Fiscalías de Chile y Bolivia firman tratado de cooperación contra el crimen organizado

El documento, rubricado por el fiscal nacional Ángel Valencia y su homólogo boliviano, Juan Lanchipa Ponce, apunta a consolidar entre ambas naciones los esfuerzos, capacidades y conocimientos para intercambiar información y fortalecer acciones contra delitos transnacionales como la trata y tráfico de personas, así como el narcotráfico, entre otros.


Este martes, el fiscal nacional Ángel Valencia selló con su firma un tratado de cooperación con Bolivia contra el crimen organizado, documento que también lleva la rúbrica de su par boliviano, Juan Lanchipa Ponce, y cuyo objetivo apunta a consolidar entre ambas naciones los esfuerzos, capacidades y conocimientos, así como también intercambiar información para fortalecer las acciones contra ilícitos transnacionales como la trata y tráfico de personas, el narcotráfico, entre otros delitos.

La ceremonia se realizó en el marco de la primera visita oficial del jefe nacional del Ministerio Público al país vecino.

El Convenio Marco de Colaboración permitirá la mutua transferencia de conocimientos entre ambas Fiscalías, con la finalidad de fortalecer el cumplimiento de sus atribuciones, competencias y facultades, lo que permitirá facilitar activamente el intercambio de información relevante para las investigaciones de hechos criminales que ambas instituciones llevan a cabo en sus respectivos países.

Nunca antes habíamos tenido que enfrentar la amenaza de bandas transnacionales operando dentro de nuestro territorio, pero que toman sus decisiones fuera, más allá de nuestra frontera”, sostuvo el persecutor nacional, ahondando que en Chile se está experimentando una realidad que no tenía precedentes de forma local.

Por su parte, el fiscal general de Bolivia remarcó que “el intercambio de información es fundamental para el trabajo investigativo, tanto de la Fiscalía de Chile como de Bolivia. Necesitamos comunicaciones inmediatas, expeditas y claras, con información que realmente brinde apoyo”.

En ese contexto, el acuerdo establece formas y métodos de cooperación en la lucha contra delitos como la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilegal de armas, drogas, migrantes y la trata de personas.

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