Amnistía Internacional pide al gobierno cubano liberar a los "presos de conciencia"

La organización, además, llamó a Raúl Castro a dejar que expertos internacionales observen la situación de los DD.HH. en la isla.




Amnistía Internacional (AI) exhortó hoy a Cuba a liberar a los "presos de conciencia" y a revocar lo que  llamó legislación "represiva" que restringe las libertades de  expresión, reunión y asociación.

En un comunicado difundido en Londres, la  entidad pidió también al Presidente cubano, Raúl Castro, que  permita la observación independiente de la situación de los derechos humanos en Cuba por expertos de la ONU invitados y que facilite la observación por parte de otros grupos de derechos humanos.

El llamamiento se hizo con antelación al séptimo aniversario de la detención de 75 disidentes cubanos, a mediados de marzo de 2003. 

De las personas detenidas entonces, 53 continúan privadas de libertad. Uno de los detenidos en marzo de 2003, Orlando Zapata Tamayo, murió el 22 de febrero de 2010 después de pasar varias semanas en huelga de hambre como medida de protesta por las  condiciones de reclusión.

"Las leyes cubanas imponen límites inaceptables sobre el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión", declaró Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional  de Amnistía Internacional para América. 

"Cuba necesita desesperadamente reformas políticas y jurídicas para estar en consonancia con las principales normas internacionales de derechos humanos", agregó.

Según Amnistía, el encarcelamiento prolongado de personas solamente por ejercer sus derechos de manera pacífica "no sólo es una tragedia en sí mismo sino también un escollo para otras reformas, como el inicio del diálogo necesario para el levantamiento del embargo unilateral estadounidense contra Cuba".

Además, sostuvo que varios artículos de la Constitución y el Código Penal cubanos "son tan imprecisos que en la práctica su interpretación actual vulnera libertades fundamentales".

En especial destacó el artículo 91 del Código Penal cubano, que dispone penas de 10 a 20 años de prisión o pena de muerte para quien, "en interés de un Estado extranjero, ejecute un  hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio".  

En el comunicado, Amnistía, que dijo que junto a otras organizaciones internacionales de derechos humanos  independientes no tiene autorización para visitar la isla, denunció que las ONG locales "tienen enormes dificultades para  informar sobre las violaciones de derechos humanos debido a las restricciones de su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de circulación".

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