Abren investigación contra Artur Mas por consulta independentista en Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de  Cataluña (TSJC) ha decidido admitir a trámite las denuncias por desobediencia  contra el presidente regional catalán, Artur Mas, por la organización el 9 de noviembre de una consulta simbólica sobre la independencia de esta región.

"El pleno de la sala de lo civil y penal del TSJC ha acordado, por mayoría,  admitir a trámite todas las denuncias y querellas por la presunta desobediencia  a la resolución del Tribunal Constitucional", que había suspendido dicha  consulta, informó el tribunal en un comunicado.

Las denuncias admitidas van dirigidas contra Mas, la vicepresidenta del gobierno regional Joana Ortega y la consejera (ministra regional) de educación,  Irene Rigau. 

"Son unas querellas que yo personalmente no entiendo, que alguien te lleve  a los tribunales por poner las urnas y porque la gente pueda votar es una cosa  que no se entiende", había dicho Mas este lunes, antes de conocerse la decisión  judicial.

"Pero bien, de todos modos esta es la realidad y yo respeto plenamente las  decisiones de los ámbitos judiciales", añadió.

Los magistrados han decidido que las siete querellas y veinticinco denuncias presentadas contra Mas y su equipo sean agrupadas en una, la más antigua de ellas.

Mas, Ortega y Rigau serán investigados por supuesta desobediencia al  Tribunal Constitucional, que el 4 de noviembre suspendió la celebración de una  consulta simbólica sobre la independencia de Cataluña, tras presentar el  gobierno conservador español de Mariano Rajoy un recurso contra la misma.

Un total de 2.344.828 personas participaron en esa controvertida votación  sin valor legal, de las que casi 1,9 millones de personas votaron a favor de la  independencia, según unos resultados definitivos anunciados el 1 de diciembre  por el gobierno regional, tras contabilizar los sufragios emitidos entre el 9 y  el 25 de noviembre.

El gobierno regional catalán decidió llevar adelante esta consulta sin  censo ni comisión de supervisión después que el Tribunal Constitucional  suspendiera el 29 de septiembre, también tras recurso del gobierno central, un  referéndum oficial convocado sólo dos días antes. 

El gobierno regional catalán había llamado a responder a una doble pregunta  que se mantuvo en la consulta simbólica: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y  en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?".