Fiscal adelanta que investigarán fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por caso Democracia Viva

La Brigada Investigadoras de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones será la encargada de indagar los supuestos delitos en torno a los convenios suscritos por la Seremi de Vivienda en Antofagasta y la fundación Democracia Viva.

La fiscalía abrió una investigación de oficio para indagar la adjudicación de $426 millones para la fundación representada por Daniel Andrade, pareja de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez. Los dardos han apuntado a la exautoridad de Vivienda de la II Región, Carlos Contreras -exjefe de gabinete de Pérez en la legislatura anterior- por favorecer mediante convenios de trato directo a dicha fundación.

El fiscal Cristián Aguilar señaló que se han derivado “diversos requerimientos de información” al Ministerio de Vivienda, a la Seremía de Antofagasta y a la Contraloría. Esto, dijo, “para efecto de que puedan poner a disposición de la fiscalía todos los antecedentes relativos a la existencia de convenios ente la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la mencionada fundación para efectos de poder definir las circunstancias en que se produjeron dichos convenios”.

El fiscal dijo que se investigará delitos como tráfico de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. “Es una investigación a la institución y a las personas que conforman la institución y que tienen algún poder de decisores para los efectos de haber participado o intervenido en la celebración de estos convenios”.

El persecutor señaló que se podrían ordenar nuevas diligencias en torno al caso. Hoy se conoció que los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma, Cristián Moreira y Juan Manuel Fuenzalida presentarán una querella por este caso de platas públicas e influencias políticas que salpica al oficialismo.

Por otra parte, la Contraloría dio cinco días al Minvu para detallar todos los recursos traspasados a fundaciones en Antofagasta. En ese sentido, instruyó que se rindieran cuentas sobre cómo se llevó a cabo el proceso que no solo involucró a Democracia Viva, sino que a todas las fundaciones sin fines de lucro, entre el 2022 y el 2023.