Gobierno promete a Brasil rebajar pena perpetua de "Ramiro" a 30 años

Imagen ramiro
El exjefe operativo del FPMR está preso en Brasil desde 2002, tras el secuestro de Washington Oliveto.

Justicia y Cancillería sellaron sellaron acuerdo para extraditar al exfrentista y se espera hoy en la madrugada su llegada. "Es nuestra política cooperar con otros países y no dar refugio a criminales o terroristas", dijo el Presidente brasileño, Jair Bolsonaro.


"La extradición de Hernández Norambuena es cosa de horas". De esta manera el ministro de Justicia, Hernán Larraín, le informó ayer al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, que el ex jefe operativo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Mauricio Hernández Norambuena (61), alias "comandante Ramiro", sería trasladado desde Brasil a Chile para cumplir su condena por el crimen de Jaime Guzmán, en 1991, y el secuestro de Cristián Edwards, en 1992. El canciller Teodoro Ribera anunció antes de la medianoche que el avión con el exsubversivo había partido desde Sao Paulo, según lo informado por el cónsul de Chile en esa ciudad. Se espera la llegada de Hernández esta madrugada, para luego trasladarlo, al menos momentáneamente, hasta la cárcel de Alta Seguridad, mismo recinto desde donde se escapó en un helicóptero en 1996.

La noche de este lunes, en redes sociales, el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se refirió a la extradición del exfrentista. "Es nuestra política cooperar con otros países y no dar refugio a criminales o terroristas. Superando los problemas burocráticos entre Brasil y Chile, hoy estamos extraditando a Norambuena", dijo el Mandatario.

La información comenzó a surgir el domingo, cuando la familia de Hernández comunicó su preocupación por el cambio de cárcel de "Ramiro", en que advertían una "extradición ilegal" del exfrentista, condenado desde 2002 en Brasil por el secuestro del empresario Washington Olivetto.

Los antecedentes de cómo el gobierno selló el acuerdo para extraditar a Norambuena primero fueron dados a conocer por el Ministerio de Justicia de Brasil, en que informaba que "ha habido un compromiso formal por parte del gobierno chileno de no ejecutar las sanciones no previstas en la Constitución brasileña. Estos incluyen la cadena perpetua y la pena de muerte ".

El trato fue el siguiente: Chile, a través de las negociaciones del ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el canciller Teodoro Ribera con autoridades brasileñas, se comprometió a rebajar la pena perpetua contra Hernández a 30 años de presidio, descontando los tres años que ya cumplió como recluso en la CAS.

Según dijo a La Tercera el ministro Larraín, "Chile ha manifestado a Brasil que la extradición se hace en conformidad a las normas vigentes en ambos países y a los tratados suscritos por estos referidos a cómo procede la extradición. Así, el tratado de 2012 (Mercosur con Chile y Bolivia) establece que el extraditado tendrá en el país requeriente (Chile) la pena máxima establecida en el país requerido (Brasil)".

La solicitud de extradición de Hernández, además, se da en un contexto donde el exfrentista podía acceder a beneficios penitenciarios, lo que precipitó las tratativas.

El titular de Justicia agregó que "Hernández Norambuena tendrá como pena máxima en nuestro país los 30 años que tiene como límite superior la legislación de Brasil para sus condenados, cumpliendo así nuestras obligaciones internacionales derivadas del mencionado tratado".

El acuerdo, que se selló luego de conversaciones entre ambos países desde mediados de junio y de manera secreta, se basó en el Artículo 13 del acuerdo de extradiciones entre los Estados parte del Mercosur, Chile y Bolivia, de 2012.

Ahí se señala que "el Estado parte requiriente (Chile) no aplicará al extraditado, en ningún caso, la pena de muerte o la pena privativa de libertad a perpetuidad".

En tanto, en la Corte Suprema no había claridad de los términos en que se logró el acuerdo. Lo único que existió fue la comunicación de Larraín al presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito.

Consultado el vocero de la Suprema, Lamberto Cisternas, señaló que debe aclararse cuáles serán las fórmulas para bajar la condena, y si es así, esto podría ser vía indulto presidencial o bien visado por un tribunal. "Hay mecanismos legales para rebajar condenas, no sé si en este caso se han cumplido. Si el mecanismo se utilizó, sin embargo, no necesariamente tiene que ser aceptado. Es algo que tiene que ver el tribunal", dijo.

En esa misma línea, explicó que "el derecho de la petición no está aparejado al resultado. Nunca se puede asegurar que por el hecho de la petición se pueda aceptar por el tribunal".

En el caso de ejecutarse la extradición y de aplicarse la condena a "Ramiro", este saldría en libertad en 27 años más, con 88 años, en 2046. Esto, si es que se consideran como "abonados" solo los tres años preso en Chile.

No obstante, la familia del exfrentista apela a que también se deben sumar los 16 años que estuvo encarcelado en Brasil. Expertos consultados indicaron que esta situación aún debe ser aclarada.

Sobre los beneficios penitenciarios a los que podría acceder, según explicaron fuentes de gobierno, estos podrían ser limitados, pues está condenado por delitos terroristas.

Reacciones

Desde la familia de Hernández recibieron la noticia con escepticismo. La hermana del exfrentista, Laura Hernández, sostuvo que "nos gustaría saber cómo se aplicará este compromiso, porque acá debiera haber una conmutación de pena, es decir, él lleva casi 17 años preso en Brasil y estuvo tres años preso en Chile. Entonces, solo debería estar preso nueve años, pero eso es especulación. Por eso estamos pidiendo una audiencia con el ministro para despejar todas las dudas".

Por su parte, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, manifestó que el acuerdo "es razonable", pues sostuvo que "la alternativa era que Hernández saliera con beneficio de régimen semicerrado y se hubiera demorado un segundo en irse a Francia".

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