Cordero y cambios en nombramiento de jueces tras caso Hermosilla: “No necesitamos escándalos para avanzar en esto”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó el debate sobre el sistema con el que se suplen las vacancias de jueces. Esto, tras la publicación que hizo Ciper respecto a que las conversaciones registradas en el teléfono móvil incautado al abogado Luis Hermosilla revelan su influencia en los nombramientos en el Poder Judicial.

“No necesitamos escándalos para avanzar en esto, porque de los escándalos previos hemos hecho modificaciones y siguen produciéndose malas prácticas”, afirmó el ministro.

Cordero fue consultado por el tema tras la ceremonia de Cuenta Pública de la Contraloría General de la República y señaló que “la discusión es bien antigua y además hay algunas iniciativas todavía en tramitación en el Congreso”.

Recordando que los dos últimos procesos constitucionales han contenido normas en esta materia y asegurando que hay consenso en generar modificaciones al procedimiento para nombrar jueces, el ministro de Justicia recalcó que “no hay sistema institucional ni reforma legal que pueda sobrepasar o que pueda resguardar cuando se afecta la integridad en general”.

Sobre ese punto, llamó a no quedarse con la sensación de que simplemente con modificar la ley se van a solucionar “malas prácticas”.

“Implica cambios de conducta, cambios culturales y prácticas de desarrollo institucional, que pese a todos los esfuerzos que hemos hecho, hemos visto que algunas de ellas se han mantenido”, advirtió.

De acuerdo al reportaje de Ciper, Hermosilla, cuando se desempeñaba como asesor del Ministerio del Interior, tuvo un rol en nombramientos que tuvieron lugar en la Corte de Apelaciones de Santiago hace tres años, según los mensajes que están siendo revisados por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Cordero fue consultado si es posible que la gestión de algún abogado particular pueda incidir en el nombramiento de un ministro de Corte Suprema a de una de las cortes de apelaciones del país.

“No es algo respecto del cual yo pueda descartar que pueden existir recomendaciones. Otra cosa distinta es si existen instrucciones, órdenes para conformar determinado tipo de terna o intercambios con el propósito de obtener algún favor como resultado de la intermediación en un sistema de nombramiento. Pero yo me quedaría en eso sobre la base de la investigación que está desarrollando el Ministerio Público. Cualquier opinión previa significaría adelantar o especular sobre cosas que yo creo que es el Ministerio Público el que está mejores condiciones de entregar resultados de la investigación”, sostuvo la autoridad de gobierno.

El titular de Justicia expuso que se hizo una modificación a finales del siglo pasado para hacer participar al Senado en el mecanismo de nombramiento en la Corte Suprema “precisamente para tratar de que existieran controles cruzados” y ante conflictos de lobistas se estableció la práctica de audiencias públicas.

“Lo que quiero decir es que usted puede hacer reformas orgánicas, pero si no hay un cambio en la política de integridad, en la relación en que se vinculan los procesos de nombramiento y particularmente la profesión legal en este tipo de cosas, todas las reformas pueden terminar siendo igualmente limitadas”, sentenció.

“Yo quiero insistir sobre este punto. Cuando uno habla de las políticas de integridad pública, no basta con reformas legales. Hay una cierta forma de ejercer la función pública que yo creo que es relevante. La Corte Suprema ha hecho avances significativos en esto y yo creo que estos hechos probablemente van a hacer que la Corte insista sobre ese tipo de asuntos. Las reformas están en el Congreso. Las iniciativas son bastante conocidas”, comentó el secretario de Estado.

Desde La Moneda, en tanto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, abordó el debate en términos similares a los de su par de Justicia y apuntó a la condición de Hermosilla, como una figura influyente en la administración anterior.

“La institucionalidad por definición es perfectible. Ahora es necesario precisar que se ha generado una controversia respecto de la persona que habría eventualmente influido en la decisión que se tomó por un anterior o antiguo Presidente. Respecto a esto, como ustedes saben, los presidentes de la República, al tomar determinadas decisiones, obviamente realizan consultas a sus cercanos y personas de confianza. El problema es que en este caso quien habría, al parecer, participado en estas consultas es un abogado que está siendo investigado por hechos gravísimos”, señaló.

Hermosilla está siendo investigado por la Fiscalía Oriente, imputado por el delito de soborno en una investigación que el Ministerio Público calificó de secreta. En pericias a su teléfono se descubrieron conversaciones que sostuvo con el exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, en que la exautoridad policial actualmente en prisión preventiva le entregaba información sobre los casos Dominga y Enjoy y sobre las investigaciones a Felipe Guevara, Raúl Torrealba y a Héctor Espinosa.

“El Presidente, cuando toma una decisión, obviamente, puede consultar a personas de confianza con el objeto de formarse una opinión o una convicción para que esa sea la mejor decisión pensando en el país. El problema, en este caso, al parecer, quien habría participado influyendo en las decisiones es una persona que está siendo investigada por hechos gravísimos”, insistió Elizalde.

“Lo que corresponde aquí es que no se minimicen estos hechos y que sean totalmente esclarecidos. Porque estamos hablando de grabaciones que indican que se habría sobornado a funcionarios públicos y también, de acuerdo a otras causas que se han abierto vinculadas con esta, de información reservada que habría sido proporcionada a esta persona infringiendo la ley”, expuso el titular de la Segpres.