“Caso Metástasis”: cómo el narcotráfico infiltró a la justicia y la policía en Ecuador

La madrugada del 14 de diciembre pasado, se detuvo a 31 personas en Ecuador –entre ellas el expresidente del Consejo de la Judicatura (órgano que supervisa a los jueces en el país), Wilman Terán- por presunta delincuencia organizada. El operativo, en el que se hicieron 75 allanamientos en siete provincias del país, formaba parte de la investigación que comenzó tras el asesinato del narcotraficante Leandro Norero, en octubre de 2022, en la cárcel de Cotopaxi.

Esta investigación fue bautizada como “Metástasis” y el lunes el juez Felipe Córdova aceptó el pedido de la Fiscalía para que Interpol localice a dos procesados por este caso. El Ministerio Público investiga la existencia de una supuesta estructura de corrupción al servicio de Norero e inicialmente se procesó a 31 personas.

“El caso Metástasis es una radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos”, sostuvo la fiscal general Diana Salazar Méndez.

A continuación las claves para entender la trama de Metástasis.

Tras el asesinato de Leandro Norero, se realizó una investigación de la que se obtuvo celulares y otras evidencias de que el fallecido narcotraficante había “montado su estrategia delictiva para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado para estos fines”, según señaló el comunicado de la Fiscalía.

Ante esto se comenzó a investigar el caso como presunta delincuencia organizada.

Leandro Norero habría sido uno de los principales proveedores financieros de las bandas delictivas: Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers, organización armada que creó Norero. En las estructuras de delincuencia organizada del país, Norero era conocido con el alias “El Patrón”.

Norero tenía un amplio historial delictivo: fue parte de Los Ñetas, para luego fundar a Los Chone Killers. Entre 2005 y 2018 fue detenido en varias ocasiones y enfrentó juicios por presunta tenencia ilegal de armas, robo y narcotráfico. Pero ninguna de las causas avanzó.

Sin embargo, en mayo de 2022 hubo operativos en Guayaquil en el que se decomisaron lingotes de oro, armas, joyas y dinero.

En ese operativo lo detuvieron junto a otras seis personas. El 28 de mayo de 2022, fue trasladado a la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi, después de que le dictaran prisión preventiva por presunto lavado de activos.

El 3 de octubre de 2022, fue asesinado y en el tiroteo murieron otras 14 personas.

Esta fue la octava masacre carcelaria en Ecuador desde 2021.

Según el portal GK, a Norero lo asesinaron el mismo día en el que iba a instalarse la audiencia de formulación de cargos en el marco de las investigaciones por presunto delito de narcotráfico en que él habría estado involucrado. La audiencia no se instaló porque el abogado de Norero no asistió por motivos de salud. Horas después, éste fue asesinado.

Por al menos varios meses, policías, jueces y abogados operaron en una red sin precedente de apoyo al narcotraficante Leandro Norero. Esto en medio de un incremento de la violencia y los homicidios atribuidos al crimen organizado en los últimos años en el país.

La fiscal Salazar aseguró que la red operó al menos entre mayo y octubre de 2022, y que los funcionarios recibían sobornos de entre 6.000 y 450.000 dólares, además de joyas y bienes inmuebles, a cambio de que el grupo criminal recibiera sobreseimientos judiciales, asesoramientos, beneficios administrativos y recursos jurídicos favorables para Norero, sus hermanos y esposa.

Según Salazar, dos hombres cercanos a “El Patrón” eran los responsables de entregar los sobornos a los funcionarios. Uno de ellos, dijo, habría operado incluso “en coordinación” con el alcalde de Manta, Agustín Intriago, quien fue asesinado en julio por desconocidos en esa ciudad portuaria.

La fiscal dijo que los primeros sobornos se habrían registrado en mayo del año pasado, tras la detención de la esposa y el hermano de Norero por un caso de lavado de dinero. Según la investigación, el narcotraficante pagó 450.000 dólares a funcionarios judiciales de la sala que llevó el caso de su hermano para que lo liberaran.

La Fiscal señaló que el sistema de sobornos implantado por Norero benefició también a sus sicarios quienes obtuvieron la libertad. El capo, además, pagó a varios policías procesados por “filtrar información”, brindar protección a sus bienes incautados “fingiendo falsos operativos” y captar a más agentes para su red y otra serie de ilícitos.

Los policías recibían regalos y pagos. Los agentescorruptos jugaron un papel muy importante en este entramado de corrupción, según las revelaciones de la Fiscalía, basadas en las conversaciones del narcotraficante Leando Norero con sus operadores. Según esos diálogos, los policías que lograban ser cooptados por esta estructura criminal, recibían teléfonos celulares de alta gama, dinero y el pago de sus cuentas a cambio de acciones como la realización de falsos operativos, contaminar investigaciones, alterar evidencias o falsificar informes.

Además del expresidente de la Judicatura, William Terán, en el operativo de diciembre pasado fueron detenidas otras 28 personas, entre ellos funcionarios públicos como Pablo Ramírez, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Ramírez estaba a cargo del SNAI cuando Norero fue asesinado.

La Fiscalía dijo que entre los detenidos estaban jueces, fiscales, policías y guías penitenciarios. Los involucrados, según la Fiscalía, habrían sobornado a funcionarios del sistema judicial, permitido la entrada de objetos prohibidos a la cárcel para Norero, y usado sus influencias como funcionarios judiciales para beneficiar a Norero y otras personas.

También detuvieron al exjuez de Garantías Penales, Ronald Guerrero, que estuvo a cargo del juicio en el caso Norero, y a los jueces provinciales de Cotopaxi identificados por la Fiscalía como Luis S. y Santiago Z.

Según la cadena BBC, el operativo Metástasis ocurrió en medio de tensiones entre los diferentes poderes del Estado ecuatoriano.

La permanencia de Terán en su puesto como rector del organismo que disciplina a la judicatura ya había sido puesta en entredicho, luego de que la Corte Nacional de Justicia le retirara la confianza en agosto del año pasado.

La controversia surgió luego de la destitución de un juez por parte del Consejo de la Judicatura.

Sin embargo, el cuerpo que preside Terán le expresó todo su apoyo en un comunicado de prensa. “Con estas acciones se pretende frenar la lucha frontal contra la corrupción que el Presidente del Consejo de la Judicatura ha liderado desde que asumió su cargo en febrero de este año”, dice la declaración.

Mientras, el trabajo de la fiscal Salazar Méndez también fue cuestionado, indicó la BBC. Desde distintas instancias del Estado, el correísmo ha impulsado la destitución de la fiscal, incluyendo a través de un juicio político en la Asamblea Nacional.

Salazar Méndez fue responsable de la acusación que provocó la inhabilitación y condena de ocho años de cárcel contra el expresidente Rafael Correa en 2020.