Congreso de Perú inhabilita por cinco años a exfiscal Zoraida Ávalos por no investigar a Castillo

Zoraida-Avalos
Zoraida Ávalos, ex fiscal de la Nación.

Los parlamentarios dieron luz verde a la medida con 71 votos a favor, por lo que deberá dejar su cargo de manera inmediata al ser cuestionada sobre la suspensión de las pesquisas relacionadas a los casos Puente Tarata, Petroperú y ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas del ex Mandatario.


El Pleno del Congreso de Perú aprobó este miércoles inhabilitar de la función pública durante cinco años a la exfiscal Zoraida Ávalos en el marco de las suspensiones de investigaciones en enero de 2022 contra el entonces Presidente del país, Pedro Castillo.

Los congresistas dieron luz verde a la medida con 71 votos a favor, 15 en contra y ocho abstenciones, por lo que deberá dejar su cargo de manera inmediata tras haber sido cuestionada sobre la suspensión de las pesquisas relacionadas con el exmandatario en el marco de los casos Puente Tarata, Petroperú y ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas.

Esta votación también ha considerado acusar constitucionalmente a la extitular del Ministerio Público por presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tras la denuncia de la parlamentaria conservadora de Avanza País, Patricia Chirinos.

La defensa de la exfiscal aseguró ante el Pleno del Congreso que la acusación no tiene fundamento constitucional ni jurídico, al tiempo que indicó que no descarta que acuda a instancias internacionales.

También recordó que todos los persecutores que la antecedieron archivaron de plano las denuncias contra presidentes del país en funciones, según recoge el periódico andino El Comercio.

Ávalos abrió una investigación preliminar contra Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión a raíz de las visitas al palacio de gobierno y a la casa de Breña de la empresaria Karelim López y las posteriores adjudicaciones de contratos en Provías Descentralizado y Petroperú en la compra de biodiesel. Sin embargo, las diligencias fueron suspendidas hasta julio de 2026, cuando terminaría el mandato presidencial de Castillo.

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