Cómo se preparan fiscales y policías ante alza en los delitos de secuestro

El propietario de una empresa vitivinícola es secuestrado delante de su casa. Un empleado, que no ve llegar al señor, avisa a su esposa y ésta a Carabineros. Según la información facilitada por la mujer, el hombre llevaba consigo su teléfono móvil. Cerca de la casa, la esposa se percata de la presencia del auto de su marido, sin nadie a bordo. ¿Qué hay que hacer de inmediato?

La descripción corresponde a una situación hipotética que hace algunos días se presentó ante 90 efectivos de distintas unidades de Carabineros, fiscales de flagrancia y otros profesionales que asistieron a la capacitación sobre secuestros extorsivos que dictaron oficiales del Arma dei Carabinieri de Italia, en dependencias de la Escuela de Carabineros en Providencia.

El objetivo, como se explicó durante el curso, era “intercambiar experiencias en el control y lucha” contra este delito. Esto, como se informó recientemente en un informe emitido por la Fiscalía Nacional. Porque en 10 años los casos de secuestro en el país aumentaron un 68%, pasando de 343 en 2012 a 826 en 2022. Y este año la situación no ha mejorado. De hecho, el caso que tiene al indultado Luis Castillo privado de libertad nuevamente, y el que tuvo como víctima a un empresario de Rancagua, son sólo dos de los episodios recientes. En lo que va de 2023 se acumulan decenas de denuncias.

De ahí, entonces, que la instrucción, tanto en el Ministerio Público como en las policías, ha sido ampliar conocimientos y aprender de las técnicas que se han aplicado en países que han logrado el control de esta problemática, como Italia y Colombia.

Así, en el caso de la capacitación brindada por los oficiales italianos, según detalló el coronel Mauro Pino, jefe del Departamento OS-9, se ahondó en las diferentes fases del secuestro: cómo se aborda la denuncia, cómo se lleva a cabo la investigación criminal, la negociación y cómo se realiza la intervención policial.

“Acá lo importante, lo primero, es siempre rescatar con vida a la persona. Y, luego de eso, en base a toda la información que se va obteniendo, se busca la detención de los autores del delito (...) Por eso estas instancias son importantes: fueron dos semanas académicas, con una parte teórica y luego una etapa con ejercicios prácticos, donde el personal fue demostrando lo aprendido en estas clases que resultaron muy provechosas”, comentó el coronel.

En el mismo sentido, el capitano Gianluca La Gumina manifestó que se entregó a los oficiales nacionales detalles sobre la tecnología que se utiliza en Italia para enfrentar las investigaciones por secuestro, la modalidad bajo la cual se adoptan las primeras diligencias y la forma en que se rastrean las casas de seguridad en que la víctima pudiese permanecer en cautiverio, entre otros asuntos.

“Hablamos y abordamos los procedimientos que se siguen ante denuncias de este tipo de ilícito, así como también qué incluye el plan antisecuestro que activamos frente a un caso. Las intervenciones, en todo caso, siempre se deben adaptar al caso en particular y, por tanto, se requiere ir actualizando conocimientos”, mencionó.

Eso no fue lo único. Durante las primeras semanas de diciembre otro grupo de carabineros, junto al fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, se trasladaron hasta Colombia para cursar un diplomado en materia de crimen organizado y secuestro extorsivo. Por otra parte, el jefe de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo, viajó recientemente a Italia para reunirse con autoridades y, también, conocer de primera fuente cómo ese país ha avanzado en el combate contra este delito.

Como aseguró el fiscal Arias, las acciones desarrolladas dicen relación con las nuevas modalidades de comisión de este ilícito en territorio nacional, que se vinculan con la criminalidad organizada transnacional. Para ello, según indicó, la mejor forma de capacitarse y actualizar conocimientos, “es conocer la experiencia de ciertos países que ya han vivido estos fenómenos y que, de cierta manera, están vinculados con lo que está ocurriendo en Chile. Y ahí, sin duda, dos países ejemplares de cómo han disminuido dramáticamente la cifra de secuestro son Italia y Colombia”.

En su caso, relató, participó de una serie de encuentros con fiscales colombianos encargados de indagar estos fenómenos, “poniendo atención en cómo se organizan, cómo se estructuran, los equipos policiales que utilizan y en la necesidad de unificación de información”, ya que, como advirtió, resulta esencial promover la creación de equipos conjuntos de investigación si se quieren lograr mejoras en la persecución penal.

“Un común denominador en países donde se investigan estos fenómenos es el alto grado de capacitación de los equipos que llevan la investigación y la cohesión que tienen. Eso lo han solucionado mediante la creación de equipos exclusivos de secuestros y extorsiones, ya que les permite tener un fiscal especial unido a una policía especial. La idea de equipo conjunto supraterritorial es lo que les dio la llave para un adecuado control del fenómeno”, resaltó.

En el mismo sentido, recalcó que las estructuras territoriales de la Fiscalía que están vigentes en nuestro país están “más que obsoletas”, por lo que remarcó que urge avanzar en un órgano supraterritorial. “Y la mejor muestra de aquello son los resultados que está dando el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, ECOH”, ejemplificó el persecutor.

Dada la situación, y en base a la serie de elementos levantados por los investigadores, el fiscal nacional, Ángel Valencia, determinó elaborar una herramienta que les permita unificar criterios a la hora de investigar y así avanzar de mejor forma en lo descrito por Emiliano Arias.

Solicitó, de esta forma, la creación del Protocolo de Trabajo en Secuestros y Extorsiones que, como confirmó a La Tercera Ignacio Castillo, ha sido trabajado justamente por la Fiscalía Regional de O’Higgins y la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional.

Para este, según precisó el profesional, se toman en consideración “experiencias comparadas y también lo que ha sucedido en Chile, para así establecer un mecanismo de trabajo para enfrentar estos nuevos fenómenos criminales. Porque principalmente, y a pesar de sus diferencias, el secuestro y la extorsión comparten un núcleo importante que tiene relación con su carácter depredatorio y ser un negocio ilícito que las organizaciones criminales asumen como de alta rentabilidad”.

Con esto se busca, mencionó el abogado, estandarizar los criterios de trabajo y mejorar la coordinación entre el Ministerio Público y sus organismos auxiliares, “pero además mejorar el trabajo de análisis e inteligencia necesario para combatir este tipo de delitos”. Otro de los objetivos, añadió, es “mejora en la seguridad de la información” para así mantener las causas bajo reserva y, junto con esto, robustecer la protección de las víctimas y sus entornos.

“En definitiva, el protocolo busca reforzar la idea que en estos delitos el análisis y la inteligencia en la investigación, la reserva y el secreto de la información y la protección de las víctimas y familiares son la clave para una adecuada persecución”, apuntó el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas.

Más allá de las capacitaciones y nuevas herramientas que se puedan elaborar por la vía administrativa, Ignacio Castillo también aseguró que es necesario ir más allá y, eventualmente, elevar la discusión nuevamente hasta el Congreso y, en paralelo, avanzar en materia presupuestaria.

Según comentó el profesional, es necesario que en lo legislativo se reflexione respecto de la postura que tomará el país ante los casos de secuestro. Por ejemplo, Italia decidió en 1991 avanzar en una ley -considerada fundamental para los resultados que tuvieron- que le permite al Ministerio Público solicitar el bloqueo patrimonial de la víctima, de sus familiares y de terceros que pudieran estar eventualmente dispuestos a entregar dinero ante un caso de secuestro. Esto, como explicó el directivo, para cortar de raíz la posibilidad de que las bandas puedan acceder a recursos, desincentivando la base de este tipo de ilícito.

Asimismo, Castillo planteó como necesario que legisladores pudiesen evaluar aumentar las penas asociadas a los delitos de extorsión y que también miren con atención un proyecto que está actualmente en tramitación y que dice relación con fortalecer la figura de la “cooperación eficaz”. Esto último busca, como detalló, “que alguno de los participantes de una banda vinculada a estos hechos pueda colaborar a cambio de un beneficio, porque eso también ha sido una herramienta fundamental en contra de los delitos de extorsión y secuestro, ya que además permite proteger de mejor forma a la víctima”.

Por otra parte, el abogado reconoció que una de las debilidades que tiene el sistema es la falta de mayor tecnología. De hecho, no se ha podido avanzar en medidas intrusivas como las que permite la nueva ley 21.577 -que fortalece el combate del crimen organizado- porque no hay insumos ni recursos. “Aún tenemos herramientas intrusivas que están muy por debajo de lo que uno observa, por ejemplo, en países europeos. Podemos hacer mucho más en términos tecnológicos para estar mejor preparados para enfrentar este tipo de delitos, pero para eso necesitamos inversión”, sostuvo.

Considerando que gran parte de los secuestros se organizan desde las cárceles, como mencionó Castillo, también se posiciona como punto clave el fortalecer coordinaciones con Gendarmería y que esta institución, a su vez, pudiese reforzar sus unidades de investigación al interior de los penales.

Asimismo, se plantea como necesario mejorar la capacidad del Ministerio Público para la persecución del dinero ilícitamente obtenido por las bandas, para así incautarlo y también todo lo que se haya adquirido con esos fondos. “Para eso se requiere una institucionalidad que nos permita gestionarlo y administrarlo adecuadamente. Y eso todavía no existe”, explicitó Castillo.

Por último, en el nivel preventivo, también se considera esencial fortalecer la comunicación efectiva respecto de la importancia de denunciar este tipo de hechos, a efectos de que la sociedad civil también reaccione en contra de estas “actitudes mafiosas”.