¿Traspasar o no los SLEP? El nudo que debe desatar el ministro Cataldo

El día en que el gobierno y la Comisión de Educación del Senado firmaron el protocolo de acuerdo para la aprobación de la partida sectorial en el marco del Presupuesto 2024, quedó pactado que se suspenderá transitoriamente el traspaso del servicio educativo municipal a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) a quienes les correspondía hacerlo a partir del 1 de enero de 2024, a excepción de aquellos que según el Mineduc estén en condiciones de hacerlo.

Para esto, el ministerio que encabeza Nicolás Cataldo (PC) deberá realizar un informe con las razones de las definiciones, situación que hoy tiene volcada a buena parte de la cartera y la Dirección de Educación Pública (DEP) a desenmarañar las decisiones, que tienen componentes técnicos, políticos, pero también una cuestión de principios y creencias. Los nudos son varios y cada uno más complejo que otro.

Y aunque el acuerdo establece que el informe fundado deberá presentarse ante las comisiones de Educación del Congreso dentro de los 15 días posteriores a la publicación de la Ley de Presupuestos, el Ejecutivo quiere adelantar esta decisión para la próxima semana, porque hay cosas urgentes de definir. “Los actores piden claridad por cualquier alternativa”, dicen conocedores.

“Como Mineduc hemos estado realizando una evaluación a partir de un análisis multifactorial de información provista por la DEP”, dice el ministro, quien agrega que están reuniendo “todos los antecedentes que respalden una decisión responsable con la mejor implementación de la Nueva Educación Pública”.

La convicción inicial del gobierno era fortalecer la desmunicipalización y entre sus planes nunca estuvo una pausa, pero con el escenario actual y debido a los costos -incluso políticos- que podría traer un nuevo SLEP Atacama, lo que quiere el Ejecutivo es estar 100% convencido de la definición que se tome para los seis servicios -Licancabur, Iquique, Maule Costa, Punilla Cordillera, Aysén y Magallanes- que están siendo analizados si traspasarse, recordando que ya están creados, pero sin estar a cargo del servicio educativo de los 38 municipios que administrarán.

Estos días se están terminando los informes, así como se evalúa con lupa los aspectos técnicos y políticos de cada decisión. Y cada una es un nudo en sí, porque incluso dentro de cada servicio hay algunas visiones distintas. Los municipios, por ejemplo, ya planificaron su 2024 sin educación.

Lo que la cartera ha hecho en lo técnico es considerar el avance de los seis SLEP, viendo aspectos como la situación financiera de los municipios involucrados (su margen operacional, dotaciones, deuda de arrastre, entre otros), la etapa de implementación (concursos, infraestructura o simulaciones de procesos de remuneración) o la situación educativa (planificación de apoyo técnico-pedagógico o Simce).

Para esto, la cartera y la DEP sostuvieron la semana pasada reuniones con los seis directores ejecutivos de los SLEP, a quienes les pidieron un reporte tipo por escrito, así como con los alcaldes de las municipalidades en cuestión y agrupaciones de trabajadores. Ahí, Cataldo y la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, se repartieron las citas tres y tres: el ministro estuvo a cargo de entrevistarse con los actores de los servicios Licancabur, Aysén y Magallanes. En el primero los ediles no quieren ser traspasados, en el segundo le advirtieron que ya empezaron con las desvinculaciones y en el tercero le dijeron que sería un error no seguir el proceso. Arratia se juntó con Iquique, Maule Costa y Punilla Cordillera, con algunas comunas manifestando aprensiones y otras en línea contraria. El Mineduc también ha tratado de acelerar otros aspectos, como el llenado de algunos cargos de segundo nivel jerárquico en los SLEP, los que apuntan a subdirecciones.

En la cartera ven -por ahora- condiciones en algunos casos, lo que desde ya anuncia un nuevo choque con los parlamentarios que no quieren traspasos en 2024. Asimismo, al interior del ministerio se señala que la opinión de los alcaldes es importante, pero que al final pesará más lo técnico, aun cuando en el acuerdo se fijó que los municipios pueden solicitar la postergación cumpliendo algunos requisitos. La definición del Mineduc es traspasar los servicios que tengan condiciones que no generen un problema sistémico y que conlleve una implementación relativamente tranquila, aunque en la cartera reconocen que no siempre van a estar solucionados 100% todos los problemas.

¿Cuáles sí y cuáles no? Conocedores de la situación señalan que -por ahora- al menos dos servicios no serían traspasados, uno de los cuales sería Licancabur. Mientras, para Aysén y Magallanes la intención es que sí. Luperciano Muñoz (Ind.), alcalde de Chile Chico y presidente de la Asociación Regional de Municipalidades de Aysén, señaló al respecto que sus miembros están “con todas las condiciones para ser traspasados” y en la reunión con el ministro Cataldo pidió al gobierno que “se comprometa con el traspaso de la región de Aysén”. Mientras, Claudio Radonich (RN), alcalde de Punta Arenas, del SLEP Magallanes, es tajante: “Tenemos que ser traspasados, cumplimos con todos los requisitos. Razones técnicas no hay, podrían ser políticas”. Y agrega: “Santiago no es Chile y Atacama no es Chile. En Punta Arenas -80% del SLEP- el problema es de dinero, porque los gastos operacionales son mucho mayores de los que tenemos”, antes de corregir a que quienes critican, como la senadora Yasna Provoste, que en el SLEP magallánico haya pocos ganadores de concurso que sean de la región: “No llama la atención porque ya tenemos problemas de funcionamiento, el perfil de los SLEP es más profesional y hay que reconocer que muchos funcionarios se han quedado atrás. El desconocimiento del sistema es brutal, no desmunicipalizarnos va a ser un problema nunca visto. Confío que la parte técnica prime y no la parte política”.

En la vereda contraria, Carlos Chandía (Ind.), alcalde de Coihueco (SLEP Punilla Cordillera), aun cuando ha prometido seguir colaborando con el servicio, también manifestó su deseo de no ser traspasado “a la espera de que este modelo funcione bien” y que agotará “todas las instancias para expresar nuestra posición”.