Comisión investigadora de pensiones de gracia a víctimas del estallido pedirá revocar beneficio a personas condenadas

Son 418 las personas víctimas de hechos cometidos por agentes del Estado durante el estallido social que reciben una pensión de gracia, patrocinada con fondos aprobados por el gobierno.

La cifra se conoció en septiembre del año pasado, en medio del debate por este otorgamiento en la comisión investigadora de la Cámara que revisa estos antecedentes. De estos, 40 personas están condenadas por distintos delitos, entre ellos, algunos cometidos durante el estallido social.

Además, durante la tarde del miércoles 27 de diciembre, Ex-Ante reveló que uno de los beneficiados es Andrés Fuica Fuica (42), condenado por saquear un supermercado durante octubre del 2019, en medio de los desmanes de aquellas jornadas.

De acuerdo a lo informado por el medio, el decreto de Interior aumentó la pensión de Fuica, pasando de 1,0 ingresos mínimos, a 1,7. Esto quiere decir que el condenado ahora recibe una pensión vitalicia de $ 504.069 mensual.

El hecho causó una serie de reacciones en la comisión, la que votará durante la próxima semana el informe final de la instancia.

El presidente de la comisión, el diputado Henry Leal (UDI), explicó a La Tercera que “me parece impresentable que un nuevo caso, hace algunas semanas nos enteramos que se le entregó a una persona que estaba prófugo de la justicia, ahora a una persona condenada por haber saqueado, robado en un supermercado en el contexto del estallido social”.

En ese sentido agregó que “creo fundamental que el gobierno se allane a lo que la comisión le va a proponer, que es anular, dejar sin efecto las pensiones entregadas a personas condenadas, eso es lo que le vamos a pedir al Presidente de la República. La próxima semana se vota el informe en la Cámara y esperamos contar con el apoyo mayoritario de los diputados. Esto es impresentable, no puede seguir ocurriendo, tienen que ser dejada sin efecto estas pensiones de gracia. El gobierno lo puede hacer a través de otro decreto, poder invalidar una resolución anterior”.

En esa misma línea, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) indicó que “es impresentable que un gobierno le dé una pensión de gracia a una persona que ha sido condenada por hechos delictuales y eso demuestra la poca rigurosidad, el amateurismo de este gobierno, pero sobre todo lo que hay aquí es que hay una mirada complaciente por ciertos grupos marginales que se mueven ciertamente entre el delito, el desorden público y eso en definitiva contamina mucho al gobierno”.

El 14 de septiembre, cuando se reveló la cifra de 418 beneficiados, y que 40 de ellos habían sido condenados por hechos delictuales, el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que “la tramitación de las pensiones de gracia corresponde a la Subsecretaría del Interior. A ellos les ha correspondido, en el contexto de la comisión investigadora, aclarar el punto y el detalle del procedimiento corresponde que sea explicitado por el subsecretario del Interior”.

Para el diputado Andrés Longton (RN), también miembro de la comisión, “acá el Ejecutivo no tiene excusas y debe dar explicaciones: actuando rápido, invalidando o revocando este beneficio, o bien mandando un proyecto de ley que revierta esta decisión. Además, a esta persona ni siquiera se le acreditó como víctima en el juicio que se llevaba adelante. Una persona con antecedentes penales entre otros por violencia intrafamiliar, tendría que haber tenido una revisión más acuciosa, cosa que no ocurrió, al igual que con el indulto de Luis Castillo. A estas alturas ya pareciera que este actuar del gobierno es deliberado”.

En el gobierno advierten que cada una de las pensiones otorgadas tiene como fundamento de su otorgamiento la Glosa N° 12 de la Ley de Presupuestos del año 2022 del Programa Subsidios del Presupuesto del año 2022 del Tesoro Público.

Allí se detalla que “con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiarios, a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019, conforme a lo establecido en la Ley N° 18.056 (norma que regula el otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente)”.