Defensoría buscará liberar a 3.000 imputados en prisión preventiva para evitar contagios

El primer interno diagnosticado con Covid-19, quien estaba en un penal de Puente Alto, no logró modificar su prisión preventiva, pese a que estaba contagiado. El 30 de marzo, el tribunal de garantía consideró que había que mantenerlo tras las rejas en una zona habilitada para enfermos de coronavirus, separado del resto de la población penal. Esto, luego de que la fiscalía argumentara que el imputado era un peligro para su padre de 80 años, a quien habría lesionado varias veces. Este martes, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de amparo que presentó para tratar de salir libre, “puesto que se han adoptado las medidas necesarias para hacerse cargo de su salud”.

Según el reporte diario de Gendarmería, hasta ayer había 26 presos y 76 funcionarios penitenciarios contagiados. Los efectos de la pandemia en las cárceles fue materia de discusión en la Comisión Coordinadora de Justicia Penal, donde el 1 de abril se acordó reducir el número de prisiones preventivas e incluso se han hecho gestiones para acelerar el proceso de las libertades condicionales.

Al día siguiente de esta cita, el fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo en una declaración pública que debido a las condiciones que atraviesan los recintos penitenciarios, se va a “concordar la sustitución de las prisiones preventivas por arrestos domiciliarios, solo en los casos en que no exista mayor riesgo para la víctima ni para la sociedad”, y cuando no se trate de delitos graves.

A dos semanas de ese compromiso, desde la Defensoría Penal Pública (DPP) -que representa el 92% de los casos que tramitan en el sistema penal- ven lo pactado como algo que no se ha traducido en la práctica. “Pensando en el grupo de delitos que no están dentro de los más graves, sumado a los (imputados) primerizos (que cometieron por primera vez un ilícito) y las condenas que históricamente no son privativas de libertad, aspiramos a tratar de revisar 3.000 casos”, dijo Tomás Pascual, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública.

Según sus cifras en materia de revisiones de prisión preventiva, entre el 3 de marzo y el 14 de abril, de un total de 1.132 audiencias requeridas a nivel nacional, se han realizado 750 y se ha sustituido la cautelar en 242 personas, lo cual representa un 32% de acogimiento de sus solicitudes. Los tribunales han rechazado 508 (68%) peticiones de modificación de prisión preventiva y la fiscalía se ha opuesto al cambio de la medida cautelar en 621 casos (82%).

“Al principio se oponían a todo, a pesar de que el Ministerio Público había manifestado su voluntad de poder revisar los casos de prisión preventiva, lo que es lamentable porque una oposición de 80% es oponerse a casi todos los casos”, señaló Pascual.

Sobre este punto, desde la Fiscalía Nacional reiteraron lo informado en su declaración pública y dijeron que “el fiscal nacional prepara la dictación de un instructivo para los fiscales del país, cuyo objetivo es utilizar los mismos criterios establecidos en el proyecto de ley de indulto conmutativo, beneficiando a un grupo de imputados privados de libertad por delitos menos graves y excluyendo intransablemente a quienes estén recluidos por la comisión de delitos graves”.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que ha hablado de este tema con la Defensoría Penal, “para que intente en todos los casos que estime pertinente una revisión de esta cautelar y solicite el cambio de la prisión preventiva por la de arresto domiciliario. El esfuerzo de la Defensoría no ha tenido todo el impacto que hubiésemos querido, pero debemos seguir intentándolo”.

En ese sentido, el secretario de Estado aseguró que fue el propio Ministerio Público quien “hizo ver que no obstaculizaría mayormente estas gestiones para facilitar la salida de personas de los penales. No obstante ello, sigue siendo reducida la cifra”.

Larraín añadió que “entendemos que existe una responsabilidad indelegable de los jueces y sabemos que está en juego la seguridad pública, pero también es efectivo que la presunción de inocencia debe ser tenida en consideración. Son muchos (más del 40%) los que han estado en prisión preventiva que, al terminar el proceso, son declarados inocentes o condenados a una pena que no es la privación de libertad. Esto también debe estar en la retina de los jueces”.

La jueza es Michelle Ibacache, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, explicó que “el llamado de la autoridad fue a sustituir la medida cautelar de prisión preventiva en aquellos casos en donde dicha medida significara directamente un eminente peligro para la vida del imputado, y es ahí donde en lo personal -y me imagino que el resto de los jueces de garantía- hemos puesto especial cuidado y para aquello se han tomado en cuenta diversos antecedentes”.

Aseguró que “le he dado prioridad al momento de resolver a un documento emanado por Gendarmería y que fue comunicado a la Defensoría, en el cual se señala cuál es la población penal perteneciente al grupo de riesgo de salud, ya sea por padecer de enfermedades crónicas o que por su edad o condición se encuentren en mayor peligro en el evento de sufrir el contagio al interior del penal”.

Pascual explicó la estrategia para liberar a estas personas se ha separado en dos etapas. La primera fue abarcar los grupos de riesgo que pueden verse afectados gravemente en el evento de contraer el virus, que son los adultos mayores, mujeres embarazadas y lactantes y los enfermos crónicos. E indicó que ahora se encuentran en una segunda etapa, “donde estamos pidiendo que se revisen todas las situaciones donde veamos que la pena que arriesga la persona en prisión preventiva va a ser probablemente cumplida en libertad o de personas que hayan cometido un delito por primera vez”.