Justicia rechaza tutela de derecho que buscaba anular denuncia de fiscal contra presidente Castillo
Una resolución dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de ese país, señala que la presentación de una denuncia constitucional es “una atribución que le ha sido conferida” a la Fiscalía y agregó que la evaluación y calificación de esta corresponde al Congreso. Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
El Poder Judicial de Perú declaró improcedente la tutela de derecho que presentó el presidente Pedro Castillo, que pretendía anular la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, interpuso en su contra.
El juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, fue el responsable de dirimir sobre el recurso apelado por el mandatario peruano, de acuerdo a lo que reporta el diario limeño La República
“Declarar improcedente la solicitud de tutela de derechos presentada por la defensa técnica del señor José Pedro Castillo Castillo Terrones, interpuesta en la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en el marco de una organización criminal”, precisó la resolución.
El magistrado señaló que la presentación de una denuncia constitucional es “una atribución que le ha sido conferida” a la Fiscalía y agregó que la evaluación y calificación de esta corresponde al Congreso, según cita el mencionado medio peruano.
Por consiguiente, el juez Juan Carlos Checkley sostuvo que no está dentro de sus atribuciones declarar la nulidad o dejar sin efecto esta medio.
“La evaluación de las denuncias constitucionales corresponde, por atribución propia, al Congreso de la República. (...) La formulación de una denuncia constitucional por parte de la Fiscalía de la Nación constituye el ejercicio de una atribución que le ha sido conferida y, asimismo, la calificación de la respectiva denuncia constitucional presentada ante el Congreso da lugar a una evaluación en sede parlamentaria, que le es exclusiva y excluyente”, precisó otra parte de la resolución emitida este lunes por el Poder Judicial de ese país.
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