Presidente del Tribunal Constitucional: "Más allá del caso Oviedo, aquí está en juego el Estado de derecho que ha venido decayendo"

"Nosotros vemos si una ley es constitucional o no, y no solo en el caso del general Oviedo". Así se plantea el abogado Iván Aróstica Maldonado, a medio camino entre una afirmación coyuntural, respecto de la causa que involucra al ex comandante en jefe del Ejército, y casi una declaración de principios.

Quedan pocas semanas para que el actual presidente del Tribunal Constitucional (TC) entregue el cargo, lo que ocurrirá a fines de agosto próximo. Y las dos últimas han sido complejas.

La investigación que la ministra en visita Romy Rutherford sigue en esa rama de las Fuerzas Armadas, producto de eventuales irregularidades, llevó a que la defensa del otrora alto oficial (investigado por la supuesta malversación de caudales públicos, cifrada en $ 4.500 millones) acudiera al TC para solicitar la paralización de la causa. Escenario que a la postre ocurrió, justamente con su voto.

En entrevista con La Tercera, Aróstica aborda no solo los vericuetos de este capítulo, sino también otros temas que han surgido producto del mismo caso, como el rol del TC, su relación con la Corte Suprema y la necesidad de revisar la pertinencia del secreto de sumario.

En las últimas semanas el TC tuvo que aclarar dos veces la paralización adoptada en la causa del general (R) Humberto Oviedo. ¿Qué está pasando con las resoluciones del tribunal? ¿No están siendo lo suficientemente claras?

Esto ocurre cuando hay un texto, un autor y un intérprete. Pueden pasar estas cosas. Para nosotros, los que votamos por la suspensión, el 9 de enero de este año, era súper claro. Si se dijo en el rol (de la causa) sin apellido, creemos que no había necesidad de explicar nada más. Se entiende, en el rodaje jurídico, que cuando uno no hace distinción, lo abarca todo.

Se suspendió toda la causa, pero la ministra Rutherford ya le dio a la defensa de Oviedo acceso al sumario, que es lo que ellos pedían y reclamaban...

Hay dos cosas ahí. Primero, yo no tengo por qué saber que la ministra le dio conocimiento de sumario al requirente. Y no tengo por qué saber eso, justamente porque es secreto. Lo segundo, lo que va tener que ver el pleno del Tribunal Constitucional, es un poco más complejo. Lo que está en juego en este caso va a más allá del caso del señor Oviedo.

¿En qué sentido?

Está en juego el Estado de derecho. O sea, cómo vamos a entender el Estado de derecho a futuro. Chile, más allá del caso Oviedo, ha venido en las últimas mediciones internacionales decayendo en materia del Estado de derecho. Y eso se concreta en una falta de certeza y seguridad jurídica. Todos somos responsables, los jueces, los legisladores, el Ejecutivo, la Contraloría. Pero yo hablo por nosotros, por los jueces constitucionales: tenemos que dar certeza y decir qué vamos a hacer con todos estos procesos. Uno no solo piensa en el señor Oviedo, sino en qué vamos a hacer a futuro.

¿Usted se refiere a la pertinencia del secreto de sumario?

Sí, al secreto de sumario y al derecho de las partes en un proceso. No podemos contentarnos con un mínimo del Estado de derecho. Tenemos que ir más allá, porque de eso depende el desarrollo del país y la seriedad que proyectamos afuera. Algunos dicen que los chilenos son distintos, que saben hacer las cosas y pensarlas con prospectiva.

¿Cómo toma usted el fallo de la Corte Suprema en el amparo presentado por la defensa de Oviedo? Algunos lo interpretaron como un espaldarazo a la ministra.

La ministra Rutherford ha actuado conforme a la ley hasta el momento. El sumario es secreto y la Corte Suprema no le puede decir que está mal, porque la ley dice que el sumario es secreto.

Nosotros vemos si esa ley es constitucional o no, y no solamente en el caso de Oviedo (...) Yo no tengo dudas de la ministra se ha ajustado rigurosamente a la ley. Estamos súper claros en el problema. Ahora esa ley tiene que pasar por el cedazo de la Constitución. La corte actuó bien, da certeza de que la ley se aplica. Y ahora (el TC) debe verlo con calma, lo que no significa una demora, sino verlo con la suficiente prudencia, para corroborar si esa ley se ajusta a la Constitución.

El vocero de la Corte Suprema reconoció que la atribución del TC para suspender procedimientos puede producir "retardos" considerables en las causas. ¿Usted, como presidente, hace alguna autocrítica respecto de la lentitud del TC para resolver estos recursos? La causa de Oviedo ya acumula más de seis meses y recién ahora se está empezando a ver el fondo en el pleno.

Yo hago la autocrítica inmediatamente, pero el problema no es la suspensión. Estamos tratando, con el compromiso de todos los ministros del TC, de apurar la redacción de los fallos. Eso es una cuestión interna que a veces demora demasiado, según nuestros propios criterios. Esa es la autocrítica, algo que hay que asumir y corregir. El jueves, en el pleno, se van a ver las causas que tienen excesivo retardo en su redacción. Estamos trabajando en estrechar el número de causas que tienen esa excesiva demora, que son cerca de 183 casos. Que la jueza tenga seis meses de sumario, eso es asunto de ellos. Aquí hay una demora el Tribunal Constitucional y yo respondo por eso. Pero esos mismos seis meses llévelos para allá. Uno podría decir también que se ha demorado seis meses el Poder Judicial en investigar esto, ¿no será mucho?, conforme a los nuevos parámetros del código. Pero insisto. Yo respondo por mí. Y sí, tajantemente, hay que mejorar los tiempos de redacción de los fallos en el TC.

¿La Corte Suprema, en ese sentido, puede pedirles agilizar de alguna forma estas causas?

Me parece que se requiere algo tan simple. Algo como que, si la Corte Suprema tuviera a bien, en vez de decirme que nos demoramos mucho en general, nos planteara cuáles son esas causas, para que nosotros apuráramos su redacción. Porque lo hemos hecho y han salido muy rápido. Se ha hecho a través de oficios de la Tercera Sala. Nosotros no podemos exigirle a la Corte Suprema que nos explique por qué tiene prioridad una causa versus otra; esa es una decisión de ellos y nosotros la respetamos. Basta que nos digan cuáles son las que están entrabadas y acá les damos preferencia. Ahora, los tiempos de admisión a trámite están regulados por ley. Esos yo no los puedo cortar. Lo que puedo hacer es agilizar, porque tenemos un tiempo muy largo de redacción del fallo.

¿La tabla del pleno o de la Primera Sala la maneja usted? Se lo pregunto porque podría estar en sus atribuciones darle celeridad a esta causa, la del general Oviedo.

Sí. Yo como presidente tengo la atribución de preguntarle al pleno y ellos deciden. Pero, antes de eso, yo soy quien decide si lo llevo al pleno. Eso significa automáticamente hacer una discriminación razonable respecto de los casos que deben estar en primer lugar. Es muy probable que vamos a continuar con el criterio que ha seguido siempre el Tribunal Constitucional en esta materia. Es decir, cuando hay materias penales en juego y personas procesadas que están afectadas, lo pongamos como algo con preferencia en el pleno.

La opinión pública criticó a los tres ministros, entre ellos usted, que votaron a favor de declarar la suspensión total de la causa en favor de Oviedo. Se habló de que estaban defendiendo al Ejército e incluso de la existencia de supuestos "pactos de impunidad". ¿Qué le parece esto?

Insólito. Hemos llegado a niveles que me parecen totalmente extraños. Yo no tengo ningún pacto con el Ejército. Me han sacado en cara que fui fiscal de la Caja de la Defensa el año 1996, lo que en realidad era un organismo civil, no del Ejército. Y además no salí bien de esa repartición, me echaron, así es alguien bien podría decir también que yo tengo animadversión contra la institución. La verdad, no fue muy agradable cuando me pidieron la renuncia. Por eso soy muy claro en decir que no hay ningún pacto. A un juez no tienen que preguntarle por sus opiniones personales. Si un magistrado no tuviera opiniones personales, no sería persona. Por eso, por ejemplo, yo tendría que dar una explicación como juez si en todas las causas voto por la suspensión y solamente en ésta no. Creo que en esta materia los ministros que suscribimos la suspensión no estamos incurriendo en nada incorrecto. Hemos sido consecuentes con todos nuestros fallos, independientemente de que el involucrado sea Pedro, Juan y Diego.