Amplían detención de comuneros acusados de dedicarse al robo violento de vehículos en Cañete

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Amplían detención de comuneros detenidos por la PDI en sector Antiquina

La única mujer imputada, cuya detención no fue ampliada, fue formalizada por tenencia ilegal de municiones y se decretó su arraigo nacional, con un plazo de investigación de 3 meses.


Este lunes, el Juzgado de Garantía de Purén declaró como legal la aprehensión de cinco comuneros mapuche en el sector de Antiquina, en la comuna de Cañete, Región del Biobío, y se acogió la solicitud del Ministerio Público para ampliar la detención de cuatro de ellos hasta el jueves 2 de mayo a las 12 horas, por diligencias pendientes.

El fiscal de Angol, Marco Pávez, indicó que existen evidencias de la participación de los sujetos, en el año 2023, “en una serie de robos violentos a conductores, principalmente en la comuna de Purén”.

“Lo relevante de esta investigación que surge a partir del análisis de casos, donde se logra la agrupación de seis hechos de similar naturaleza, mismo modus operandis. Y con diligencias impartidas a la Policía de Investigaciones (PDI), especialmente la Brigada Investigadora de Robos de Angol, se logró establecer la participación de este grupo de sujetos”, agregó.

Los comuneros fueron detenidos por personal de la Brigada de Robos de la PDI, tras allanar sus domicilios en Antiquina, mismo sector en donde fueron asesinados tres carabineros durante el fin de semana.

Se dedicaban al delito de robo de vehículos motorizados, mediante el uso de intimidación y la violencia en la ruta que une a Purén con Cañete. Esta investigación nos permitió determinar que los imputados, residentes en el sector de Antiquina de la comuna de Cañete, trasladaban los vehículos hasta ese sector, algunos para su desarme y posterior venta, y otros para la utilización en la comisión de otros delitos”, detalló el subprefecto Rodrigo Briones, de la PDI de Angol.

La única mujer imputada, cuya detención no fue ampliada, fue formalizada por tenencia ilegal de municiones y se decretó su arraigo nacional, con un plazo de investigación de 3 meses.

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