Obispo Ramos por convenio entre la Cech y la Fiscalía: "El texto va más allá de lo que exige la ley"

El pasado 30 de abril el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile (Cech), Fernando Ramos, firmaron un acuerdo de cooperación para mejorar el proceso penal respecto de las investigaciones por denuncias de abusos sexuales que está llevando adelante el Ministerio Público contra miembros de la Iglesia Católica.

El acuerdo fue uno de los temas centrales de la 118ª Asamblea Plenaria de la Cech que se efectuó en Punta de Tralca. Tras leer el documento de conclusiones, Ramos defendió la medida asegurando que "el texto va más allá de lo que exige la ley" y que "estamos dando un paso más allá".

"Este convenio elaborado con la Fiscalía Nacional (...) incluso lo hemos llevado a la Santa Sede, que dio algunas sugerencias, de forma que cumple con toda la legalidad", precisó Ramos, al mismo tiempo que aclaró que "creemos que escribiéndolo queda más transparente nuestro compromiso" con las denuncias y que "no veo dónde está el privilegio".

Esto, en medio de las críticas de distintos sectores, que han manifestado no entender por qué la Iglesia debe suscribir un compromiso, para acreditar la ayuda en los procesos indagatorios de casos de abuso sexual.

Según el documento, "el principal objetivo de esta medida es permitir el acceso a justicia y el ejercicio de los derechos de todas las víctimas de delito, junto con ejercer de mejor forma la persecución penal, al buscar determinar la comisión de hechos posteriores que sí sean de competencia del actual sistema de justicia penal, o que hayan provocado el efecto de interrumpir la prescripción de la acción penal, según lo dispuesto en el Artículo 96 del Código Penal".

De forma unánime se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que obliga a las autoridades eclesiásticas a denunciar delitos contra menores y personas impedidas de ejercer su autonomía, de los cuales tomen conocimiento en el ejercicio de su cargo. Tras la aprobación por parte de los diputados la iniciativa pasará al Senado para continuar su trámite legislativo.

Esto llevó a que se discutiera el secreto de confesión, que ha sido estrictamente defendido por la Iglesia y hoy no fue la excepción.

"Otro tema que hemos tenido en cuenta con especial atención es el relativo al sigilo o secreto en el sacramento de la confesión, propio e inherente a este acto sagrado, reconocido y resguardado por las leyes del Estado chileno, que garantiza la libertad religiosa como un valor de la sociedad. El sigilo sacramental es inviolable, como inviolable es la conciencia de quienes acuden a confesar sus pecados para, arrepentidos, disponerse a repararlos asistidos por la gracia de Dios que nos ofrece su perdón", precisa el escrito de la Asamblea.

El obispo Ramos leyó un párrafo en el que se refieren al crudo testimonio que diera Marcela Aranda, denunciante del sacerdote jesuita Renato Poblete.

"El abuso por parte de consagrados es una herida que nos sigue estremeciendo. En estos días hemos conocido, por un medio de comunicación, el horror que ha vivido una víctima de abuso por parte del sacerdote Renato Poblete. Nadie merece vivir lo que ella y tantos otros han vivido. Esto renueva nuestro compromiso de seguir escuchando y acogiendo el testimomio de víctimas y sobrevivientes de abuso, para aprender de ellos y de sus vidas".

Consultado sobre si la figura de Renato Poblete desprestigia a la Iglesia Católica, el secretario de la Cech indicó que "el testimonio de ella relata hechos que son horrorosos. Todos como iglesia quedamos profundamente choqueados. Es evidente que esto produce un impacto a toda la sociedad y que tenemos que trabajar todos para que no vuelva a ocurrir nunca más".