Matanza de 6 campesinos complica el futuro de Alberto Fujimori en Perú

A pesar del indulto otorgado en diciembre, un tribunal decidió procesar al ex Presidente como "autor mediato" de un caso que data de 1992.


No tuvo la relevancia mediática que sí tuvieron las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las que Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en 2009. Pero ahora la llamada masacre de Pativilca, el brutal secuestro y asesinato de seis campesinos en 1992, tiene contra las cuerdas al ex Presidente peruano, a pesar del indulto otorgado en diciembre por Pedro Pablo Kuczynski que permitió su puesta en libertad.

En un caso que ha vuelto a dividir a los peruanos y que ha generado un terremoto jurídico y político en el país, un tribunal decidió el lunes procesar a Fujimori como presunto “autor mediato” por la matanza de Pativilca, ocurrida el 29 de enero de 1992 en el departamento de Lima. Es decir, dos meses después de Barrios Altos, donde 15 personas -entre ellas un niño de ocho años- fueron asesinados tras ser vinculados de manera errónea a Sendero Luminoso, y seis meses antes de La Cantuta, el asesinato de un profesor universitario y nueve estudiantes.

Estas tres matanzas fueron perpetradas por el Grupo Colina, un brazo paramilitar clandestino que violó de manera sistemática los DD.HH. durante la era fujimorista.

El Colegiado B de la Sala Penal Nacional decidió no aplicar el derecho de gracia que PPK le otorgó a Fujimori basado principalmente en tres argumentos: porque el indulto resulta “inaplicable” e “incompatible” con el deber de investigar y juzgar violaciones a los DD.HH; porque el derecho de gracia se otorga a quien no tiene la condición de procesado y Fujimori no tiene orden de prisión por el caso Pativilca  y porque -según constata el diario El Comercio- “el cómputo de plazo para aplicar la gracia presidencial debería ser de 24 meses a partir de la fecha en que el Poder Judicial de Chile concedió la ampliación de la extradición por este caso (5 de junio de 2017) y no desde el inicio de la instrucción judicial, el 5 de junio de 2012”. Por tanto, bajo esta lógica, desde que se accedió a su extradición, sólo han transcurrido seis meses y medio.

La resolución judicial provocó una airada reacción del fujimorismo. En su cuenta en Twitter, Keiko dijo confiar en que “mi padre será absuelto en un juicio sin presiones políticas”. A su vez, el abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, anunció que apelará.

Pero el debate ha ido más allá. Esto, porque el titular del Poder Judicial de Perú, Duberlí Rodríguez, tuvo que salir a dar explicaciones y pidió que “se respete esta decisión, porque los jueces actúan con independencia y en esa línea han tomado la decisión que ya es conocida”. Además, dijo que por el momento Fujimori, de 79 años, no tendría mandato de detención, ya que “el caso esta para control de acusación, porque él responde a lo que se llama autor mediato”.

Pero en el fujimorismo existe gran preocupación. De hecho, en un segundo tuit, Keiko apuntó: “Este pronunciamiento judicial no debe ser una excusa para volver a encarcelar a un hombre de avanzada edad y delicado de salud. Alberto Fujimori merece afrontar este proceso en libertad”.

En medio de este nuevo proceso, el médico de Fujimori, Alejandro Aguinaga, advirtió que la salud del ex mandatario se pondrá en riesgo con el nuevo juicio. “Es una barbaridad que no tiene ningún sentido”, dijo.

En este caso ha sido clave el testimonio del ex integrante de Colina, Jorge Ortiz Mantas, quien ha señalado que además del ex jefe del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, el grupo paramilitar dependía del propio Fujimori y su asesor, Vladimiro Montesinos.

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