para denunciar delitos hay que estar convencido. Y la información que yo tengo, analizando el caso, es que ha habido denuncias, ha habido situaciones que ameritan estudio y que luego han generado la entrega de antecedentes al Ministerio Público. Si no, piense usted que todos los días escucharíamos los noticieros... Yo también soy empleado público y tendría que correr al ministerio cada 10 minutos porque me contaron algo que tiene ribetes. Tengo que llegar a esa convicción, y el ministro llegó a la convicción en algunos casos, y por eso es el ministro el que fue con los archivadores a la Fiscalía de Antofagasta. Yo no recuerdo otro ministro que haya entregado ese cúmulo de información al Ministerio Público en un tiempo tan breve.

¿Tiene la convicción de que el ministro se enteró el 16 de junio?

Sí, absolutamente.

Porque hay antecedentes que dicen que podría haber visto información sobre el caso, como el informe de la subsecretaria...

El informe al que se refiere es al informe de la señora Tatiana Rojas, exsubsecretaria. Ese informe, si uno lo lee, y ha sido conocido, no da cuenta de irregularidades, es una página y nosotros lo estamos acompañando a la defensa.

¿Pero el ministro cambió la versión sobre la recepción del informe?

No, lo que pasa es que si lees la minuta no dice nada del asunto. Entonces, yo diría que no cambió nada, los ministros reciben miles de minutas al día.

El ministro había mencionado, en entrevista en La Tercera, que ocho meses antes advirtió que había excesiva contratación de militantes de RD en Antofagasta.

El ministro estuvo siempre encima mirando qué pasaba, pero no tuvo nociones de una irregularidad como la que se ha conocido en Democracia Viva hasta el 16 de junio.

¿Apelarán a la cuestión previa?

Hay cinco argumentos para argumentar que la acusación debería ser declarada inadmisible, que no pasa la cuestión previa. El primero es el de la responsabilidad objetiva, el segundo se refiere a las afirmaciones que son indeterminadas, es imposible defenderse de ellas, son acusaciones, pero no llegan a ser acusaciones constitucionales. También hay una vaguedad, porque se le tratan de imputar al ministro conductas contrarias a principios, y los principios son flexibles, no son como una regla (...). Y por último, se ignora algo que está en documentos de Libertad y Desarrollo por la acusación constitucional contra Marcela Cubillos, que la acusación es la “última ratio”, es el recurso final para hacer efectiva la responsabilidad cuando han fallado lo otros recursos. Acá al ministro se lo citó a una comisión, pero no se le ha interpelado, por ejemplo.

El primer capítulo habla de control jerárquico. Y todo apunta a ausencia de control por parte del ministro. ¿No hay responsabilidad política en un caso así?

Sobre la cuestión del control jerárquico es importante saber que tanto el seremi, como el Serviu, son organismos descentralizados y desconcentrados, el control jerárquico que tiene el ministro sobre estos organismos no es igual que el que tiene sobre un funcionario directamente de su gabinete. Lo mismo sucede con la subsecretaria, que es la jefa de servicio, es ella la que en verdad controla el aspecto administrativo interno del ministerio. Entonces, el control que tiene el ministro es un control general, podríamos decir que es un control jerárquico modulado.

En la acusación citan a Contraloría, donde habla de ausencia de control político.

Yo creo que eso es un a frase tomada fuera de contexto, porque dígame usted: qué control jerárquico más intenso puede haber que pedirle a una persona que ponga su cargo a disposición en el momento en que le informa de las irregularidades.

Eso ocurre cuando la prensa publica la noticia, el 16 de junio.

Pero pongamos las cosas en su lugar. No todo lo que publica la prensa es efectivo. El día 16 el ministro le pide al seremi de Antofagasta que ponga su cargo a disposición. Y ese es el máximo grado de intensidad del control jerárquico, entonces es una cuestión que se ha instalado como un argumento jurídico, pero pienso que no tiene suficiente base.

En uno de los capítulos se menciona que el ministro no respondió los correos entre él y la subsecretaria Rojas.

No que no respondió, que no los entregó. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de una cuestión que es un derecho de toda persona humana, es decir, el derecho a la protección de las comunicaciones privadas y de la vida privada que incluye los correos electrónicos incluso de los funcionarios públicos.

Pero despejaría dudas entregar esos correos...

No, porque es una materia que atañe a la vida privada.

En la acusación también se habla de que si el ministro hubiese observado de manera responsable, con probidad y con control, no hubiesen ocurrido estos hechos.

Son dos capítulos separados. En eficiencia y eficacia creo que cuando uno conoce el funcionamiento del Minvu, y de todas las actividades que ejecutan, se da cuenta de que tanto la eficiencia como la eficacia están cumplidas plenamente. La ejecución presupuestaria de casi todos los programas es prácticamente el 99%. Es decir, todo lo que se proyectó, se ha hecho, se está haciendo, y en condiciones muy difíciles. Y en este programa en particular, de Asentamientos Precarios, puede haber una ejecución menor, entre otras cosas, porque ha habido una necesidad jurídica de analizar los casos que potencialmente pudiesen tener dificultad.

¿Y en el caso de la probidad?

Ahí hay una especie de creación de una teoría de cómo la probidad, que es un principio, ha sido afectada por el ministro Montes. La verdad es que si uno las analiza con cuidado, esas acusaciones son al voleo. Son, además, particularmente ofensivas, rayan en la descalificación, en la injuria.

¿Cuál es el objetivo de la acusación constitucional?

Yo creo que los acusadores no saben bien lo que han hecho. No está claro el objetivo. Hay una contradicción muchas veces en lo que dicen en partes de la acusación. Pero es muy negativo para el futuro de la democracia constitucional chilena y el Estado de Derecho si es que esta acusación se aprueba. Pondría una sombra sobre una persona que ha sido un gran ministro de la Vivienda. Sería muy injusto, sería institucionalizar el ‘pago de Chile’, como le dicen.

No es primera vez que se usa una acusación para hacer un juicio político que poco tiene que ver con los hechos directos denunciados. Como la exministra y hoy senadora Yasna Provoste.

Es difícil hacer un juicio histórico. Creo que ha habido en el caso de los exministros Provoste y Harald Beyer un forzamiento de las causales de acusación, en el sentido de ampliar las omisiones de terceras personas. Y ojalá no sigamos por ese camino.

Con los argumentos de responsabilidad política, de que el ministro no tiene por qué responder, se podría haber argumentado lo mismo con el exministro Chadwick y ahí el oficialismo lo aprobó.

Se defendió, pero creo que hay que leer atentamente la acusación del ministro Chadwick, que fue muy conflictiva. No digo que haya sido una resolución perfecta a la que se llegó en ese caso, pero sí quiero decir algo: no podemos funcionar en política, si queremos tener un país en paz, con la ley de la venganza. Decir bueno, hicieron esta acusación y ahora lo que corresponde es que venga para el otro lado. Si vamos con ese criterio pendular, de la ley del talión, Chile y los menos aventajados van a perder. Las acusaciones muchas veces se votan por disciplina partidaria y creo que esta acusación es muy desprolija, está fundada en principios errados, no atribuye conducta y no tiene el mismo carácter que acusaciones anteriores. Esta es la peor acusación que yo he visto.

El ministro ha dicho en innumerables ocasiones que nunca imaginó terminar su carrera así.

Es que no tendría por qué terminar su carrera, salvo que queramos institucionalizar el “pago de Chile”, él es un tremendo ministro.

¿Tienen los votos?

No sé nada de eso. Depende de los honorables parlamentarios.