Corte Interamericana de DD.HH. requiere a Perú que se abstenga de ejecutar fallo que ordena liberar a Fujimori

Expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Foto: AFP

Organismo llamó al Estado peruano a no excarcelar al exmandatario hasta que "cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 7 de abril de 2022″.


La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el viernes una resolución requiriendo al Estado peruano no ejecutar la liberación del expresidente Alberto Fujimori hasta determinar si cumple con las condiciones que estableció en abril del 2022.

La reacción del organismo internacional obedece a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de ordenar la excarcelación inmediata de Fujimori, condenado por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, ejecutadas por militares.

En un documento de cuatro páginas, que ya ha sido notificado al Estado peruano, la CIDH requiere que “se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la ‘inmediata libertad’ de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 7 de abril de 2022″, de acuerdo al reporte del diario La República.

En abril del año pasado, la CIDH emitió una resolución de medidas provisionales y supervisión de cumplimiento, remarcando que los casos Barrios Altos y La Cantuta constituyen graves violaciones a derechos humanos y que constató que el TC no evaluó la compatibilidad del indulto humanitario a Fujimori con los estándares para ella ya emitidos en una resolución anterior, de mayo de 2018. Y por ello le comunica al Estado que debe abstenerse de implementarlo “en cumplimiento de sus obligaciones convencionales”.

Asimismo, le recuerda al Estado peruano que las sentencias que emitió la CIDH le ordenó que “cumpla con su obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos” en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

La resolución del organismo fue tomada en respuesta ante un pedido de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, representados por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), que informaron sobre la decisión del TC en abierto desacato a la instancia supranacional.

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