Presidente Castillo califica denuncia constitucional como un “golpe de Estado” orquestado por la Fiscalía Nacional
En la que fue su primera rueda de prensa desde que asumió el poder, y al responder al recurso presentado por la fiscal general Patricia Benavides, el mandatario peruano negó que haya cometido algún delito de corrupción durante su gobierno y afirmó que cumplirá con su mandato. Sostuvo que cuando recorre el interior del país, el pueblo le dice que cierre el Congreso, pero que él es “un demócrata”.
Luego de la denuncia constitucional que la Fiscalía General de Perú presentó en su contra el martes ante el Congreso, el Presidente Pedro Castillo negó que haya cometido algún delito de corrupción durante su gobierno y afirmó que cumplirá con su mandato, que finaliza en 2026.
En una reunión con periodistas extranjeros, el mandatario calificó la denuncia constitucional como un “golpe de Estado” orquestado por la Fiscalía General.
En la que fue su primera rueda de prensa desde que asumió el poder, Castillo sostuvo que cuando recorre el interior del país el pueblo le dice que cierre el Congreso, pero que él es “un demócrata”. Además, manifestó que “nosotros vamos a garantizar la estabilidad económica y dar plena confianza a los inversionistas”.
La fiscal general, Patricia Benavides dijo que los investigadores hallaron “graves evidencias” de que existe una organización criminal encabezada por el presidente por lo que se presentó la denuncia por la “presunta organización criminal”.
Los presidentes en Perú cuentan con inmunidad y normalmente no pueden ser acusados de delitos criminales. La denuncia constitucional representa un paso relevante para levantar esa restricción, en una de las medidas más agresivas tomadas contra Castillo desde que llegó al poder en julio de 2021.
Aunque algunos legisladores han dicho que quieren lanzar un tercer intento de destitución pero han reconocido que no tienen los votos necesarios, lo que por ahora mantiene a Castillo con cierta firmeza en el poder.
Algunos, sin embargo, creen que la denuncia constitucional podría llevar a la suspensión de Castillo con menos votos en el Congreso, controlado por la oposición, que una votación formal de destitución o vacancia.
Pero el primer ministro, Aníbal Torres, dijo que la denuncia constitucional es inconstitucional por sí misma, sentando las bases para una batalla legal sobre los límites del mecanismo.
Castillo enfrenta varios escándalos y ha sobrevivido a dos intentos de juicio político en el fragmentado Congreso. El mandatario rechaza hechos de corrupción y ha acusado a los fiscales de ser cómplices de grupos de poder que buscan su destitución.
Las denuncias incluyen a la esposa del mandatario y a su cuñada, quien actualmente cumple prisión preventiva por 30 meses, en la mayor escalada en las investigaciones fiscales.
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