Abogado querellante solicitará a Fiscal Nacional inhabilidad de fiscal Huerta por caso 27/F

Raúl Meza asegura que la persecutora emitió juicios que eximen de responsabilidad penal a Michelle Bachelet.




Este lunes el abogado querellante del caso 27/F, Raúl Meza, solicitará al Fiscal Nacional Sabas Chahuán, la inhabilitación de la fiscal Solange Huerta, quien encabeza la investigación por el terremoto y tsunami del 2010.

El fundamento de dicha solicitud, dice relación con las afirmaciones que hizo la persecutora respecto a la ex Presidenta Michelle Bachelet, que a juicio de Meza, anticipan un juicio que la exime de responsabilidad penal.

A juicio del abogado, la fiscal Huerta al hacer "tan categórica y absoluta afirmación sobre la falta de responsabilidad penal de la Sra. Bachelet Jeria, anticipa equívocamente juicios de carácter penal respecto de personas que intervienen directamente en los hechos que se investigan, habida consideración que, la etapa investigativa aún se encuentra pendiente y en consecuencia, resulta procesalmente improcedente manifestar una opinión jurídico penal que exima en forma anticipada la responsabilidad penal de alguno de los intervientes en esta causa".

Por otro lado, el abogado asegura que "sin perjuicio de la petición que se hara ante el Fiscal Nacional, se solicitará ante el 7 Juzgado de Garantía que se pronuncie sobre una eventual falta de imparcialidad del órgano persecutor penal, que se habría configurado, a nuestro juicio, durante el curso de la investigación en relación a la negación permanente y sistemática en seis oportunidades por parte de la fiscal Huerta para que la ex Presidenta Michelle Bachelet declare en la calidad de imputado en la causa y sea sometida a un extenso interrogatorio por parte del querellante".

De estimar el Tribunal de Garantía que efectivamente se están afectando las garantías judiciales y constitucionales de las victimas en el curso de la investigación, se podría decretar el sobreseimiento temporal de la causa, hasta que no se garantice debidamente la imparcialidad del órgano persecutor penal y los derechos de las victimas.

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